Las dos caras del PSOE contra Moreno en el TC: acuerdos desde Moncloa y Espadas en guerra

El PSOE tiene una doble cara en su estrategia judicial contra el Gobierno andaluz de Juanma Moreno. Desde Moncloa, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha planteado hasta 16 conflictos de competencias desde que el barón popular llegó a San Telmo, sólo unos meses después de que Pedro Sánchez ganase la moción de censura. Ninguno de ellos ha acabado en el Tribunal Constitucional, aunque es cierto que hay algunos preceptos de normas andaluzas que han sufrido una parálisis inicial antes de que Junta y Gobierno alcanzasen uno de los 14 acuerdos registrados desde entonces. En el otro lado está el PSOE andaluz, mucho más beligerante, que mantiene una batalla contra la estrategia de simplificación que inauguró Moreno en 2020 y en la que ha abundado en varias ocasiones. La última hace sólo unos meses y ahora los socialistas se han decidido a llevar el último decreto de simplificación administrativa al Alto Tribunal.

Fue el propio Juanma Moreno quien anunció en Madrid la aprobación del cuarto decreto de simplificación que lleva su firma. En esta ocasión, son más de 500 medidas que van desde la eliminación de trámites a la apuesta por la declaración responsable como elemento facilitador de la actividad económica. La elección del lugar, en el contexto de Fitur, no fue casual en la batalla que ha planteado el barón andaluz por competir en lo económico con la capital. La oposición y los sindicatos ya alzaron entonces la voz en lo que consideran un nuevo ejemplo de "desregulación" y "un barrido normativo brutal", en palabras del sindicato CCOO de Andalucía que encabeza Nuria López.

A pesar del rechazo, el PSOE ha tardado tres meses en decidirse a presentar un recurso en el Tribunal Constitucional a partir de la firma de 50 senadores para denunciar una "muestra del ejercicio abusivo de la mayoría absoluta". El escrito, que será presentado este martes, apunta a la "chapuza" jurídica de la norma, según ha explicado el diputado socialista Josele Aguilar. El principal argumento es que no se cumplen los requisitos para aprobar un texto de este calado, que retoca 176 normas autonómicas, por medio del decreto ley. Según los socialistas, no hay "extraordinaria o urgente necesidad" por lo que la norma debería llegar al Parlamento de Andalucía como un proyecto de ley, una posibilidad que siempre ha rechazado el Gobierno de Juanma Moreno.

Los socialistas andaluces critican también que se incluyan normas que no están relacionadas con la simplificación administrativa, algo que tiene cierto sentido, ya que el texto inicial recuperó parte de la polémica ley de regadíos de Doñana. La Junta acabó retocando esta parte a instancias del Gobierno central, que amenazó con dejar en suspenso el pacto por el parque nacional si se mantenía la redacción. Y en el PSOE-A también alertan de la "inseguridad jurídica" del texto y confían en que el Tribunal Constitucional acabe por darles la razón. Pero lo cierto es que el Gobierno central que comparten PSOE y Sumar (cuya marca andaluza también critica la norma), no ha llevado directamente el texto al TC, como sí ha hecho en otras ocasiones.

TE PUEDE INTERESAR

Moreno se sube al ciclo electoral y pone en la diana a Puente: "Se ríe de nosotros"

Carlos Rocha. Sevilla

Con este cuarto decreto el Gobierno de Pedro Sánchez ha utilizado una técnica habitual, el planteamiento de un conflicto de competencias que Antonio Sanz, consejero de Presidencia, ha denominado "grupo de trabajo". En realidad se trata de una negociación en la comisión bilateral Estado-Junta de Andalucía que parte del Estatuto autonómico y que ya se ha enfrentado a una cuestión similar en 16 veces desde que Juanma Moreno llegó a San Telmo. En 14 de esas 16 las dos administraciones llegaron a un acuerdo, que suele saldarse con retoques por parte del Ejecutivo andaluz, como ocurrió con el primer decreto de simplificación, que sí llegó al Constitucional a instancias de Moncloa.

La diferencia más relevante en estas dos formas de actuar del PSOE es el efecto que tiene un recurso de inconstitucionalidad en función de quién la presenta. Si es el Ejecutivo central, los preceptos recurridos quedan suspendidos, mientras que si lo presentan 50 senadores o 50 diputados no hay ningún efecto inmediato. Por eso es llamativo que los socialistas andaluces opten por la segunda vía mientras el Gobierno mantiene una negociación sobre un artículo relacionado con la ley andaluza del suelo y la citada apuesta por las declaraciones responsables. "Estoy convencido de que vamos a llegar a un acuerdo", ha dicho este martes el portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, que considera que el PSOE andaluz ha hecho un "movimiento político" al denunciar el decreto ley ante el Constitucional.

Entre las negociaciones planteadas entre Junta y Gobierno destacan la del decreto de actualización de los precios de materiales para obras impulsadas por las Administraciones en respuesta a la inflación, la citada ley andaluza del suelo (LISTA) e incluso leyes de Presupuestos aprobadas por el Ejecutivo andaluz. También hay normativas relacionadas con el covid o el decreto de regularización de viviendas irregulares, así como normas impulsadas por el Gobierno de Susana Díaz en su última etapa, como la ley de Cambio Climático o Audiovisual. En ningún caso se llegó a plantear un recurso al Constitucional.

Esta doble estrategia llega justo cuando se conoce, según ha adelantado esta redacción, que el Constitucional ha abierto la puerta a admitir parte del recurso de inconstitucionalidad planteado por la Junta, entre otras autonomías, a la Ley estatal de Vivienda. La magistrada progresista del Alto Tribunal María Luisa Segoviano ha considerado aceptar algunos de los casos de invasión de competencias que denuncia el Ejecutivo andaluz, aunque todavía debe someter la decisión ante el pleno. Sería una llamativa victoria de Juanma Moreno, que se llevó un varapalo en la anterior ocasión en la que intentó vencer al Gobierno en el TC con el impuesto a las grandes fortunas.