"Las elecciones en junio facilitarán a Andalucía gestionar los fondos europeos"

El consejero de Hacienda de la Junta, Juan Bravo, pide al Gobierno que implante un fondo transitorio hasta que apruebe el nuevo modelo de financiación autonómica para evitar perjuicios a Andalucía. De igual modo, no duda al señalar que si las elecciones andaluzas se celebrasen en junio, sería más fácil para la región poder gestionar los fondos europeos.

PREGUNTA. El presidente de la Junta siempre ha defendido acabar la legislatura en su fecha (otoño), pero usted defiende que haya elecciones en junio, ¿cuáles son sus argumentos técnicos?

RESPUESTA. Efectivamente, son solo argumentos técnicos cuando me pregunta mi presidente, aunque algunos quieran ver hasta un enfrentamiento. Para Hacienda es mejor en junio. ¿Por qué? En primer lugar, porque si las hacemos en junio, nos podemos comprometer a que en diciembre haya Presupuesto para el año 2023, que va a ser difícil. Si hacemos las elecciones en octubre o noviembre, hasta marzo o abril, como pronto, no tendríamos Presupuesto, porque hay que pensar que, además, después de las elecciones hay más de un mes de negociación. En segundo lugar, hemos visto que, sin tener Presupuesto aprobado, como ocurre este año con la prórroga de 2021, la ejecución va más lenta y estamos teniendo problemas. Si eso lo alargamos no solamente al año 2022 sino también al 2023 durante cuatro o cinco meses, estaríamos provocando una ralentización de la economía que creo que no nos podemos permitir. En tercer lugar, el Presupuesto se hizo para el año 2021, pero es que la realidad del 2022 está ya muy superada con respecto a ese año. Han aparecido en escenarios nuevos. Por ejemplo, nos decían que la inflación era coyuntural y no había que contarla, pero se ha demostrado que es estructural y está en una cifra que no se recuerda desde el año 85. Además, hay una guerra en Ucrania; estamos viendo una dificultad de suministros; estamos viendo que los Fondos Next Generation, que también se prometió que iba a ser un elemento de mucha activación económica en 2022, ya se han trasladado al año 2023... Pues, entonces, por lo menos que tengamos para el 2023 un Presupuesto que tenga en cuenta todo lo que ha pasado en este 2022 e intentemos anticipar lo que venga.

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P. Esos Presupuestos de 2023, ¿qué orientación deben tener?

R. Bueno, en los Presupuestos de 2023, de nuevo, lo principal debe ser el esfuerzo en Sanidad, Educación y políticas sociales. También sería importante la inversión, pero es cierto que el mayor peso sería esta vez el dedicado a la ejecución de fondos europeos. Es que tenemos el reto de que la ejecución de fondos del marco 2014-20 tiene que estar finalizada en el año 2023 y no podemos ponerlos en riesgo. Hay que recordar que de los 8.300 millones aprobados en el marco 2014-20 para la región, el Gobierno andaluz anterior dejó certificados solo 1.500 millones aproximadamente, por lo que nos quedaban 7.000 millones para gestionar entre 2019 y 2023, lo que no es fácil. A eso hay que sumar la pandemia, los nuevos fondos Next Generation… En general, desde el punto de vista de la gestión administrativa, se ha multiplicado por tres el volumen de trabajo. Nosotros hemos conseguido certificar unos 1.000 millones cada año. O sea, que estamos intentando acelerar todo lo posible para cumplir con esos objetivos, pero no es fácil. Por eso, las elecciones en junio facilitarán la gestión.

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P. Acaba la legislatura y no se ha aprobado el cambio de modelo de financiación autonómica que también reclamaba su antecesora y ahora ministra de Hacienda, María Jesús Montero. ¿Cuándo cree que se van a dar las condiciones políticas para poder abordar esta reforma?

