“Andalucía debe mantener a los 12.000 sanitarios que acaban contrato en diciembre”

Procedente del sector de la Educación, este granadino fue elegido hace ahora tres años, en octubre de 2019, máximo responsable del sindicato líder en la Administración Pública. En este tiempo, además de lidiar con la pandemia, le ha tocado negociar con la Junta de Andalucía la reforma de la Ley de Función Pública, que databa de 1985, y que esta semana ha entrado en el Parlamento autonómico.

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PREGUNTA. ¿Qué espera CSIF de esta Ley de Función Pública que la Junta asegura que es "una revolución" tras 37 años sin modificarse?

RESPUESTA. Bueno, nosotros esperamos que realmente sirva para modernizar el marco normativo que regula a los empleados públicos en Andalucía. Era necesaria porque hacía mucho tiempo que se había quedado obsoleta. Había que hacer una ley moderna y ésta responde a esa necesidad. Pero nosotros esperamos aún que, en el trámite parlamentario, se pueda mejorar el texto en algunas cuestiones. Fundamentalmente, en que apuntale la clarificación de las potestades públicas, que para nosotros es muy importante, y que siga avanzando en la profesionalización y la despolitización de la de la Administración, porque, aunque se dan pasitos, son muy pequeños.

P. ¿Se refiere a la nueva figura de los directivos públicos?

R. Efectivamente, esta Ley de Función Pública introduce la figura del directivo público profesional, para lo cual establece un mecanismo en el que hay unos criterios para seleccionar a la persona. Eso es un avance con respecto a lo que había hasta ahora, que era una elección de confianza pura y dura politizada. Pero nosotros seguimos pensando que esos puestos superiores deben ser ocupados con procesos de igualdad, mérito y capacidad, y que hasta el nivel de director general de la Junta son puestos que deben ocupar funcionarios que tienen una alta cualificación y preparación para poder ocuparlo. Por eso, en nuestra opinión, esta ley de Función Pública da un pequeño paso, pero no avanza todo lo que nos gustaría.

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P. Uno de los grandes cambios en la Ley es que se cambia el método de las oposiciones, basado hasta ahora solo en la memoria...

R. Era un cambio necesario. En todo nuestro entorno europeo, la base del sistema de oposición de acceso al empleo público ha cambiado y se valora más las competencias que no la carga memorística. Por eso, era un cambio reclamado por esta organización sindical desde hace mucho tiempo y en CSIF saludamos de forma favorable ese cambio en los procesos de acceso.

P. La otra gran revolución que cuenta la Junta de Andalucía es la posibilidad de sancionar a aquellos funcionarios que no desempeñan bien su labor. ¿Cómo ve esto CSIF?

R. Bueno, nosotros creemos que se han focalizado en exceso los titulares sobre la Ley de Función Pública en este aspecto. No sé si es porque de forma intencionada el discurso del Gobierno de la Junta Andalucía ha querido dirigirlo hacia este punto. Pero es solo un capítulo de una ley muy amplia. La evaluación del desempeño responde a un mandato del Estatuto básico del empleado público que ya recogía que había que desarrollarla. Nosotros nunca hemos sido contrarios a la evaluación del desempeño, pero es un mecanismo para promocionar y no para sancionar. Para eso está el régimen disciplinario, que ya existe: para que cuando se producen conductas inadecuadas o algún tipo de trabajo mal llevado a cabo por un funcionario, el régimen disciplinario o sancionador pueda llevarlo a cabo, pero no en la evaluación del desempeño. De todas formas, esta evaluación del desempeño ahora está sujeta a un desarrollo reglamentario que tendremos que negociar en los ámbitos correspondiente, que seguro que tardaremos bastante tiempo. Y ahí, habida cuenta del discurso que pone en juego la Junta de Andalucía, nosotros nos batiremos el cobre para que ese mecanismo no sea un mecanismo sancionador y sí sea un mecanismo motivador para los empleados públicos.

P. Por lo que dice, ¿CSIF está en contra de que haya algún tipo de sanción? ¿Creen que con el actual régimen disciplinario es suficiente?

