Sindicatos y oposición hacen piña contra la simplificación de Moreno: "Chiringuitos y desregulación"

El consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, habló varias veces de "revolución" cuando presentó el cuarto decreto de simplificación aprobado por el Gobierno de Juanma Moreno desde que llegó a San Telmo, a inicios de 2019. Es una de las banderas de los ejecutivos del PP en Andalucía y por ello ha recibido el aval de expertos y empresarios, pero hay quien ve flaquezas en la apuesta de los populares por reducir trámites. De un lado está la oposición de izquierdas, que mantiene sus reservas desde el inicio de la apuesta en un comportamiento hasta cierto punto lógico. Pero los sindicatos, que mantienen buena sintonía con San Telmo, también han puesto el grito en el cielo ante los riesgos de "desregulación".

El Gobierno de Juanma Moreno se ha preocupado de alimentar una buena relación con las principales centrales sindicales, UGT y CCOO, que junto con la Confederación de Empresarios de Andalucía forman el diálogo social en la comunidad. Lejos de las políticas de Vox, que apuestan por reducir el apoyo a estas organizaciones, el Ejecutivo andaluz ha dado relevancia a los sindicatos, conscientes del poder que tienen en la movilización social. Esto ha provocado, por ejemplo, que el papel de las centrales sindicales haya sido clave para torcer el gesto al presidente andaluz en algunas de sus decisiones. En su último acuerdo, CCOO y UGT lograron que se incluyera la reforma de la orden que abría la puerta a la externalización de las consultas de atención primaria para dar un portazo a esta decisión de la Consejería de Salud.

En ese pacto, las organizaciones sindicales incluyeron una cláusula que obligaba al Gobierno andaluz a pasar las medidas por el diálogo social. Y es eso lo que reclama CCOO, que recuerda como en los anteriores decretos de simplificación hubo un "barrido normativo brutal" que desemboca en una "desregulación" que, según el sindicato, solo beneficia al "empresariado". La organización que dirige Nuria López asegura que la norma aprobada este martes "convertirá a Andalucía en la comunidad con menos garantías y controles de España". Es cierto que tanto Antonio Sanz como el portavoz de la Junta, Ramón Fernández Pacheco, han defendido que la exigencia normativa queda intacta a pesar de la reducción de trámites y la eliminación de autorizaciones que, en muchos casos, quedan sustituidas por declaraciones responsables.

El propio titular de Presidencia no fue capaz de confirmar el martes en San Telmo si esta reducción de trámites y aumento de las labores de control, que queda a cargo de la Junta, redundará en un aumento de las plantillas. Antonio Sanz confió en que la eliminación de tareas que quedan en manos de los funcionarios de la Junta servirá para que dediquen más tiempo a esta labor de certificación, aunque el Gobierno andaluz apuesta por aumentar la presencia de las "entidades certificadoras". Así se refieren a organizaciones, como los colegios profesionales o las asociaciones agrarias, que colaboran en el asesoramiento y la comprobación de trámites.

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UGT también ha criticado la falta de diálogo, ya que, asegura, la Consejería de Presidencia no ha trasladado ningún borrador a una norma que ha tenido una elaboración que supera el año y medio. Además de solicitar la participación, el sindicato ha puesto el foco en los efectos que puede tener la norma en los trabajadores de la Junta. La entidad que dirige Oskar Martínez, ha alertado sobre la posibilidad de que los empleados públicos se vean sometidos a "más carga de trabajo, cambios o reubicaciones de puestos de trabajo". El sindicato CSIF, que no forma parte del diálogo social, pero tiene una presencia relevante en la Administración andaluza, también ha puesto reparos a la norma.

En los anteriores decretos de simplificación, la Junta tuvo que enfrentarse a varios recursos ante el Constitucional, algunos llegados desde el Gobierno de Pedro Sánchez por invasión de competencias. PSOE y Unidas Podemos también hicieron lo propio por la fórmula elegida, la del decreto ley. Y esto es lo que contempla la formación heredera de la coalición de izquierdas, Por Andalucía. Su portavoz, Inma Nieto, ha abierto la puerta a interponer un recurso ante el Alto Tribunal por la elección del decreto ley aprobado el pasado martes en el Consejo de Gobierno, que redundará en la revisión de 176 normas autonómicas entre leyes, decretos y órdenes.

La dirigente de IU ha advertido que, si el Ejecutivo andaluz no acepta la tramitación como proyecto de ley, irán al Constitucional. Para ello, los izquierdistas necesitan el apoyo de 50 senadores o diputados. Es un número que no está al alcance de Sumar, que es el partido homólogo en el Congreso de los Diputados. Por Andalucía necesitaría el concurso de las formaciones independentistas y nacionalistas, que superan el medio centenar en la Cámara baja, o convencer a los socialistas, que este miércoles se pusieron de perfil. No hicieron lo mismo en Adelante Andalucía, donde denunciaron que entre los trámites eliminados hay uno que facilita la implantación de colegios privados. "Simplificación administrativa le llaman porque favores a chiringuitos quedaba muy feo", publicó en sus redes sociales el portavoz de la formación, José Ignacio García.