R. Siempre hemos planteado que la reforma del sistema de financiación autonómica es complicada porque cada comunidad autónoma tiene unos intereses y una situación. Pero, dicho eso, el Gobierno de España hasta ahora no ha tenido voluntad. Recordamos que, en el año 2017, Mariano Rajoy convocó una Conferencia de Presidentes autonómicos y marcó que era una prioridad; contrató un comité de expertos que hizo un informe; se empezaron a hacer las primeras reuniones; a principios de 2018, se aprobó el Presupuesto, se produjo la moción de censura y hasta la fecha… Ahora, solamente tenemos un informe que ha hecho el Ministerio de Hacienda de una parte muy concreta y sin fijar variables o cuantías, con lo cual difícilmente sirve de medición. Y en Andalucía recordamos que, como mínimo, son 800 o 900 millones más cada año para nuestra comunidad. La ministra lo sabe porque lo defendía cuando era consejera de Andalucía. También hay otras comunidades perjudicadas, como Valencia o Murcia. Si el PSOE cree que no puede arreglarlo ahora, porque no tiene apoyos parlamentarios o cualquier otro tema, que no se preocupe que ya lo arreglaremos nosotros cuando lleguemos al Gobierno, pero que, al menos, aprueben un fondo transitorio que permita que no sigamos perdiendo dinero.

P. Ahora tiene un jefe nacional que no comparte el criterio de Andalucía en cuanto al criterio de población para esta financiación autonómica… Feijóo y Moreno se reunieron hace unos meses para disentir cordialmente. ¿Qué defenderá usted?

R. El dinero lo pagan los ciudadanos; los servicios son para los ciudadanos… Entonces, el sistema de financiación se tiene que plantear en torno a los ciudadanos, a la población. Los que teníamos esta posición porque estábamos perjudicados, como Valencia, Murcia y Andalucía y quizás Castilla-La Mancha, planteamos el criterio de la población ajustada. Es decir, que el principal valor sea el de la población, pero aplicando después unas variables. Tenemos claro que no es lo mismo prestar servicios en Málaga, con la concentración que hay, que en un pueblo de la sierra. Y lo mismo con distintas comunidades más o menos pobladas. Ahora tenemos que ver qué valor le damos a esa dispersión, al envejecimiento, y a otras variables… Y ahí nos vamos a entender todos. Lo que no podemos aceptar es que Andalucía esté infrafinanciada en 900 millones de euros y creo que eso el resto de comunidades también lo entienden. Entonces, ¿cuál es una de las posibles fórmulas y que defendía también María Jesús Montero? Inyectar algo más de dinero al sistema de financiación para que se puedan corregir los desequilibrios, de tal manera que los que están perjudicados se queden en equilibrio y no tengamos que hacerlo a costa de nadie. Yo no voy a decir que haya que meter 16.000 millones, como decía ella, pero hay que hacer ese análisis.

"Mi modelo es el de Aznar, que consiguió aprobar el modelo de financiación en el 2002 con el apoyo del 93% del arco parlamentario"

P. ¿Pero el PP va a fijar una posición nacional sobre la financiación autonómica o cada comunidad va a seguir defendiendo sus propios intereses?

R. Nuestra posición es atender a todas las especificidades de las comunidades autónomas y ofrecer un modelo que favorezca a los intereses del conjunto de España. Mi modelo es el de José María Aznar, que consiguió aprobar el modelo de financiación en el año 2002 con el apoyo del 93% del arco parlamentario. El modelo posterior, de 2009, que es el que tenemos en vigor, fue aprobado con el 51% de los votos, apoyado por el PSOE y Esquerra Republicana, con la abstención del PNV. Nosotros aspiramos a alcanzar consensos amplios.

P. Hablando de distintos intereses entre comunidades autónomas, en la actual legislatura se ha acentuado el debate sobre la fiscalidad de las CCAA. ¿Deben armonizarse o competir? ¿Hace Madrid 'dumping' fiscal?

R. Bueno, las comunidades autónomas tienen competencia propia y hay que respetarla, que la competitividad es buena. Cada territorio conoce mejor que nadie sus necesidades y lo que puede hacer dentro del ámbito que permite la propia ley. Nadie está haciendo nada que no responda a la norma. ¿Hay materias de armonización? Por supuesto. Mire, el propio ministro Montoro lo llegó a anunciar: por ejemplo, crear un fondo común para que en situaciones complicadas tuviéramos un fondo de reserva para la Sanidad; o tener una normativa de mercado único que se aplique en toda España. Es decir, hay materia donde armonizar. Pero cuando el Gobierno habla de armonización, cambian el concepto, porque lo que están diciendo es subir impuestos. Yo no veo ninguna medida que haya propuesto el Gobierno que sea de bajar impuestos. Su concepto de armonización solamente es para subir impuestos, para recaudar más y para gastar más. Mire, en el año 2021 ha tenido 223.000 millones de euros, una recaudación récord, y aún así se han endeudado mucho más. No ha servido para nada.