R. Nosotros creemos que para las sanciones a los empleados públicos ya está establecido el régimen disciplinario y así tiene que seguir siendo. Los mecanismos para ponerlo a cabo están. Otra cosa es que se ejerzan con mayor o menor rigor. Yo entiendo que los empleados públicos hacen su trabajo de forma profesional y, donde no lo hagan, la Administración será la que tiene que propiciar que esos mecanismos funcionen. Pero los mecanismos están y la normativa está.

P. Con esa postura, ¿puede dar la impresión de que intentan tapar a los funcionarios que incumplen y que generan una imagen terrible del conjunto de los empleados públicos en la sociedad?

R. Yo no creo que se proteja a los funcionarios que puedan hacer un mal desempeño de su trabajo. Yo creo que los funcionarios, y lo han demostrado durante estos tiempos tan duros que hemos vivido de la pandemia, desempeñan su trabajo con profesionalidad. Y en el caso de que en alguna situación no se haya producido así, el régimen sancionador se pone en marcha y se ejecuta, y disciplinariamente se sanciona al empleado público que no cumpla con su trabajo. Hay multitud de casos en pandemia. Recuerdo alguno de algún docente negacionista que se negaba a entrar con mascarilla a clase y ha sido sancionado sin ningún problema porque se ha puesto en marcha el régimen disciplinario, con el que llegó a la suspensión de empleo y sueldo.

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P. ¿Ha mejorado o empeorado la gestión de los servicios públicos en Andalucía la última legislatura?

R. Bueno, los últimos cuatro años han sido muy difíciles porque han modificado la gestión como consecuencia de la pandemia. Ahí hubo que dar un volantazo en la gestión de los servicios públicos, por razones obvias, por razones evidentes. Y de ahí ha quedado una forma de gestionar los procedimientos que yo creo que no se adecúa mucho a la realidad actual que ya vivimos tras la pandemia.

P. Los ciudadanos se quejan de que tras la pandemia es imposible acudir a una oficina a hacer ninguna gestión sin cita previa porque los funcionarios que tenían que atenderles en una ventanilla siguen con teletrabajo...

R. Yo creo que la dificultad que hay con asistir a visitas físicas no tiene nada que ver con el teletrabajo. Es con la forma de gestionar y de organizar que tienen los distintos organismos en las distintas dependencias de la Administración Pública, cuyos responsables son los políticos. Sin duda, el teletrabajo es una forma de trabajo no presencial que hay que regular. Eso ha venido para quedarse. Hoy día, la flexibilidad laboral es muy importante y tenemos que propiciarlo. Pero no podemos olvidar que el factor humano en la atención de la Administración a la ciudadanía es clave y muy importante. En eso, los gestores tienen que poner toda la carne en el asador para que no se produzca esta circunstancia que, a día de hoy, están ocurriendo. Por ejemplo, a la hora de pedir una cita médica o a la hora de pedir una cita en un registro de alguna Administración, y que al final alejan a la ciudadanía y ahonda más en la leyenda esa del mal funcionamiento de sus servicios públicos, que recae muchas veces sobre la espalda de los empleados públicos, aunque no son los culpables de esto.

P. En Andalucía tenemos un medio millón de funcionarios entre Gobierno, Junta, diputaciones y ayuntamientos y algunos estudios hablan del excesivo peso del sector público en la región. ¿Comparten ese diagnóstico?

R. Bueno, yo creo que no hay exceso de empleados públicos en Andalucía, donde hay casi 9 millones de habitantes, como no lo hay tampoco en el resto del país. Comparado con países de nuestro entorno, de la OCDE, por ejemplo, estamos en los mismos niveles que Alemania, pero bastante por debajo de Francia. Y nosotros siempre decimos que los empleados públicos son los que cumplen con el servicio a la ciudadanía en cuestiones tan básica y tan importantes como la educación, la sanidad, la seguridad, servicios sociales. Y no tiene que haber ni uno más de lo necesario, ni uno menos de lo imprescindible. Pero nosotros entendemos que en este momento no hay más de lo necesario ni de lo imprescindible. Es más, cuando yo me entrevisto con los consejeros en multitud de ocasiones, ellos me reconocen que sus consejerías tienen un déficit estructural importante. Siempre me dicen que pidamos empleados públicos para sus consejerías. Cuando ellos mismos lo piden, serán porque son conscientes de que hay falta de personal, estructuralmente, la mayoría de los servicios públicos en Andalucía.

