La ley andaluza que abre la puerta a sancionar a los funcionarios que no cumplan
La ley de Función Pública, que actualiza un texto de 1985, contempla una novedosa evaluación a los trabajadores públicos y un modelo de selección de altos cargos por los principios de capacidad y competencia
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fbdf%2F23b%2Fb56%2Fbdf23bb566831cdd7b1aabfa2892d3db.jpg)
Cuando se aprobó la ley de función pública que está vigente en Andalucía, Felipe González solo llevaba tres años en el Palacio de la Moncloa. En la misma semana que se conmemoran las cuatro décadas de la histórica victoria del político sevillano, el Parlamento autonómico ha admitido a trámite la nueva norma que regulará a los empleados públicos que trabajan en la comunidad -que no dependan de la Administración central- y que será "un cambio radical" en la ordenación de la Junta y sus trabajadores.
Una de los cambios más llamativos que incluye el texto es una evaluación del desempeño de los funcionarios de la Junta, aunque la norma también se aplicará en las plantillas municipales y en las universidades públicas andaluzas. Con la nueva ley, habrá una serie de criterios objetivos y transparentes que servirá a partir de los cuales se medirá la productividad de los empleados públicos. Y contempla incluso sanciones para aquellos que no lleguen a sus objetivos.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F15b%2F9d3%2Fba0%2F15b9d3ba06883891e65ba093674fc93c.jpg)
El régimen disciplinario que incluye la norma pasa por dejar de pagar los complementos de productividad, pero también a un cambio del lugar de trabajo a aquellos funcionarios que no cumplan con el desempeño que tienen. El objetivo es "motivar" a los empleados públicos, explicó el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, cuando se aprobó el anteproyecto en el Consejo de Gobierno de la Junta.
Este miércoles, en su defensa del texto ante el Pleno, defendió que la norma servirá para "proteger" a los funcionarios y modernizar el funcionamiento de la función pública. El objetivo último es mejorar la atención que los empleados públicos prestan a los ciudadanos. La nueva norma, que todavía debe recorrer el trámite parlamentario, también servirá para que el "capricho" de un alto cargo se imponga sobre las capacidades de un trabajador para su ascenso o defenestración.
El texto cuenta con el apoyo de UGT, CCOO y CSIF, lo que ha hecho posible que salga adelante en el Parlamento sin enmienda a la totalidad
La norma continuó su trámite sin necesidad de votación, ya que ninguno de los partidos de la oposición presentó una enmienda a la totalidad. El texto que se debatió en la Cámara se desarrolló casi por completo durante la pasada legislatura bajo la atenta mirada de Ana Vielba, entonces responsable de Función Pública y hoy viceconsejera de Industria del Ejecutivo andaluz. La larga tramitación no hizo posible su aprobación en el primer mandato del PP en San Telmo, sobre todo porque se trata de un texto muy negociado con los principales sindicatos de la comunidad, CCOO, UGT y CSIF.
Esta entente sindical acerca al texto al PSOE y Por Andalucía, aunque sus portavoces en el debate de este miércoles recordaron que el texto tiene "capacidad de mejora". Ni siquiera Vox enmendó la nueva ley a pesar de su rechazo a los sindicatos de clase con los que el Gobierno viene acordando el texto .
Las novedades de la ley
Además del sistema de evaluación de desempeño de los funcionarios, la norma introduce un modelo de elección de los directivos de la Junta, que contempla una fórmula para seleccionar a los altos cargos de la Administración por medio de convocatorias públicas y atendiendo a los criterios de mérito y competencia.
El texto también blinda las funciones que corresponden a los distintos tipos de empleados públicos. Estos pueden ser funcionario de carrera, funcionario interino, personal laboral y eventual. Y se dejan claras cuáles son las potestades públicas que pueden desempeñar de forma exclusiva los funcionarios. Esta es una de las reivindicaciones históricas del sector, junto con la posibilidad de ascender sin un cambio de puesto, lo que beneficia al trabajador, pero también a la administración, ya que reduce la rotación de las plantillas.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F2c9%2Fe12%2F8c5%2F2c9e128c5df1010d9065ed494829fb43.jpg)
En el Pleno de este miércoles también salió adelante, con el voto en contra de toda la oposición, el decreto que deshace el proyecto estrella del Gobierno de Juanma Moreno para reodenar el sector público instrumental. El Parlamento deshizo lo que había hecho hace solo unos meses, la unión de cuatro entidaes en una, la nueva agencia Trade. Estaba llamada a ser una "ventanilla única" para el impulso empresarial, pero el nuevo Ejecutivo ha sacado a la Fundación Andalucía Emprende, que ahora dependerá de la Consejería de Universidades, del resto de organismos.
Trade se deja a dos tercios de su plantilla, que ahora estará compuesta por los empleados de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), la Agencia Andaluza del Conocimiento y la Agencia IDEA. La oposición de izquierdas afeó al Gobierno este paso atrás después de negociar durante meses para la creación de Trade en la pasada legislatura.
Cuando se aprobó la ley de función pública que está vigente en Andalucía, Felipe González solo llevaba tres años en el Palacio de la Moncloa. En la misma semana que se conmemoran las cuatro décadas de la histórica victoria del político sevillano, el Parlamento autonómico ha admitido a trámite la nueva norma que regulará a los empleados públicos que trabajan en la comunidad -que no dependan de la Administración central- y que será "un cambio radical" en la ordenación de la Junta y sus trabajadores.