P. Andalucía ha frenado su salida a los mercados para financiarse. ¿Siguen en ello o lo han descartado?

R. El momento actual no es el mejor, con lo cual tenemos que estar un poco esperando a que el mercado nos lo permita en esas ventanas oportunidad que llaman los especialistas. Pero nosotros queremos seguir ahí porque estar en el mercado, como siempre hemos defendido incluso cuando nos expulsaron por los incumplimientos del Gobierno anterior, nos permite también ser medidos desde fuera y eso genera credibilidad y confianza, que es lo que buscamos. Tenemos que estudiar cuál es la mejor opción, si volver en este momento a los mercados o buscar una financiación bilateral. Eso es en lo que estamos. Está trabajando la Dirección General de Tesorería y Política Financiera en ello.

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P. Usted también tiene competencias en Energía, sector en el que Andalucía aspira a ser líder en renovables con inversiones privadas millonarias que, sin embargo, están provocando una reacción en muchos pueblos ante la instalación masiva de parques solares fotovoltaicos, que los alcaldes dudan que dejen luego empleo. ¿Es rentable socialmente la revolución verde de Juanma Moreno?

R. Esta revolución verde es necesaria, aún más tras lo que estamos viendo en Europa. Yo creo en lo que hay ahora y en lo que tiene que venir. Ahora mismo hablamos, fundamentalmente, de fotovoltaica y eólica, aunque también hablamos ya de hibridación, que permita generar tanto de día, con sol, como de noche, con el viento. Esto lleva a una derivada importante que es el almacenamiento. Si aquí conseguimos convertirnos en un laboratorio potente de energías renovables, ese almacenamiento se va a trabajar aquí y puede haber una industria muy potente alrededor de todo esto. Y para el futuro, tenemos el hidrógeno, que requiere de estas fuentes y es la gran alternativa. Nosotros le estamos proponiendo también al Gobierno que hagamos una ley de hidrógeno, un gesto claro a la sociedad de que vamos a por ello, porque, además, hay muchos recursos desde el punto de vista de fondos europeos, con lo cual tenemos la oportunidad que no tienen otros territorios, que la tenemos gratis.

P. ¿Qué les dice a los alcaldes cuando llaman con esas dudas?

R. Lo primero que les digo es que tenemos una normativa medioambiental que hay que respetar, que es tremendamente exigente; que la normativa española exige entre un 15 y un 20 por ciento más de lo que exige la directiva comunitaria; y que, además, eso luego viene ampliado el ámbito de la comunidad, en muchos casos con trámites que no aportan nada. En segundo lugar, los tranquilizo explicándoles que, como las empresas suelen tener tantos problemas con la normativa, "apuntan" hacia 8, 9 o 10 ubicaciones distintas dentro de un municipio y eso puede hacer que el alcalde piense que se va a poner todo el pueblo cubierto de fotovoltaicas, que no es verdad. Solo se aprobarán algunos. Y además, le recordamos la creación de empleo. Es cierto que tiene un efecto muy importante en la instalación de esos parques y que, después, una planta puede dejar entre 5 y 10 puestos de trabajo, generalmente bien retribuidos, y que te van a durar entre 30 y 40 años, que es la vida útil de una planta. Pero no olvidemos que esto puede ser la solución para determinados municipios, porque otro elemento más que debemos tener en cuenta son las licencias e impuestos municipales, que son millones de euros, además de la contribución de las empresas al desarrollo local…

"Lo que necesitamos es que REE construya nuevas infraestructuras de evacuación en Jaén, Córdoba o Huelva"

P. Ese discurso recuerda al del 'boom' de la construcción y su aportación a las arcas de los ayuntamientos más que a sus habitantes…