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P. Sin embargo, la Administración Pública, especialmente la Junta, es percibida por los ciudadanos como como una enorme maraña burocrática y sobredimensionada que llega a ser un lastre en muchas ocasiones. ¿Está quizá entonces mal gestionada después de muchos años de autonomía?

R. Bueno, esa percepción de la ciudadanía es cierto que existe. La Administración tiene que dar un paso en modernizarse, en simplificar cuestiones administrativas, en acortar plazo y en establecer mecanismos mucho más ágiles en su acierto. Ese camino hay que andarlo, pero eso no quiere decir, ni mucho menos, que haya más empleados públicos de lo necesario. Lo que tenemos que hacer es que los gestores, en este caso los políticos, que son los que ponen en juego la gestión de esos servicios públicos, tienen que establecer mecanismos ágiles, eficientes y que eviten esa percepción que en ocasiones pudiera tener la ciudadanía.

P. ¿Donde tenemos en este momento más déficit de empleados públicos en Andalucía, a juicio de CSIF?

R. Claramente, la sanidad, la educación y los servicios sociales son los sectores más deficitarios estructuralmente en el personal. Lo hemos visto claramente durante la pandemia. La sanidad se ha visto que estaba bastante poco dimensionada y hemos tapado ese problema de una forma coyuntural, pero no se ha hecho de forma estructural, que es como debiera hacerse, para tener un servicio sanitario de calidad en Andalucía, un servicio sanitario que realmente cumpla las expectativas que tienen los ciudadanos. Y lo mismo ocurre con el con el sistema educativo. Tenemos un déficit importante, de unos 10.000 docentes en Andalucía. Se están suprimiendo unidades en la escuela pública y se están suprimiendo bajo el pretexto de la baja natalidad. Y nosotros creemos que es muy importante dar un salto de calidad en el sistema educativo y aprovechar esa bajada de natalidad para bajar la ratio y no para suprimir unidades.

P. La Junta asegura todo lo contrario, que está haciendo un esfuerzo enorme en Educación, que se está manteniendo el nivel de docentes...

R. Sí, pero ese discurso no sólo lo hace la Junta de Andalucía; lo hacen todos los gobiernos. Siempre ponen en su discurso que están haciendo un esfuerzo extraordinario, fundamentalmente en servicios esenciales porque son los que más afectan a la ciudadanía, y ese es el discurso político. Pero la realidad nos dice otra cosa: que los últimos tres años se han suprimido en el segundo ciclo de Infantil y Primaria más de 1.200 unidades. Eso quiere decir que han eliminado esas aulas en el sistema público educativo andaluz y, por tanto, eso afecta de lleno al profesorado y a que no podamos dar pasos para mejorar el sistema educativo y aumentar la calidad, que pasa de forma inexcusable por bajar la ratio, que actualmente es muy elevada.

P. En el caso de los sanitarios extra contratados en pandemia, hay un debate importante sobre qué hacer con ellos. ¿Qué opinan ustedes?

R. Bueno, la situación que hemos vivido recientemente ha demostrado que esos sanitarios tienen que permanecer en el sistema. Y a las pruebas me remito: ahora hay 12.000 sanitarios que terminan su contrato el 31 de diciembre y aún la Junta de Andalucía no ha dicho qué va a pasar con ellos. Nosotros creemos necesario que se mantengan, porque tenemos que prestar un servicio de mayor calidad y así evitar lo que está ocurriendo a día de hoy, que es la dificultad que encuentra los ciudadanos para acceder a una consulta médica. Esto afecta directamente a las decisiones que están tomando muchas familias de hacerse seguros con entidades privadas porque el servicio público no cumple su expectativa.

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P. Se empiezan a dar vistas en los tribunales para el año 2025 o 2026. ¿Estamos llegando a un punto de no retorno en la Administración de la Justicia en Andalucía?

