Gobierno y Junta entierran el hacha de guerra para salvar a Doñana

Primer paso para encontrar una solución pactada para salvar a Doñana. La Junta de Andalucía y el Gobierno central han puesto en marcha una comisión de técnicos de ambas administraciones que realizará "el seguimiento" de los peligros que acechan al humedal. Los dos ejecutivos entierran el hacha de guerra después de más de un año de conflicto provocado por la ley de regadíos del entorno del parque nacional que generó una oleada de indignación que llegó hasta Bruselas.

Esta decisión sale de una reunión este miércoles entre el consejero andaluz de Sostenibilidad, Ramón Fernández Pacheco, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Ambos mantuvieron un encuentro telemático, solicitado por el Gobierno andaluz, que sirvió para destensar una situación compleja. La última escalada es reciente, cuando la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, acudió a Almonte para presentar el plan nacional para el humedal y no informó del mismo a la Junta antes de hacerlo a la prensa y los agentes sociales del Condado de Huelva.

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La comisión bilateral tiene vocación de estabilidad, con encuentros periódicos entre los equipos de Morán y Fernández Pacheco, que volverán a verse en unas semanas. El dirigente andaluz calificó de "cordial" el encuentro y cree que servirá para abrir un diálogo "fluido y constructivo" en busca de un "consenso para Doñana". "El parque natural debe verse como la gran oportunidad que es, y no como un problema", defendió el consejero andaluz.

La llegada de Fernández-Pacheco a la cartera de Sostenibilidad ha coincidido con un cambio de actitud en el Gobierno andaluz respecto a la ley que desató el conflicto sobre Doñana. El propio consejero, que también es portavoz de la Junta, se mostró contrario a la decisión de Vox, que volvió a registrar el texto para obligar al PP a posicionarse sobre un asunto espinoso. Es cierto que el PP impulsó la norma junto con sus antiguos socios de Ciudadanos y con la formación de Santiago Abascal, pero la reacción de Bruselas ha provocado un cambio en la Junta, que apuesta por abordar este asunto de forma más prudente.

La ley de ordenación de los regadíos en las localidades del Condado de Huelva incluía la regularización, a la postre, de unas 700 hectáreas de cultivos del entorno de Doñana. Esta postura choca frontalmente con los postulados del Gobierno central y con los de la UE. Bruselas recordó que esta propuesta iría en contra del cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la conservación del parque natural en materia de hábitats y de aguas. En una misiva muy dura, la dirección general de Medio Ambiente de la Comisión Europea incluso deslizó la posibilidad de activar una nueva denuncia contra España que podría derivar en multas.

Un plan de 356 millones

La propia Junta reconoció en su respuesta a Bruselas que la protección del parque prevalece sobre cualquier otra cuestión, pero el Gobierno andaluz aboga por una fórmula que haga compatible la conservación de Doñana con la actividad económica de su alrededor. Sobre ese asunto tendrá que limar asperezas con el Ejecutivo central en el nuevo organismo, ya que el Ministerio de Transición Ecológica contempla en su plan la reducción de las captaciones de agua tanto para riego como para consumo del núcleo de Matalascañas. Pero en ningún caso abre la puerta a ampliar los regadíos ya reconocidos en el conocido como Plan de la Fresa o Plan de la Corona Norte Forestal.

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En su plan, el Gobierno apuesta por invertir 356 millones de euros para esos trabajos, que van desde la sustitución de los pozos de Matalascañas hasta la compra de fincas de regadío que ahora se nutren del acuífero de Doñana. El plan del departamento que dirige Teresa Ribera contempla el cumplimiento del trasvase aprobado en 2018, que derivará 20 hectómetros cúbicos desde la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras a la del Guadalquivir. Hay que tener en cuenta que la cuenca onubense es la segunda del país con más reservas de agua (83,8%) y su vecina, que es la que nutre al parque, tiene los peores registros (24,05%)

El diálogo que se abre en esta comisión bilateral llegará también al Consejo de Participación de Doñana, el organismo que rige el parque y que incluye a representantes de todas las administraciones, propietarios de fincas, ecologistas y regantes. La última reunión, después de más de un año sin convocatorias, se sustanció hace unas semanas y sirvió como preámbulo del encuentro entre Morán y Fernández Pacheco. Allí se analizó la situación de las aguas subterráneas que nutren el parque, que se han recuperado en parte después de las últimas lluvias, aunque los expertos insisten en que todavía es necesaria mucha más agua para que el humedal tenga una situación óptima.