6.900 millones sin gastar: Andalucía admite problemas con su personal de fondos UE

El Gobierno andaluz lleva meses alertando de la herencia recibida con los fondos europeos. Al llegar a San Telmo, el nuevo Ejecutivo de PP y Cs encendió las alarmas porque de los más de 8.500 millones de euros transferidos a Andalucía en el marco comunitario 2014-2010, a diciembre de 2018 solo se había ejecutado un 19,5%. Se habían gastado unos 1.585 millones de euros, quedaba el 80% por ejecutar y certificar (6.988 millones). El Gobierno dispone de una prórroga habitual de tres años, hasta 2023, para justificar los fondos y ha diagnosticado varios cuellos de botella que impedían resolver con rapidez. En mitad de este lío, la flamante directora general de Fondos Europeos dimitió por diferencias internas.

El consejero de Economía, Rogelio Velasco, cuota de Cs, defendió un informe interno este martes al Consejo de Gobierno presentando algunas propuestas para que de ese dinero, Andalucía “no pierda ni un céntimo”. Había debilidades en la gestión que retrasaban los proyectos. El primer obstáculo identificado por la secretaría general de Economía, que lidera Manuel Hidalgo, está precisamente en el personal de la Dirección General de Fondos Europeos. Una plantilla, advierten, cualificada que está realizando un esfuerzo ímprobo pero que arrastra problemas por falta de especialización. De los más de 150 empleados públicos que desarrollan este trabajo, que requiere de un elevado conocimiento técnico y que supone estar en contacto directo con la Comisión Europea, solo el 15% son funcionarios y se mantienen de forma permanente en sus puestos. El 85% restante, en proporciones similares, son interinos o bien trabajadores externos contratados a través de empresas de trabajo temporal.

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Eso implica, explicaron desde la Consejería de Economía, que hay una elevada rotación en estos puestos. Por ejemplo, los interinos solo pueden estar tres años en la misma plaza, hay una prórroga de un cuarto año, y después deben obligatoriamente cambiar de destino. Esa movilidad tiene un elevado coste, aseguran desde el Gobierno, porque la gestión de estas certificaciones exige una formación muy concreta y una alta especialización. Prácticamente cuando mejor funcionan, los cambian, lamentan desde Economía, que ha reclamado una nueva relación de puestos de trabajo (RPT) que garantice estabilidad. No desvelaron si se trataría de dar estabilidad a esos interinos. Aseguran desde la consejería de Rogelio Velasco, que no supondría coste a las arcas públicas porque la Comisión Europea ofrece partidas de hasta tres millones de euros en líneas de financiación para trabajadores vinculados a la gestión de fondos UE. Ante la pregunta de por qué no se usó esa financiación, la respuesta es un enorme interrogante.

Acabar con la dispersión

Esa reorganización del personal dedicado a la gestión de los fondos europeos implicará además acabar con la dispersión actual, con todas las consejerías del Gobierno andaluz gestionando fondos UE y además las empresas públicas y las delegaciones de la Junta en cada provincia. Se habilitará la figura de un ‘project manager’, término de moda en el Gobierno andaluz, que también se ha anunciado para canalizar desde Hacienda las grandes inversiones y proyectos estratégicos y que suena a la "ventanilla única" tantas veces prometida por el anterior Ejecutivo. El objetivo, explican, es el mismo, que haya un solo interlocutor en cada departamento con hilo directo y el mismo lenguaje que la Dirección General de Fondos Europeos, que al final es el que impone Bruselas.

El objetivo es que haya un solo interlocutor en cada departamento con hilo directo y el mismo lenguaje que la Dirección General de Fondos Europeos

El Gobierno andaluz defiende el calado de estas acciones que parece que no son más que mejorar la formación de sus trabajadores. “Es mucho más, se trata de implantar un nuevo modelo”, defienden desde Economía, “para hacer una estructura más eficiente”. Se reforzará también la planificación y se obligará a las distintas consejerías a que se dirijan directamente a la consejería de Economía para decidir qué proyectos se van a financiar con fondos UE y si cumplen los requisitos. Hasta ahora, explican, la coordinación se hacía a posteriori, tras decidir cada consejería qué financiar con dinero de Bruselas y más de un proyecto se han visto obligados a financiarlos con fondos propios por no cumplir los requisitos.

El papel del CNI

Se implementará un nuevo sistema informático porque el actual, admiten, genera fallos. ¿Hay inseguridad?, se le preguntó al consejero de Economía. Velasco negó que haya agujeros en la gestión telemática, recordó que la seguridad en los ordenadores de la Junta está garantizada por un convenio con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que se firmó en 2010, pero sí subrayó que es necesario renovar los programas informáticos. “Tiene que existir una simplificación de todo el proceso cumpliendo con los reglamentos europeos”, señalaron desde la secretaría general de Economía.

Según el informe presentado en el Consejo de Gobierno, la gestión del anterior Gobierno de Susana Díaz con los fondos europeos fue irregular. Se pasaron, aseguran, tres años sin mover un papel en algunas consejerías, con “un alto grado de parálisis” y comenzaron a acelerar trámites en el último año. El PSOE defiende que su gestión fue “inmaculada”, que “jamás” se devolvieron fondos de la UE, lamentaron que se cuestione la capacidad de los trabadores y exigieron que “se dejen de excusas y se pongan a trabajar”.

El Gobierno defendió que ha pisado el acelerador y que desde enero han dado de alta 278 proyectos, con una inversión de 550 millones. Además alejaron el fantasma de que Andalucía pueda dejar de recibir fondos en el próximo marco europeo, 2021-2017, que empezará a negociarse el próximo año. Niegan ahora que esa parálisis que denuncian pueda perjudicar y que la comunidad pierda fondos. Andalucía, 100.000 millones de euros después desde la UE, sigue siendo región Objetivo 1, tendría España que recibir un fuerte tijeretazo de Bruselas o Andalucía un severo castigo del Gobierno español, y ninguno de esos supuestos, por más que al principio activaron las alarmas desde PP y Cs, está sobre la mesa.