R. Efectivamente, Justicia tiene un tapón importantísimo, que viene de mucho tiempo, y eso al final no es ni más ni menos que falta de medios materiales y humanos. Se están dilatando los juicios y al final eso pierde la eficacia que debiera tener la justicia en nuestro país y en nuestra comunidad. Yo creo que el Gobierno tiene que hacer una apuesta real por dimensionar el personal de los servicios que judiciales y también en material y en sedes judiciales, que son actualmente muy pocas. Se están buscando localizaciones para celebrar vistas incluso fuera de recintos judiciales por falta de espacio. Y eso no se puede consentir si queremos una justicia ágil que al final es una justicia de calidad.

P. Se habla mucho de "quitar grasa a la Administración". Entendemos que no se habla de quitar médicos, profesores o policías. ¿De qué o quién estamos hablando, entonces?

R. Bueno, yo creo que cuando se habla de quitar grasa en la Administración, lo que se está diciendo es que hay que gestionar de manera más rigurosa y eficiente para evitar duplicidades que en ocasiones se dan. Pero en ningún caso entiendo que quitar grasa a la Administración tenga nada que ver con quitar empleados públicos, sino todo lo contrario: mejorar procedimiento y gestión en la Administración para hacer una Administración mucho más ágil y más cercana al ciudadano.

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P. La pasada legislatura la Junta encargó una gran auditoría sobre el sector instrumental de la Junta, empresas públicas que tienen a 30.000 personas que constataron el “descontrol absoluto” en este colectivo con hasta 66 convenios distintos y duplicidad de funciones. ¿Qué cree CSIF que hay que hacer aquí?

R. Bueno, nosotros, ya cuando se puso en marcha la auditoría, manifestamos que entendíamos que su fin era claramente ver cuál es el mapa de servicios que ofrecen estos entes instrumentales a la ciudadanía, organizarlo, ordenarlo y llevar a cabo una gestión más eficiente. En CSIF entendíamos que la auditoría era necesaria, pero no ha puesto en marcha aún ninguna toma de decisiones. De momento, parece que la Junta Andalucía, a través de una consultoría, va a tener que tomar decisiones al respecto y nosotros estaremos de acuerdo siempre en que se organice el mapa de servicios que presta la Administración andaluza y organicemos todos los efectivos de la mejor forma posible, de la más eficiente. Pero en ningún caso estaremos de acuerdo con que esa reorganización tenga un impacto en la pérdida de empleo público de calidad y en la pérdida de empleados públicos.

P. Es decir, ¿defiende CSIF que se mantengan los 30.000 empleados y pasen a ser funcionarios?

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R. Son empleados públicos, no funcionarios. Son personal de los entes instrumentales de la Administración. Y nosotros entendemos que esos 30.000 empleados hacen falta en la Administración andaluza para poder dar el abanico de servicios que la Junta tiene que dar. Lo que tienen que hacer los políticos, en este caso el Gobierno andaluz, es organizar esa prestación de servicios para que se haga de la forma más eficiente posible.

P. La Junta estaba creando una gran agencia pública denominada Trade uniendo cuatro entes instrumentales. Pero esta semana ha decidido sacar uno de ellos, Andalucía Emprende, de esa fusión. ¿Qué opina CSIF de todo ello?

R. Bueno, nosotros tenemos información justa respecto a esta cuestión, más allá de lo que sale en prensa. En CSIF entendemos que la idea de poner en juego Trade, una agencia que agrupaba a cuatro entes para hacer una ventanilla única de desarrollo económico y de emprendimiento, era una idea, en principio, buena. Creíamos que podía ser eficiente y los motivos por los que ahora Andalucía Emprende se ha desgajado de esa gran agencia los desconocemos. Solo sabemos lo que traslada la Junta a través de los medios de comunicación: que por la reorganización de las competencias de las distintas consejerías, Emprendimiento queda asociado a la Consejería de Universidades.

