Investigan a un negacionista que quería que sus hijas no llevaran mascarilla en el colegio

Un padre negacionista de la pandemia se enfrenta a la investigación de cinco delitos después de que la Fiscalía de Málaga haya incoado diligencias tras la denuncia que interpuso la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía por presuntamente injuriar y calumniar al director del instituto de sus hijas, llamar "inútil" al consejero del ramo, Javier Imbroda, hacer un "uso inadecuado de la patria potestad", violación de la protección de datos y un delito de "abuso del derecho". Unas pesquisas que son la consecuencia judicial de un mediático caso que arrancó cuando el progenitor supuestamente expuso en las redes sociales imágenes, conversaciones y datos de docentes e inspectores educativos después de que sus dos hijas se negaran a llevar la mascarilla durante el recreo.

En un escrito firmado el pasado 15 de marzo por el fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, se informa que "procede a incoar diligencias de investigación penal por si los hechos descritos fuesen constitutivos de delitos", según ha sabido El Confidencial.

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Este documento es la respuesta a la denuncia interpuesta por la Delegación de Educación contra A.M. el pasado 3 de marzo, después de que el progenitor supuestamente difundiese datos, fotografías y grabaciones del director y los inspectores educativos, así como imágenes en las que aparecían otros estudiantes. La 'campaña' estuvo precedida de varias publicaciones en su perfil de Facebook en los que hablaba de "plandemia", se refería a la mascarilla como "bozal" y criticaba duramente el papel de las fuerzas de seguridad en su labor de control de las distintas restricciones adoptadas por las administraciones.

Pero fue el 9 de febrero cuando el ahora investigado publicaba un vídeo de cuatro minutos —grabado en parte por sus propias hijas en el interior del centro— y acusaba al director de estar "coaccionando durante cuatro meses" a dos menores e "impidiendo su desarrollo formativo". "Ha mentido" con el objeto de "expulsarlas sin demostrar daño a la salud alguno y encima lo hace con la chulería característica del que se cree intocable por ser funcionario. Nos veremos ante un juez", señalaba en una publicación en la que hacía público datos personales como el nombre y la imagen del docente.

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A.M. también criticó que la Inspección Educativa y la delegada de Educación —Mercedes García Paine— "no han querido intervenir", y censuró que no se le hubiese trasladado "la comunicación definitiva de la expulsión —de sus hijas—, ni esperar la respuesta a las alegaciones" presentadas.

"La dictadura la padecemos todos los días en las escuelas", aseguró, para seguidamente reprochar al director que "no puede demostrar que no llevar 'bozal' atenta contra la salud". Previamente, recalcaba que las chicas únicamente se quitaban la mascarilla durante el recreo, "al aire libre y guardando la distancia de seguridad".

Estos hechos tuvieron como escenario el IES Ben Al Jatib del municipio malagueño de Rincón de la Victoria y tuvieron una gran repercusión mediática a la que siguieron concentraciones de apoyo a la comunidad educativa. Aproximadamente un mes después, la investigación judicial que se anunció comienza su andadura.

"Uso inadecuado de la patria potestad"

Fuentes judiciales consultadas por este periódico han precisado que el Ministerio Público ha decidido incoar diligencias, en parte basado en los dos informes presentados por el inspector de zona y el máximo responsable de la Inspección Educativa en la provincia, así como el material gráfico recopilado por las autoridades en el que presuntamente se atacaba a los docentes del instituto. Entre ellos, vídeos e incluso un correo electrónico escrito en inglés que presuntamente contenía amenazas.

El fiscal jefe, inicialmente, muestra su predisposición por profundizar en los cinco supuestos hechos delictivos que Educación imputa al progenitor. El principal: las presuntas "injurias y calumnias" vertidas contra el director del centro y, "como tal autoridad pública, por incumplimiento de sus obligaciones".

El Ministerio Público ha decidido incoar diligencias, en parte basado en los dos informes presentados por el inspector de zona

El segundo delito del que se acusa a A.M. es otro de injurias y calumnias, aunque en esta ocasión por presuntamente llamar “inútil” al consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda.

Quizás el más delicado, porque afecta a la esfera más personal del padre, es el que hace referencia a un supuesto "uso inadecuado de la patria potestad" al considerar el denunciante que "no actúa en interés de las menores".

Le sigue una presunta "violación de datos personales", mientras que el último cargo que se solicita en su contra es que se indague en un posible "abuso del derecho" por la gran cantidad de escritos presentados en tan poco tiempo.

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La Fiscalía malagueña abre ahora un periodo indagatorio que parte con la premisa de la veracidad que, 'a priori', otorga a las pruebas –algunas de ellas indubitadas– aportadas por la parte denunciante. Hay que recordar que el propio Imbroda, cuando estalló este caso, advirtió que su departamento no va a "permitir bajo ningún concepto que ningún maestro, director o equipo directivo se sienta amenazado por nadie".

El pasado 26 de febrero, el progenitor hablaba de la pandemia como una excusa para una "dictadura global". Desde entonces, silencio sobre el asunto. Hasta este miércoles, donde en un 'post' persistía en su actitud negacionista advirtiendo que "el 'coronacuentos' se estira… hasta que vosotros queráis".