El hachazo de Ribera al Tajo-Segura da alas al PP en Murcia y Almería y compromete a Puig

La guerra del agua ha vuelto. No con el nivel de intensidad que supuso el conflicto entre el Partido Popular y el PSOE cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió modificar el Plan Hidrológico Nacional para eliminar el proyecto del trasvase del Ebro, pero con algunos ingredientes muy similares. En este caso, la espoleta de un conflicto que ha llevado a centenares de regantes a manifestarse este lunes por el madrileño paseo de la Castellana no ha sido el agua al noreste del país, sino bastante más al sur.

El detonante ha sido la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de recortar de 38 a 27 hectómetros cúbicos el aporte mensual desde la cuenca del Tajo a la del Segura cuando el caudal del primero se encuentra en el denominado nivel 2, es decir, cuando las existencias conjuntas de los embalses de Entrepeñas y Buendía son inferiores a 1.300 hm³.

El departamento que dirige Teresa Ribera justifica este recorte en la necesidad de garantizar el caudal ecológico del Tajo, presionada por organizaciones ecologistas y vinculadas a la cabecera del Tajo, que advierten del deterioro que está sufriendo la cuenca. También por el PSOE de Castilla-La Mancha, cuyo presidente, Emiliano García-Page, agradecía este lunes al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto conjunto en Toledo, que esté "equilibrando desde una posición de diálogo inteligente" el reparto del agua.

La ministra se escuda en informes del Consejo Nacional del Agua que cuentan con la oposición de los gobiernos autonómicos de los territorios receptores del trasvase (Alicante, Murcia y Almería) y defiende una solución mixta que pasa por "reforzar los recursos en cada cuenca, favorecer el uso del agua desalada e interconectar las instalaciones para su aprovechamiento".

Sin embargo, el nuevo recorte rompe con el consenso entre el Gobierno y los territorios implicados suscrito en 2013, en la etapa de Mariano Rajoy, cuando María Dolores de Cospedal presidía la Junta castellanomanchega, y ha agitado a los regantes y productores agrícolas de las zonas afectadas, que no ven viable todavía económicamente la solución de la desalación. En ese contexto, el Partido Popular ha convertido en una nueva arma contra el Gobierno de Sánchez un asunto muy sensible y con una fuerte carga simbólica.

Los convocantes de la marcha en Madrid, el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) y el Círculo del Agua, advierten del impacto económico, por los efectos sobre el precio del recurso hídrico. Recuerdan que la llamada 'huerta de Europa' aporta 3.000 millones de euros al PIB nacional y sostiene 100.000 empleos, solo directos.

TE PUEDE INTERESAR

Medio año sin trasvase Tajo-Segura y Murcia tiene agua: el 'milagro' que aviva la polémica

David Brunat

La presencia en la manifestación de este lunes en Madrid del presidente murciano, Fernando López Miras, acompañado del secretario general del PP y número dos de Pablo Casado, Teodoro García Egea, revela cómo los conservadores están haciendo bandera y poniéndose al frente de la pancarta. No solo en Murcia y Almería, sino también en la Comunidad Valenciana, donde el aspirante a ocupar la presidencia regional del partido y presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, mantiene una actividad constante en defensa del trasvase y se ha reunido formalmente con López Miras para sumarse al frente común con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno.

Un PP sin complejos

La presión sin complejos de los dirigentes del PP contrasta con la incomodidad con que vive la situación el Consell del Botánic, que preside Ximo Puig. Compromís tiene muchos menos problemas para confrontar con el Gobierno y la ministra de Transición Ecológica. La 'consellera' de Agricultura, Mireia Mollà, de la formación valencianista, no dudó en desplazarse este lunes hasta Madrid para participar en la marcha. Pero la posición del 'president' Puig es mucho más compleja: por un lado, ha dado luz verde al Ejecutivo autonómico para recurrir el recorte del aporte de agua del Gobierno, pero por otro tiene que hacer malabarismos para no evidenciar demasiado la contradicción con su partido, que lo ha dejado de lado en este asunto. Aun así, desde su entorno señalan que la estrategia es no quedarse fuera de la pancarta, como le ocurrió al PSPV cuando Francisco Camps convirtió la eliminación del trasvase del Ebro en una batería de 'tomahawks' contra Zapatero, orillando a los socialistas valencianos a un papel secundario.

En esta clave, Ximo Puig defiende el discurso del "agua para siempre". "Alicante, Murcia y Almería son la huerta de Europa. Tenemos que garantizar agua suficiente para continuar con este sector agroalimentario, que es potentísimo y genera mucho empleo y riqueza", señalaba este lunes en una entrevista en Antena 3. Pero a la vez matizaba: "Ahora bien, es cierto también que hay unos condicionantes de carácter medioambiental y por tanto hay que buscar un equilibrio que garantice el mantenimiento". El barón socialista apostaba por una "solución" que consiga "una suma de todo". Otra cosa es que el electorado se lo compre. La nueva guerra del agua ya ha empezado y tiene visos de convertirse en un elemento de polarización en Andalucía Oriental, Murcia y la Comunidad Valenciana.