P. ¿Ha afectado de alguna forma la pandemia al mundo del sindicalismo?

R. Bueno, yo creo que la pandemia le ha afectado a todo, a todos los organismos, a todas las instituciones, a toda la familia, a la ciudadanía en general. A Las organizaciones sindicales también nos ha afectado. Nosotros tuvimos que modificar nuestra forma de trabajar y de acercarnos al trabajador durante la pandemia. Lo hicimos. Estuvimos al frente de la pandemia, de la protección, de la seguridad, de los trabajadores. Inventamos fórmulas nuevas, como el resto de la gente, para poder comunicarnos con ellos. Hicimos visitas a los centros de trabajo de forma virtual. Adaptamos nuestro mecanismo al trabajo, pero es verdad que ya ha vuelto el momento de volver, de regresar a la vieja normalidad y en eso estamos. La pandemia no nos ha pasado factura. En cuanto a afiliación, hemos sido el sindicato probablemente que más ha crecido en pandemia y eso seguro que es fruto de haber estado al pie del cañón con los trabajadores durante un tiempo tan difícil y seguimos en línea ascendente con un crecimiento muy importante.

P. CSIF es el sindicato mayoritario en la Administración Pública, no sólo la Junta, desbancando hace años a las centrales mayoritarias, UGT y CCOO. ¿A qué cree que se debe esto?

R. Bueno, yo creo que casi de forma tradicional, CSIF ha sido el sindicato de referencia en la Administración Pública. Lo que estamos consiguiendo ahora es que nuestra forma de hacer sindicalismo, mucho más moderno, más cercano al trabajador, que le ofrece más servicios, con mayor profesionalidad y mayor independencia, sea un modelo que está siendo exportado a la empresa privada y que cada vez más las empresas privadas acuden a nuestra sede para que celebremos elecciones y cada vez más tenemos representación en la empresa privada. Actualmente, en Andalucía tenemos más de 1.200 delegados en la empresa privada, con lo cual no sólo somos ya desde hace mucho tiempo, como digo, sindicato de referencia en la función pública, sino que también somos el sindicato que más crece la empresa privada.

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P. ¿Que tal su relación con UGT y CCOO?

R: Nuestra relación es cordial, magnífica, muy fluida. Nosotros compartimos ámbitos de negociación importante en el caso de Andalucía, en la Mesa General de Función Pública. Y, por supuesto, ponemos un juego estrategias en ocasiones comunes, cuando podemos llegar a acuerdos. Efectivamente, ahí hay veces que no llegamos a acuerdo, que ellos tienen sus criterios, que pone en juego de forma absolutamente legítima, por supuesto, pero que nosotros no compartimos y por eso no confluimos en determinadas cuestiones, alguna de ellas a nivel nacional. Últimamente hemos tenido una discrepancia muy importante, como ha sido el acuerdo de subida salarial, que ha firmado CCOO y UGT con el Gobierno y que nosotros no hemos firmado porque claramente entendemos que, desde el primer minuto, hace perder poder adquisitivo a los empleados públicos de este país. Y nosotros en estos momentos que corren lo que no queremos es que ningún trabajador, y del sector público y el privado, pierda poder adquisitivo.

P. CSIF lleva años reclamando a la Junta que les incluya en la Mesa de Concertación Social, junto con CEA y las centrales sindicales. ¿Como va ese punto y por qué quieren estar ahí?

R. Bueno, nosotros queremos estar ahí porque creemos que nos lo hemos ganado por derecho propio, porque somos un sindicato que le sigue una masa social importantísima. Somos más de 84.000 afiliados en Andalucía. La concertación social y el diálogo social es una foto en blanco y negro del siglo pasado, porque hay una regulación normativa que no representa la actualidad real en el campo de la representación de los trabajadores y es necesario modernizarla. Nosotros queremos estar en todos los organismos que nos permitan mejorar el desarrollo económico y social de nuestra comunidad. Queremos aportar nuestro granito de arena, nuestra visión de las cuestiones que tienen que ver con ese desarrollo económico y social de la comunidad. Y así se lo hacemos ver al Gobierno de la Junta, que se comprometió no sólo con nosotros, sino con Andalucía, en hacer una Ley de Participación Institucional que está todavía por ver la luz, en la que incluiría más agentes sociales, una ley que fuese mucho más democrática y entrara en agentes sociales nuevos. Y aún estamos por ver qué ocurrirá con esa ley, pero nosotros seguiremos reivindicando estar ahí por méritos propios, como digo.