Las auditorías constatan el descontrol de los entes públicos que montó el PSOE en la Junta

Fue una de las promesas de campaña tanto de PP como de Ciudadanos en Andalucía hace dos años en las elecciones autonómicas. También fue una de las exigencias de Vox para apoyar la investidura de Juanma Moreno, quien, al ser proclamado presidente de la Junta, anunció que su primera medida sería realizar una auditoría de las empresas públicas de la Administración autonómica, unos entes que se fueron creando durante los 36 años de gestión socialista. Esta "Administración paralela" cuenta en estos momentos con más de 28.000 empleados públicos y maneja cerca de 3.000 millones de euros de presupuesto.

[Consulte aquí el informe de Auditorías del Sector Público Instrumental]

Dos años y medio después, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía analizó este martes oficialmente el informe de 6.000 folios que han realizado varias empresas privadas a las que se adjudicó por 2,3 millones euros ese análisis de 54 de los 92 entes instrumentales que dependen de la Administración autonómica.

Y la principal conclusión es que las auditorías vienen a constatar la duplicidad de funciones que ejercen buena parte de esos empleados de empresas públicas con respecto a los funcionarios de muchas consejerías, provocando ineficacia ante el ciudadano e injusticias entre los propios empleados.

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Lo que el vicepresidente de la Junta, Juan Marín (CS), calificó este martes como una "maraña burocrática" creada durante los 36 años de gestión del PSOE al frente del Gobierno andaluz ha dado lugar a que hoy, en la Administración andaluza coexistan 66 convenios (43 propios y 23 sectoriales), con empleados que cobran 16.000 euros y otros 48.000 realizando la misma función. Esto es solo explicable porque estos últimos “cobraban por encima de salarios de mercados con todo tipo de complementos por tener un apellido o carné de un partido”.

Las auditorías encargadas por la Junta hacen referencia a 10 agencias administrativas, 18 agencias públicas empresariales, tres de régimen especial, 16 consorcios, 23 fundaciones y 22 sociedades mercantiles. Y el personal laboral propio de estas 92 entidades ascendía a cierre de 2018 a un total de 28.443 trabajadores: 8.023 profesionales sanitarios, 2.873 empleados de servicios sociales y 17.547 contratados como personal laboral general.

"Una superestructura desproporcionada, poco operativa, llena de duplicidades y gastos innecesarios”, señaló Marín, que compareció en rueda de prensa junto al consejero de Hacienda, Juan Bravo (PP), para informar de esas auditorías, aunque no concretaron qué decisiones tomarán sobre estos entes y sus miles de empleados, una auténtica patata caliente para el Gobierno andaluz, que afronta su último año de legislatura (si Juanma Moreno no adelanta elecciones).

“Hay entes que podrían ser extinguidos o integrados en otros” y hay que “eliminar duplicidades entre entidades”

Por otra parte, los responsables autonómicos reconocieron que tendrán que hilar fino para evitar despidos que supongan mayor gasto para las arcas públicas y que además se enfrenten a los tribunales. Marín recordó que la Junta ha tenido que pagar 80 millones entre 2016 y 2018 (bajo el Gobierno de Susana Díaz) a empleados de esa Administración paralela que, tras recurrir a los tribunales, han ganado la mayoría de los juicios, reincorporándose a sus puestos en muchos casos. Además, recordó que en estos momentos hay hasta 22 letrados de la Junta dedicados exclusivamente a defender los intereses de la Junta de Andalucía de hechos de “corrupción” en los años de gestión socialista.

Las auditorías estarán colgadas en el Portal de Transparencia a partir de este viernes 30 de julio, aunque los responsables de la Junta avanzaron alguna de las recomendaciones generales que han presentado las consultoras encargadas de estos informes.

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La más obvia es que “hay entes que podrían ser extinguidos o integrados en otros” y que hay que “eliminar duplicidades entre entidades”, aunque hay algunas que “pueden mantenerse con cambios leves”. Un ejemplo claro de la situación actual puede ser la recomendación de que las agencias públicas sanitarias se integren dentro del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Se trata de las agencias sanitarias de la Costa del Sol, del Bajo Guadalquivir, del Hospital Alto Guadalquivir, del Hospital de Poniente de Almería, así como de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES, que es la responsable de la gestión en Salud Responde y del servicio 061). Todas ellas cuentan con unos 18.000 trabajadores públicos.

Las auditorías reconocen la utilidad de algunos de los entes existentes y ponen también de relieve la ineficacia de otros

La Junta también hizo público que las auditorías revelan que la pequeña Fundación Rodríguez Acosta podría adscribirse al Patronato de la Alhambra, que la Fundación Andalucía Olímpica puede trasladar sus actividades a la Consejería de Educación y Deporte, o que la Fundación San Juan de Dios de Lucena se puede integrar en la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

Las auditorías reconocen la utilidad de algunos de los entes existentes y ponen también de relieve la ineficacia de otros, que podrían ser extinguidos o integrados, por falta de actividad o por no cumplir los objetivos que se marcaron para su creación. Un ejemplo de ello sería el Parque Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, del que se ha constatado que no ha tenido actividad desde hace años y en sus terrenos en propiedad de 156.750 metros cuadrados no se ha instalado ninguna empresa.

