Andalucía recurre a agencias de colocación privadas para reducir el paro juvenil
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Atenderá a 4.000 desempleados

Andalucía recurre a agencias de colocación privadas para reducir el paro juvenil

La Junta renovará además este año el método de trabajo y los sistemas informáticos del Servicio Andaluz de Empleo para usar 'big data' en la intermediación laboral

placeholder Foto: Imagen de archivo de una de las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Imagen de archivo de una de las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Andalucía vuelve a rozar el millón de parados (969.437) después de un año especialmente duro en el que el número de personas registradas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) aumentó en 191.503 individuos respecto a 2019 como consecuencia del impacto de la pandemia en el mercado laboral. La tendencia indica que aún ese nivel de paro no ha tocado fondo y que hasta primavera se seguirá destruyendo empleo.

Sin embargo, la inmensa mayoría de las personas que acuden a las oficinas del SAE lo hacen con la intención de poder cobrar las prestaciones por desempleo y con escasas o nulas esperanzas de que este servicio público de la Junta de Andalucía les encuentre un trabajo. No en vano, los datos dejan clara la baja intermediación del Servicio Andaluz de Empleo, ya que participa solo del 2,7% del total de las contrataciones realizadas en Andalucía. Además, el 96% de esas contrataciones conseguidas es de carácter público.

Foto: La consejera de Empleo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco.

Eso demuestra que en una de las regiones con mayor índice de paro de toda la UE, la Administración pública —en este caso, la Junta es la que tiene las competencias— no ha sido capaz en todos estos años de poner en marcha unos mecanismos eficaces para combatir el que los ciudadanos consideran en todas las encuestas demoscópicas como el principal problema de la comunidad. EL SAE cuenta con más de 3.200 empleados.

La Consejería de Empleo andaluza quiere cambiar esa idea, y para ello ha puesto en marcha varios proyectos entre los que ya ha entrado en funcionamiento a comienzos de año la colaboración público-privada con agencias de colocación que ayuden a buscar trabajo a colectivos con especial dificultad.

En concreto, la Administración andaluza ha adjudicado por 1,92 millones de euros un programa piloto para facilitar la intermediación laboral a unos 4.000 jóvenes menores de 29 años y a parados de larga duración. La Junta sacó a concurso este programa el pasado año y se presentaron hasta 15 propuestas.

Foto: Cúpula de la SGR Garántia en la presentación del estudio. (Garántia)

Finalmente, el servicio lo prestarán dos uniones temporales de empresas para garantizar una mayor cobertura territorial (la UTE Corporación Andaluza de Empleo Andalucía Occidental y la UTE Corporación Andaluza de Empleo Andalucía Oriental). Ambas están compuestas por las empresas Investigaciones Didácticas Audiovisuales SL, Mainfor Soluciones Tecnológicas y Formación SL y Generaliz SL.

Este programa piloto se llevará a cabo en dos años (24 meses) y permitirá a la Junta mejorar en la intermediación en un colectivo especialmente afectado por la crisis como los jóvenes, entre los que la tasa de paro supera ya el 50% (en España, también ha aumentado hasta el 40%).

Los demandantes de empleo menores de 29 años que deseen acogerse a este sistema —absolutamente gratuito y voluntario— accederán primero a una entrevista de más de una hora, con un diagnóstico y evaluación, así como el diseño de un itinerario personal de inserción acorde al diagnóstico. Posteriormente, se les citará para algunas actividades complementarias (individual o colectivamente) de formación, y finalmente se producirá la intermediación con las empresas para alcanzar el puesto de trabajo.

Es un programa integral que incluye un acompañamiento intensivo de las personas. Se considerará que una persona desempleada ha sido insertada si formaliza un contrato de trabajo durante al menos seis meses a tiempo completo, en un periodo de ocho meses.

Foto: La Línea de la Concepción es uno de los municipios más deprimidos de España. (D.B.)

También podrán acogerse personas paradas de larga duración (inscritas como demandantes de empleo no ocupados en el SAE durante 360 días en los 18 meses inmediatamente anteriores a la remisión a la agencia). En el caso de que la persona esté inscrita como trabajadora del sector agrario, el periodo será de, al menos, 180 días.

