La otra batalla de Teresa Ribera: el agua, "en el centro de las políticas de seguridad"

El Gobierno perfila estos días su plan de contingencia frente a la crisis energética derivada de la guerra de Rusia contra Ucrania. En paralelo, el Ejecutivo ha dado luz verde este martes a una de las que considera sus apuestas más ambiciosas en la lucha contra el cambio climático: su estrategia integral sobre agua y cambio climático, que aglutina las iniciativas pendientes y todas las políticas puestas en marcha en los últimos cuatro años (uno y medio con el PSOE en solitario en la Moncloa, dos y medio en coalición con Unidas Podemos). En un momento en que los Veintisiete están volcados en garantizar su seguridad energética, según el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, la estrategia parte de una premisa clara: “El agua está en el centro de las políticas de seguridad de un país”.

Morán explica a El Confidencial que el texto 'Orientaciones estratégicas sobre agua y cambio climático', aprobado este martes en Consejo de Ministros, que diseña una hoja de ruta en cuatro etapas para ocho años, hasta 2030, persigue "garantizar la seguridad hídrica" como "elemento central de la seguridad", frente a la acción del cambio climático. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, reclamó este lunes convertir en políticas de Estado las políticas destinadas a luchar contra el cambio climático, y la estrategia, cuyo desarrollo es exigido por la Ley de Cambio Climático de 2021, abarca desde los nuevos planes hidrológicos de cuenca, que el ministerio de Teresa Ribera quiere tener aprobados a finales de año, hasta la “actualización” de la Ley de Aguas, un texto aprobado en 1985 y sometido después a algunas modificaciones, que incluye todo lo que tiene que ver con la gestión de este bien, incluidas la gestión de las aguas residuales o las concesiones a las empresas hidroeléctricas.

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A juicio del secretario de Estado de Medio Ambiente, la reforma de esta norma debe tocar “todos los aspectos sometidos a su regulación”: desde la “definición del papel de las confederaciones hidrográficas” a la forma de “facilitar la extinción de concesiones” o “simplificar los regímenes sancionadores”. Defiende que “lo primero” que sufre las inclemencias del cambio climático es el agua, y por ello era necesario “dibujar un escenario de seguridad hídrica que traslade certidumbre a la ciudadanía, pero también a las empresas”.

Por ejemplo, “el control estricto” del “uso correcto” del régimen concesional que quieren promover está vinculado en sus páginas a la digitalización del ciclo del agua. Esta digitalización facilitará saber “cuándo se consume y cómo”, lo que “permitirá una toma de decisiones en tiempo real”. Y esta adaptación “a los nuevos escenarios, de metodología o climáticos”, también engloba “la adaptación del régimen concesional”. “La mayoría de los usos concesionales están diseñados hace más de un siglo”, apunta, cuando no se tenía conciencia del cambio climático, y por eso es necesario acometer “una actuación integral”, en esta y otras materias que engloba la estrategia.

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Algunas de las iniciativas que engloba están en tramitación o ya se están aplicando —"Incluso con financiación de los fondos europeos Next Generation"—, y otras están en un estado “avanzado”. Y, al ser una estrategia que toca diversos palos, pero no una norma con rango de ley, no debe pasar por el Parlamento, pero Morán sostiene que debe estar “abierta a su implementación y mejora, e ir incorporando nuevas demandas”.

“Se trata de que sea una herramienta al servicio de las distintas administraciones”, autonómicas y municipales, una “herramienta única” que identifique que, en materia de aguas, el proyecto del Gobierno no es “hacer un sumatorio de medidas aleatorias”, sino que todo se vertebra sobre un mismo “hilo”. La estrategia, 'per se', no contiene obligaciones directas para las administraciones, pero sí lo hacen muchas de las normas que engloba bajo su paraguas.

Por otro lado, el plan no hace mención a un escenario de posibles cortes de agua, porque su objetivo es “garantizar” su disponibilidad, así como lograr una mayor eficiencia en su uso. Las cuatro fases en las que se debería desarrollar —hasta 2030— se articulan, a su vez, sobre unos índices de seguimiento que evalúan el cumplimiento de determinados hitos. El primer objetivo, sostiene Morán, es evaluar la cantidad y la calidad del agua, asegurar que “no estamos consumiendo más de la que el sistema puede reponer”. Y el gran reto pasa por dar respuesta a la “contaminación por microplásticos, fármacos, nitratos o pesticidas”.

Morán: "470 ciudades no cumplen con las normas sobre depuración de aguas residuales”

Precisamente, entre las medidas concretas de este plan de acción destacan la recuperación, restauración y protección de ríos, lagos, acuíferos y otras fuentes de agua; la mejora del saneamiento y depuración de zonas urbanas; la lucha frente a la contaminación difusa, o el avance en la gestión del riesgo de inundaciones o sequías.

Y, para defender la necesidad de multiplicar esfuerzos en la lucha contra el cambio climático, el secretario de Estado aporta una batería de datos: “Cerca del 48% de las masas de agua subterránea está en mal estado”; “el 30% de las masas de agua superficial está en situación de deterioro”; “unas 470 aglomeraciones urbanas en España no cumplen con las condiciones de la UE en materia de depuración de aguas residuales”. “Tenemos que dar respuesta a situaciones que, de no enfrentarlas, pueden convertirse en auténticas hipotecas para las generaciones que vengan detrás”, abunda.