200 funcionarios para los 17.000 millones que deben sacar a Andalucía del furgón de cola

Los 12.700 millones de euros que llegarán a Andalucía desde Bruselas hasta 2027 suponen la mayor cantidad que la UE ha dedicado a la comunidad en un marco plurianual desde que España entró en el club europeo, en 1986. A este dinero hay que sumar 1.881 millones del fondo React, a gastar hasta el año próximo. Y los 3.020 millones de los Next Generation que ya habían sido concedidos a la Junta a mediados de septiembre. En total, 17.601 millones de euros que deben servir para sacar a Andalucía del furgón de cola. Y eso depende, en parte, de un equipo de 222 funcionarios dedicados a la gestión de fondos europeos que tienen ante sí un reto inédito.

Aunque parezca positivo, la magnitud de esta cantidad responde a que la comunidad está entre los territorios menos desarrollados de la UE. La mayor parte del dinero procede del citado marco plurianual 2021-2027. Por comparar, en el pasado periodo fueron 8.000 millones, entre otras razones, porque, de forma momentánea, Andalucía salió del grupo de regiones con un PIB por debajo del 75% de la media de la Unión. "Hemos mejorado en convergencia con España, pero no con Europa, por el momento", lamenta una fuente del Gobierno andaluz.

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Pero incluso esta historia de desigualdad tiene puntos positivos. Andalucía, como Castilla-La Mancha o Extremadura, lleva décadas gestionando ingentes cantidades de dinero de Bruselas. Los carteles de muchas obras, con la bandera azul de las estrellas ya amarilleada, todavía lo recuerdan. "Si a la Comunidad de Madrid le dan 12.000 millones de euros, tendría problemas para gestionarlos, pero Andalucía está en posición de hacerlo", apunta Manuel Hidalgo, profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide. Y pone condiciones, como revisar la gobernanza de los fondos, la apuesta por la tecnología, la colaboración público-privada y una política clara de recursos humanos.

En este último punto es donde el Gobierno de PP y Ciudadanos puso el foco en el anterior mandato. Cuando Juanma Moreno llegó a San Telmo, había 150 trabajadores en la Dirección General de Fondos Europeos. El nuevo Ejecutivo elaboró una nueva relación de puestos de trabajo que se aprobó en 2021 y sumó 49 empleados públicos más, así como dos interventores especializados. Y a ello hay que sumar una red de 21 coordinadores repartidos por las consejerías que hacen de enlace. Con las directrices que marca la Consejería de Economía y Hacienda, son los que tienen que planificar, certificar y poner en uso ese montante. Si se dividen los 17.601 millones entre todos ellos, cada uno tiene que encargarse de unos 80 millones. Y no todos los fondos cuentan con las mismas normas.

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"Son unos fondos muy complejos de gestionar, la UE pide muchas salvaguardas", apuntan desde Hacienda. Esto aconseja que los funcionarios que los gestionan estén altamente especializados, algo que no ocurría por la "alta rotación" de la Dirección General de Fondos Europeos, donde había una presencia importante de interinos hasta hace unos años. A eso hay que sumar la creación de un procedimiento general para gestionar fondos estructurales, una exigencia de Bruselas, y la puesta en marcha de auditorías periódicas para detectar gasto que no se hayan certificado correctamente.

Todo este esfuerzo responde a un rumor constante, la posibilidad de que los fondos, cada uno de su naturaleza, acaben por perderse. Pero todas las fuentes consultadas alejan esta posibilidad. "Me preocupa, pero no me agobia excesivamente", señala Manuel Hidalgo. En la Junta, el mensaje es similar y recuerdan un dato significativo. Los cálculos apuntan que Andalucía ha recibido cerca de 90.000 millones de euros desde que España entró en la UE. En todo este tiempo se han dejado de utilizar solo 154 millones de euros del Feader en el marco 2007-2013, explican desde el Gobierno andaluz.

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Las fuentes consultadas descartan que esto pueda ocurrir, a pesar de que el marco 2014-2020 comenzó a ponerse en uso con cierto retraso. Entre 2015 y 2018, según los datos de Hacienda, se certificaron 1.513 millones, pero los refuerzos implantados por el nuevo Gobierno han hecho posible que en el primer semestre de 2022 se certifiquen 1.342 millones. Con este acelerón como argumento, la Junta quiere pedir más capacidad de gasto para el marco que acaba de arrancar y que se extenderá a 2027.

Las críticas de los sindicatos

Pero hay quien ve fugas en el plan, como es el caso del sindicato CSIF, muy presente entre la Administración andaluza. "Por lo general, hay problemas en las delegaciones territoriales, ya que los refuerzos suelen quedarse en los servicios centrales", apuntan desde la entidad. En CCOO apuntan más hacia la falta de transparencia, sobre todo en el caso de los fondos Next Generation. Nuria Martínez, responsable institucional de CCOO-A, se queja de que el Gobierno andaluz no ha puesto en marcha la mesa de seguimiento que pactó con su organización y UGT para tomar parte en el desarrollo de los fondos de recuperación.

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Lo llamativo es que la propia Junta tiene una queja similar respecto al Gobierno central, al que acusa de haber convertido las comunidades en una "ventanilla" de reparto de estos fondos. "La Comisión Europea dice que las regiones tienen que ser parte activa", lamentan desde el Ejecutivo andaluz, donde echan en falta mayor participación en la toma de decisiones sobre el uso del dinero. "No nos han preguntado en qué queremos invertir para transformar nuestra economía ni qué herramientas necesitamos", afirman estas mismas fuentes.

El temor es que esta desconexión entre Madrid y Andalucía acabe por dejar desiertas las convocatorias de subvenciones por las que la Junta canaliza el dinero que llega desde el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Van desde la rehabilitación de edificios para hacerlos más eficientes energéticamente a la creación de nuevas plazas de guardería, pasando por la puesta en marcha de un modelo pionero de residencias para personas mayores. Y para que este tipo de iniciativas se conozcan, el Parlamento Europeo ha puesto en marcha una serie de actos en los territorios bajo el nombre 'Europa invierte en mi región', que acercan al ciudadano de a pie el esfuerzo de Bruselas en darle la vuelta al modelo productivo de la UE.