El Servicio Andaluz de Empleo ha comenzado ya a informar a todas las personas inscritas que forman parte de estos colectivos de la posibilidad de acogerse a este programa, que empezará en febrero realizando las primeras entrevistas personales a los demandantes.

Este nuevo sistema de colaboración público-privada ha provocado las críticas de la oposición y de los sindicatos, que consideran que habría que apostar por fortalecer el SAE en lugar de acudir a empresas privadas. El PSOE-A ha acusado al Gobierno andaluz de poner la "alfombra roja a las empresas privadas, a aquellas que ven la inserción como oportunidad de ganar dinero y en el mercado de trabajo una oportunidad de hacer negocio". Además, ha advertido de que los socialistas "no nos vamos a mover de nuestra posición, de defender a los profesionales del SAE que ya realizan esa labor dentro" del propio servicio público de "orientar, informar e intentar insertar laboralmente a desempleados".

La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta, Rocío Blanco (Cs), recuerda que fue el Gobierno que entonces presidía el socialista José Luis Rodríguez Zapatero el que, "mediante el Real Decreto 1796/2010, instauró la colaboración de las agencias de colocación en los servicios públicos de empleo, calificando esta medida como ineludible para incrementar las posibilidades de colocación de las personas desempleadas y configurar un mercado de trabajo más equilibrado".

Además, la consejera ha llamado la atención sobre "el perjuicio que no utilizar esta fórmula ha supuesto para la merma en la atención a personas desempleadas" en Andalucía, comunidad para la que esto "ha supuesto la pérdida desde 2015 de 78,5 millones de euros, de los que 25,7 correspondían a partidas dirigidas a parados de larga duración", según ha continuado Blanco, quien ha remarcado así que "la nula ejecución de ese programa ha lastrado la evaluación de resultados de nuestra comunidad penalizándonos en la cuantía total de fondos estatales que ha ido distribuyéndose anualmente en las comunidades autónomas".

La representante del Gobierno andaluz insiste también ante los sindicatos en que “la colaboración del SAE con estas entidades tiene como objetivo sumar recursos en políticas activas de empleo, de tal forma que se refuerce y complemente la actuación pública. Es un modelo de colaboración complementario y en ningún momento sustitutivo, ya que el servicio que prestarán las agencias de colocación será especializado y destinado a dos de los colectivos más castigados por el paro”.

placeholder La consejera de Empleo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco.
La consejera de Empleo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco.

De hecho, otro de los grandes objetivos de la consejería es un cambio en los métodos de trabajo del SAE para potenciar sus labores de “encuadramiento, orientación e intermediación” de los demandantes de empleo. Para apoyar la gestión, en 2021, invertirá 14,5 millones de euros en soluciones tecnológicas que afectarán de manera transversal a todos los servicios de la agencia, incluidas las oficinas de empleo.

El pasado mes de noviembre, la Junta ya adjudicó a la consultora Ernts & Young el programa de gestión integral del SAE, por 2,26 millones de euros, tras un concurso público al que se presentaron siete propuestas.

Sin embargo, el programa estrella de este departamento va a ser el denominado 'perfilado estadístico', que supondrá el uso de 'big data' e inteligencia artificial para mejorar la intermediación entre los parados y las ofertas de su entorno social y laboral. Es una herramienta que va a modernizar profundamente y mejorar el funcionamiento del SAE en materia de encuadramiento, orientación e intermediación, y va a permitir ofrecer una mejor atención a trabajadores y empresas.

Foto: Agricultores de Andalucía se manifiestan por unos precios justos en el campo. (EFE)

Son siete las empresas que se han presentado a este concurso público: GFI Informática, Ayesa, Indra, UTE Emergya-Altia, UTE Telefónica-Accenture, UTE Fujitsu-Everis y UTE Ingenia-Global Rosseta. Está previsto que en breve se adjudique el programa, que cuenta con un presupuesto de 5,6 millones.

Rocío Blanco confía en las posibilidades que ofrecerá este nuevo sistema, “que permitirá un mucho mejor servicio, basado en los datos. Por ejemplo, el SAE actualmente no tiene información sobre el tejido productivo de Andalucía, ni qué tipo de desempleado hay. Para tomar decisiones, tienes que tener datos e información”.

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