Son solo algunos ejemplos de las muchas sugerencias que hacen estas auditorías, si bien la Junta aseguró este martes que están pendientes de definir el número final de entidades instrumentales necesarias, el número total de trabajadores previstos en este sector y la cuantía que permitirá ahorrar la puesta en marcha de esta reordenación.

La Junta recordó que las recomendaciones de los auditores constituyen un "diagnóstico sin carácter vinculante", en contra de lo que le reclamaba Vox, con medidas que "deben someterse al análisis exhaustivo de factibilidad y de oportunidad por parte de las consejerías de adscripción de los entes auditados. Estas recomendaciones servirán de base para el Plan de Mejora y Simplificación del Sector Público Instrumental, un compromiso plasmado en la Ley del Presupuesto de 2019, que ya está en marcha y que contempla un desarrollo en varias fases.

Como adelantó El Confidencial, el contrato para elaborar este plan se licitó por tres millones de euros y se adjudicó finalmente por un importe de 1,7 millones. La adjudicación está a la espera de resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, ya que ha sido recurrida por una de las empresas que presentaron ofertas.

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Los responsables de la Junta presumieron de haber tomado ya numerosas medidas en estos dos años y medio de legislatura, si bien la pandemia ha trastocado los planes iniciales del Gobierno andaluz. De hecho, el personal de esa Administración paralela ha llegado a crecer en estos dos años, pasando de 28.443 personas a 28.981 empleados públicos.

A cierre de 2020, el personal laboral general de estos entes instrumentales se redujo a 16.987 trabajadores (-3,19%). Sin embargo, debido a esta circunstancia extraordinaria del covid-19, el personal laboral sanitario se reforzó hasta alcanzar los 9.050 empleados (+12,8%) y el personal laboral dedicado a servicios sociales aumentó a 2.944 (+2,47%).

Además, la Junta ya ha aprobado la integración en el SAS de las cuatro agencias públicas empresariales sanitarias (Costa del Sol, Poniente de Almería, Alto Guadalquivir y Bajo Guadalquivir), así como de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), que coinciden con algunas de las recomendaciones de los auditores.

También ha acordado la fusión de fundaciones públicas como las Barenboim-Said, con Tres Culturas del Mediterráneo y el Legado Andalusí, una medida que no se recomienda expresamente en las auditorías, pero que el Gobierno considera beneficiosa para mejorar el funcionamiento de la Administración.

El SAE en la región del paro

Sin embargo, al Gobierno andaluz aún le queda por llevar a cabo la remodelación de alguna de las empresas públicas más numerosas y también más polémicas. Una de ellas es el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), una entidad que debía ser fundamental en una de las regiones con más paro de Europa, pero cuya realidad es que tiene una “gestión ineficaz” que se plasma en datos concretos: el 70,4% de los demandantes de empleo no recibió ofertas de trabajo a través del SAE, que solo se gestionó el 3% de las contrataciones en Andalucía o que realizó únicamente 12 ofertas por cada 100.000 habitantes.

Y todo ello con una plantilla de 3.500 empleados, pero en la que dos de cada tres trabajadores carecen de potestades administrativas para llevar a cabo su labor, al no ser funcionarios y no poder ni acceder al programa informático de intermediación laboral. Esto es debido a que en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) han confluido los extrabajadores de la polémica Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) —parte de cuyo dinero se usó para pagar prostíbulos de altos dirigentes—, los de las antiguas Unidades Territoriales de Empleo (Utedlt), el personal de las escuelas consorcio, los promotores de empleo, del Plan Memta y la plantilla restante de las antiguas unidades de orientación —el personal se rige por 14 convenios colectivos diferentes—.

Andalucía Emprende se integra en Trade

La otra patata caliente es la de la fundación Andalucía Emprende, que el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, llegó a denunciar hace dos años que era "un gran fraude que ningún socialista ha explicado todavía y con la que se buscaba colocar a los suyos e inflar de personal las agencias. En concreto, explicó que esta entidad, con 40,8 millones, dedica a las nóminas del millar de empleados 33,8 millones (83%), otros 3,5 millones a gastos de mantenimiento de sus 262 Centros de Emprendimiento (CADE) y solo un millón al objetivo para el que se creó, actividades de emprendimiento.

La Junta anunció en enero que esta polémica empresa pública se integrará en una nueva superentidad que se llamará Andalucía Trade y que resultará de la fusión de Andalucía Emprende con la también polémica Agencia IDEA —conocida por ser el organismo pagador en el caso ERE— y la pequeña Agencia Andaluza del Conocimiento, que se unirán con la exitosa Extenda, la agencia de promoción exterior que usan buena parte de las pymes andaluzas para sus exportaciones.

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La idea de la Junta con esta macroempresa pública de más de 4.000 empleados es tener una "ventana única para la inversión y el emprendedor", según el consejero de Transformación Económica de la Junta, Rogelio Velasco, impulsor de esta iniciativa. La próxima semana, el Consejo de Gobierno de la Junta dará luz verde a la aprobación de esta nueva entidad.

Por otra parte, los representantes de PP y Cs en el Gobierno andaluz anunciaron la próxima creación de una Comisión de Trabajo en el Parlamento andaluz sobre estas auditorías y el plan para buscar soluciones a esta radiografía de unas empresas públicas de la Junta que llevan desde hace muchos años en el ojo del huracán por su falta de transparencia.