Doñana compromete la apuesta verde de Moreno: "Los regadíos son el gran problema"

"El agua es, quizás, el mayor problema político que tiene planteado el Gobierno autonómico", apunta Leandro del Moral. Este catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla forma parte de la Mesa Social del Agua, un colectivo que reúne a ecologistas, otros expertos y activistas históricos, pero también agricultores, que reclaman al Ejecutivo andaluz que revise su política de aguas. La petición coincide con el cambio de año hidrológico, pero también con la reactivación del debate sobre la ley de regadíos del entorno de Doñana, que va camino de convertirse, de nuevo, en un dolor de cabeza para Juanma Moreno.

La norma genera cierto disenso dentro del partido, por lo que no ha formado parte de la primera batería de leyes del segundo mandato de Juanma Moreno. Y mientras los populares debatían cómo cumplir su compromiso con los regantes y enfriaban el asunto, Vox lo devuelve a la primera línea como una forma de presionar a sus antiguos socios. El portavoz parlamentario de la formación de Santiago Abascal, Manuel Gavira, anunció el lunes que volverá a registrar la proposición de ley en cuestión de días.

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El movimiento de Vox hay que leerlo con la cercanía de las elecciones municipales en el horizonte. Esta proposición, que abre la puerta a regularizar unas 1.400 hectáreas de cultivos, irrumpió en la precampaña andaluza justo después de que Macarena Olona acudiera a una reunión en Lepe cuando todavía no era ni candidata. En este municipio onubense, no incluido en la reforma, el sector primario es una de las principales fuentes de riqueza, como en las localidades del Condado de Huelva, donde se propone ampliar la zona regable, según el polémico texto. La pugna entre la conservación del humedal más importante de Andalucía y el mantenimiento de un sector económico primordial está servida. Al igual que los réditos electorales de situarse a uno u otro lado.

PP, Ciudadanos y Vox se pusieron de acuerdo para poner en marcha la polémica propuesta e incluso tramitarla por la vía de urgencia. Esto provocó sonoras quejas del Gobierno central, pero sobre todo de Bruselas. Se ponía en riesgo, aseguraron desde la Comisión Europea, el cumplimiento de una sentencia de 2021 sobre la conservación de Doñana. El debate se apagó con el adelanto electoral, a pesar de que provocó una grieta entre el PSOE andaluz y el Gobierno central, porque los socialistas andaluces se abstuvieron en la tramitación del texto.

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Ha pasado casi un año desde que surgió el debate y Vox se ha comprometido a recuperar el texto "con o sin el PP". Los populares llevan en su programa electoral la propuesta, pero hace meses que es un asunto incómodo en el seno del partido. La formación en Huelva sí está por la labor de resucitar la proposición de ley "cuanto antes", aunque matizando el texto para eludir cualquier mención al agua. Insisten en el PP en que se trata de una ley sobre ordenación del territorio, pero obvian que cambiar el tipo de suelo es el primer paso para acabar regularizando el cultivo.

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Eso es un problema para el Gobierno de Juanma Moreno, que hace bandera de una 'revolución verde' que, a veces, presenta contradicciones. El Ejecutivo no coincide con Vox en los tiempos, pero sí en el fondo. Y su apuesta pasa por poner en marcha las infraestructuras necesarias para que el agua llegue al Condado de Huelva y poder regularizar los regadíos. En esto está de acuerdo incluso el PSOE, y el Gobierno central ha puesto en marcha el desdoble de un túnel para aumentar los recursos hídricos.

Pero hay expertos y agentes sociales que alertan de que es necesario cambiar el paradigma y virar 180 grados la gestión del agua por la que apuesta el Ejecutivo andaluz.

Alerta de la Mesa Social del Agua

"La transición no debe significar más agua, sino menos agua", explica Leandro del Moral. El organismo del que forma parte este profesor, la Mesa Social del Agua, ha puesto de acuerdo a CCOO con los ecologistas de WWF y Seo/Birdlife, así como a expertos como la Fundación Savia de Paco Casero o Facua, entre otras entidades. Pero sobre todo llama la atención la presencia de los agricultores de UPA y COAG, dos de las organizaciones más relevantes del sector primario en Andalucía.

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"Nunca se ha planeado que no basta con la modernización y eficiencia [de los regadíos], que hay que parar", lamenta Del Moral, quien admite que "los regadíos son el gran problema". Este catedrático recuerda que suponen el principal consumidor de agua en la cuenca del Guadalquivir. Concretamente, se llevan el 87% de los recursos, por lo que el catedrático apuesta por "repartir mejor el agua" en situaciones de normalidad, y "con mucho más motivo" en una sequía como la que sufre ahora España. "El mensaje [de la Junta] es que hace falta más agua", apunta este experto, que cree que esa apuesta del Ejecutivo andaluz contrasta con el consenso científico que marca la gestión hídrica "desde hace décadas": racionalizar el uso del agua.

Estos postulados chocan con la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por ampliar en la medida de lo posible la cantidad de recursos hídricos, ya sea mediante regeneración de aguas residuales o por la construcción de nuevas infraestructuras. Del Moral es especialmente crítico con que las administraciones no detallen el "alto coste económico" que tiene este aumento constante de los recursos hídricos, sobre todo con "la promesa de agua desalada subvencionada a menos de la mitad de su coste". "Y lo que es aún más grave, sin considerar los límites físicos del sistema hidrológico y los escenarios de reducción de recursos que todas las previsiones técnicas y científicas señalan". Es decir, que habrá menos agua en el futuro por más construcciones que se pongan en marcha.

Todo esto ocurre en un escenario de reproches entre los dos grandes partidos, que se acusan mutuamente de no haber puesto en marcha las obras hidráulicas que corresponden a cada Administración. En este sentido, Leandro del Moral señala una proposición no de ley impulsada por el PP en el Parlamento que incluye obras "que nada tienen que ver con la emergencia de sequía". "Se pretenden generar más recursos hídricos, en ocasiones no para consolidar las actuales demandas", apunta este catedrático de la Universidad de Sevilla. El objetivo, asegura, es ampliar las necesidades de agua con nuevos regadíos.

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Del Moral mira al Pacto Andaluz del Agua, aprobado en la pasada legislatura, que contemplaba el recorte de la superficie de regadío, entre otros postulados, pero que "ha desaparecido" de las prioridades del Gobierno andaluz en los últimos meses, lamenta este experto. En el corto plazo, como ha pedido ya la Mesa del Agua, Del Moral considera urgente ayudar a las explotaciones ganaderas que "podrían verse abocadas al cierre" por la falta de agua. En materia de regadío, el catedrático aboga por "un reparto social del agua" que garantice la supervivencia de todas las explotaciones "familiares y profesionales", así como una serie de apoyos fiscales y financieros orientados a fijar la población al territorio.