Ribera no tendrá paz en Alicante y Murcia: el recorte del Tajo-Segura abre una nueva guerra

Más de un millar de agricultores y regantes de Alicante, Almería y la Región de Murcia se plantaron ayer durante más de una hora frente a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en la ciudad valenciana para reclamar la defensa del trasvase Tajo-Segura. Dos filas de tractores flanquearon la plaza donde se sitúa la sede gubernamental para arropar a las 23 asociaciones e instituciones de las tres comunidades autónomas que han decidido declarar una nueva guerra al Ministerio de Transición Ecológica y a su titular, Teresa Ribera, a cuenta del Plan Hidrográfico del Tajo.

“Esta es la primera de un calendario de movilizaciones”, advirtió Ramón Espinosa, de Asaja Alicante, mientras daba por finalizada la convocatoria. El sol apretaba. Los sombreros, pitos, banderas, pancartas y los 7.000 kilos de naranja arrojados desde un camión se iban recogiendo. La movilización era un éxito para las organizaciones convocantes –Asaja Alicante, SCRATS, Riegos de Levante Margen Derecha, Riegos de Levante Margen Izquierda y Junta Central de Usuarios del Vinalopó – y se daban las primeras cifras: 4.500 participantes, según Asaja; 3.000 apuntaban otras asociaciones; 1.200, algunos medios.

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Para entonces, el líder del PP en la Comunidad y presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, se marchaba con el presidente de Murcia, Fernando López Miras, después de subir al interior de un tractor de 2 metros de altura. En la plaza, estuvieron acompañados por otros cargos populares como los alcaldes de Alicante, Torrevieja y Benidorm.

Por el PSOE, hubo estreno cuasi oficial de Ana Barceló como portavoz en las Cortes y hasta el sábado pasado consejera de Sanidad y oficial, del todo, de Josefina Bueno como consejera de Innovación y Universidades que tomó posesión en la tarde del lunes. Alcaldes como el de Elche, Pinoso y Orihuela también se sumaron a la protesta. Además, estuvo la consejera de Agricultura, Mireia Mollá (Compromís), quien vivió el momento más crítico cuando intervino ante los manifestantes y recibió algún que otro abucheo. En la cita, también estuvieron Ruth Merino, de Cs y Ana Vega, de Vox.

Y aunque la respuesta política fue unámine, la posición de los socialistas es complidada. El Consejo de Ministros aprobará en unas semanas la nueva planificación, que prevé un recorte de 38 a 27 hectómetros cúbicos el volumen de agua que se trasvasa de la cuenca del Tajo a la del Segura y que supondrá, según las entidades agrarias, una reducción del 12,5% de la superficie dedicada al cultivo, así como la destrucción de más de 11.000 puestos de trabajo y la pérdida de más de 450 millones de euros. Estos son los ingredientes que amenazan con desatar esa nueva guerra, en la que el presidente valenciano, Ximo Puig, juega una posición comprometida.

43 años de desavenencias

Puig no estuvo en Alicante y evitó una foto incómoda. El Gobierno del Botànic —PSPV, Compromís y Podem— ha optado por aplicar a esta nueva batalla una estrategia similar a la de la financiación autonómica. Pero si en este último supuesto ha logrado la unanimidad, con el trasvase, los populares no están dispuestos a transigir. Llevan muchos años izando esta bandera con mayor o menor intensidad y este nuevo desacuerdo con el Ministerio de Transición Ecológica es uno de los resortes que puede impulsar la llegada de Carlos Mazón al Palau de la Generalitat.

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El primer trasvase entre las dos cuencas hidrográficas se produjo hace 43 años y pocos años de paz ha habido desde entonces entre Castilla La Mancha y Valencia, Murcia y Almería. El detonante en esta ocasión ha sido la reciente aprobación el pasado 3 de mayo del informe del Consejo del Agua (CAD), documento previo que respalda la propuesta de revisión del plan hidrológico presentada por la Confederación Hidrográfica del Tajo para su remisión al Gobierno a través del Ministerio. El documento posteriormente seguirá su curso hasta su tramitación en sede ministerial y transformación en el real decreto correspondiente.

Las consideraciones del CAD dan por buenas los aumentos de caudales ecológicos y, por lo tanto, se resta capacidad al agua excedentaria de la que se nutre el trasvase. Los planes hidrológicos se establecen con una periodicidad de revisión máxima de seis años y este tercer ciclo se extenderá entre 2022 y 2027. El Consell valenciano ya presentó alegaciones el año pasado. La propia consejera de Agricultura, Mireia Mollà, una de las dirigentes que ayer estuvo en la protesta, pidió al Gobierno y al Ministerio de Transición Ecológica que reconsiderara la “planificación para fijar un caudal ecológico de 6 metros cúbicos por segundo, lo cual aseguraría la masa ecológica del Tajo y la llegada del agua necesaria" a Valencia.

Es más, desde el Ejecutivo autonómico se votó en contra del informe preceptivo en el que se escuda el Ministerio de Transición Ecológica y que recoge el recorte de transferencias hídricas. El nuevo reglamento pretende rebajar el límite de 38 hectómetros cúbicos a 27 la cantidad de agua que se trasvasaría al mes entre una cuenca y otra en el denominado escenario 2. Aún así, el Consell es el destinatario de buena parte de las críticas, ya sea de la oposición, como del sector.

El fin del trasvase

Los afectados aseguran que el nuevo plan supondrá la condena y el fin del trasvase. "Hoy [por ayer] será un gran día si damos por superadas las rencillas políticas a cuenta del agua. No queremos ni agua para todos ni agua para siempre, queremos simplemente agua. El agua es transparente, no tiene color. Ni es roja ni azul, nadie puede hacer política con ella", declaraba el presidente de ASAJA Alicante, José Vicente Andreu. "No obstante, hay que señalar expresamente que quienes están derogando el trasvase Tajo-Segura para el regadío e imponiendo una política de la mitad de agua al doble de precio tienen nombre y apellidos y que están en el MITECO del Gobierno de España", añadía en su intervención.

Varios representantes de los agricultores y regantes subieron en un momento de la protesta hasta el despacho de la subdelegada del Gobierno, Araceli Poblador, para entregar dos escritos y una carta dirigida al ministro de Agricultura, Luis Planas. En el ínterin de la movilización, el sindicato de regantes SCRATS recibió una llamada del departamento de Teresa Ribera convocándolos a una reunión en Madrid este viernes. De esta manera, las declaraciones que Puig había hecho horas antes, un llamamiento al diálogo, recibían respuesta. Habrá que ver qué sale de ese encuentro y si las dos partes acercan posturas o el conflicto se enquista aún más.