El duro rapapolvo de la Fiscalía a unos padres negacionistas: "Rozan el disparate"

Durante el pasado mes de febrero, el IES Ben Al-Jatib trascendía los límites del municipio malagueño de Rincón de la Victoria para ocupar espacio en los principales medios de comunicación del país. Y no fue por alguna de las muchas exposiciones que impulsan sus profesores y alumnos, ni por su proyecto de igualdad ni por su departamento de Tecnología, sino por la agria polémica que surgió en torno a dos estudiantes que fueron expulsadas por no querer llevar la mascarilla durante el recreo y que derivó en una ‘cacería’ en las redes sociales contra los docentes. Y aunque ahora la Fiscalía ha cerrado la investigación abierta al considerar que no tiene recorrido penal, ha respaldado las actuaciones del centro y ha asegurado que los argumentos de los padres "rozan el disparate".

La situación de acoso hizo que la Delegación de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía en Málaga llevara el caso a la Fiscalía, a la que aportó grabaciones, mensajes y hasta una misiva en inglés con serias amenazas hacia uno de los educadores, después de que los padres de las menores, presuntamente, lo señalasen en las redes sociales como uno de los culpables de la medida disciplinaria.

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Meses después de que se judicializase el caso, el Ministerio Público se pronuncia con un escrito en el que archiva las diligencias por este hostigamiento al entender que “no existe fundamento para ejercitar la acción penal”, pero en el que considera que la administración educativa actuó correctamente al tomar medidas disciplinarias contra las alumnas y reprende con dureza la actitud de los progenitores, de quienes dice que “rozan el disparate” con sus argumentos médicos para oponerse al uso de la mascarilla.

El documento, al que ha tenido acceso El Confidencial, responde a la denuncia que Educación y Deporte interpuso el pasado 4 de marzo por los supuestos delitos de “injurias, calumnias y amenazas contra determinados funcionarios y autoridades educativas”, relacionados con dos informes del Servicio de Inspección sobre la actitud de dos hermanas que cursaban estudios en el IES Ben Al-Jatib, ubicado en el núcleo de La Cala del Moral.

Las alumnas se negaron al menos en siete ocasiones a ponerse la mascarilla

La documentación aportada por la parte denunciante recoge que las dos estudiantes, entre noviembre de 2020 y enero de 2021, “se negaron al menos en siete ocasiones a utilizar mascarilla durante el recreo, incluso sin respetar las distancias de seguridad respecto a otros alumnos, a pesar de los requerimientos que sucesivamente recibieron de diversos profesores y del director del centro”.

“Incoado el oportuno expediente de infracción y oídos los padres de las alumnas, se les impuso a ambas la medida disciplinaria de suspensión del derecho de asistencia al instituto durante 10 días”, recuerda el fiscal, que añade que estuvieron sin ir a sus aulas entre el 11 y el 18 de febrero, periodo, como recuerda, en el que tuvieron un seguimiento por parte del profesorado y se les encomendaron tareas.

La primera valoración que hace el representante de la acusación pública es que la sanción fue “claramente propiciada” por la “incomprensible actitud de unos padres que, en lugar de velar por la salud de sus hijas, obligándolas a respetar los protocolos sanitarios (...), rechazaron de forma injustificada e irresponsable el cumplimiento de ese deber cívico”.

Los padres "rechazaron injustificada e irresponsablemente cumplir ese deber cívico"

La Fiscalía reprocha con dureza la actitud de los progenitores porque entiende que hacen una “interpretación voluntariosa, sesgada e irracional de la normativa sanitaria de ámbito estatal —Real Decreto-ley 21/2020-” y critica que “discutan la legitimidad de tan elemental” medida de protección frente a los contagios de coronavirus sosteniendo que no era obligatoria en espacios abiertos guardando la distancia de seguridad.

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“Rozan el disparate cuando llegan a calificar de acto médico la imposición del uso de la mascarilla con el argumento de que perjudica la respiración y afecta a la salud de los escolares”, censura, después de afearles que presuntamente acusaran de ‘bullying’, amenazas y “cómplices de un delincuente” a los miembros de la comunidad educativa que “emitieron los partes disciplinarios”. Después, detalla que la norma estatal “no entraba en colisión” con el reglamento de la Junta de Andalucía “en el desempeño de sus competencias educativas y sanitarias” y que es “perfectamente legítimo extender la obligación del uso de la mascarilla a cualquier instalación del centro escolar y en todo momento”. Eso incluía “instalaciones deportivas o espacios exteriores destinados al recreo”, donde, “obviamente”, nadie puede garantizar que los alumnos respetarán, “de forma espontánea y permanente”, las distancias mínimas de seguridad.

No hay delito penal

El fiscal alaba el desempeño de la dirección del centro y el profesorado porque “aplicaron correctamente la normativa” y la sanción, sin dejarse influenciar por las “provocaciones y polémicas que afloraron por redes sociales”, ni por las concentraciones de apoyo y protesta que se llevaron a cabo en el entorno del instituto.

“La profesionalidad de los educadores contrasta con la reacción irresponsable de quienes intentaron presionarles” presentando lo sucedido como “un serio conflicto entre padres y autoridades académicas”. Personas que “publicaron grabaciones o difundieron la imagen y el nombre del director con rótulos y comentarios peyorativos”, protagonizando “una escalada tan inútil como nociva para unas menores” que “fueron injustamente sometidas a un indeseable proceso de exposición pública”.

Según la Fiscalía, las menores "fueron sometidas a una indeseable exposición pública"

El Ministerio Público señala que es en este contexto donde hay que “situar y valorar” las ofensas a los funcionarios públicos objeto de la denuncia y, aunque comprende que “para un educador honesto resulten atroces esas acusaciones infundadas de perseguir y humillar a los alumnos”, argumenta que este es un conflicto entre dos derechos fundamentales como son al honor y a la libertad de expresión.

Recalca que el segundo “no puede justificar, sin más, el empleo de expresiones o apelativos insultantes, injuriosos o vejatorios que excedan el derecho de crítica”. Pero matiza que, cuando “solo se formulan imputaciones genéricas y absolutamente carentes de credibilidad”, que van “directamente asociadas a ideas, opiniones o creencias personales descabelladas [como afirma que sucede en este caso]”, no se consideran injurias y calumnias.

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“Pierden cualquier relevancia penal”, concluye el fiscal del caso, que sí pone la lupa en el contenido amenazante de “ciertos correos electrónicos” que se enviaron al director y que considera que deben perseguirse de oficio, a pesar de que informa de que “no consta denuncia de la persona ofendida”.

Por todo esto, decide archivar el proceso, pero recordando al responsable del instituto que puede iniciar una instrucción ante la autoridad judicial.