R. No es comparable. Estas empresas tienen que estar 30 o 40 años aquí y no van a entrar en un conflicto con el alcalde a la hora de contribuir al desarrollo del pueblo y a la hora de buscar una ubicación acorde a las necesidades y que no genere conflicto. Lo que necesitamos es que REE (Red Eléctrica Española) construya nuevas infraestructuras de evacuación en Jaén, Córdoba o Huelva y no solo refuerce las de Sevilla, donde ya hay saturación de proyectos. La clave es el equilibrio, porque si hacemos un descontrol en la implantación, podemos tener un efecto de rebote. El otro día, la Asociación de Empresas de Empresas Fotovoltaicas decía que el 0,5 por ciento, como mucho, del terreno agrícola disponible de Andalucía sería ocupado. Creo que el problema del mundo rural no está en estos parques solares, sino en hacer en el ámbito agrícola la gran reforma del agua, que su rentabilidad sea tan alta que no les compense poner una planta fotovoltaica.

P. El pacto ibérico con Portugal para limitar el precio del gas como "isla energética", ¿lo ve como una solución viable?

R. Pues tenemos dudas porque al principio lo veía más claro, pero veo que Europa no lo ve tan claro. La energía verde es necesaria, pero Europa se ha dado cuenta de que esa transformación que quiere hacer quizá no pueda ser tan rápida por las circunstancias que se han dado. Y ha decidido que el gas y la energía nuclear las considera neutras. Pues no las cerremos nosotros por ideología, ya que eso incrementa los costes. Está claro que vamos a las renovables, pero vamos a ir adaptándonos.

P. Pero, entonces, ¿defiende el retraso del cierre de las centrales nucleares?

R. Ahora mismo, lo que hay que hacer es una nueva planificación del ámbito nuclear y del gas, que es lo que está diciendo Europa. Y creo mucho en escuchar a los demás y no cerrarme a las cosas por ideología, como el Gobierno, aunque después amplía el cementerio nuclear del Cabril (Córdoba), que genera residuos radioactivos. No sé cual es la solución. No tengo los conocimientos en esta energía para poder hablar con tanta solvencia, pero si Europa ha analizado el conjunto de países que están mejor que nosotros y han dicho que tenemos que replantearnos esto, pues yo creo que España debe hacerlo y no podemos decir que no por simple ideología.

"Hemos hecho inversiones, hemos ordenado, hemos regularizado situaciones irregulares y ya no se habla de Cetursa en los juzgados"

P. Le pregunto por dos empresas públicas que dependen de su Consejería. La primera es Vehiasa (encargada de las ITV). Los empresarios piden desde hace años su privatización y la auditoría encargada por la Junta también lo recomienda. ¿Qué va a hacer?

R. Para nosotros, lo primero era poner orden en la empresa, porque la gestión era… se abrieron hasta 24 estaciones de ITV sin dotación de personal. Todo un desastre. Ahora, lo que puedo decir es que, gracias a una mejor gestión y a los trabajadores, hemos conseguido prestar un buen servicio en el que tienes cita en cuestión de un día o dos días; hemos conseguido mejorar la cuenta de resultados dando una cifra muy importante de beneficios, que hacía mucho tiempo que no teníamos. A partir de aquí, la auditoría nos dice que ve interesante la entrada de participación privada en el capital, buscando una mejora en la innovación que pudiésemos hacer en estaciones. Es decir, aunque siga siendo como es, un servicio público que tiene una importancia muy grande sobre el mercado automovilístico, sobre la seguridad en las carreteras, puede incorporar elementos de innovación porque, por ejemplo, viene el vehículo eléctrico y porque, por ejemplo, también se puede incorporar la gestión de datos, y toda la información que tenemos de las revisiones es muy buena para las marcas. Ese es el camino en el que queremos evolucionar y en ese sentido buscar un socio tecnológico.

P. Las auditorías también proponen privatizar Cetursa-Sierra Nevada, donde ustedes prometían poner orden en la dirección y en un convenio colectivo muy por encima del mercado. ¿Qué van a hacer?

R. Se ha hecho un esfuerzo con los trabajadores para regularizar cuestiones de ámbito de trabajo, de horarios, para intentar hacerlo más acorde a las necesidades de la estación, aunque hay que seguir avanzando. Pero hemos hecho inversiones, hemos ordenado, hemos regularizado situaciones irregulares que había y ya no se habla de Cetursa en los juzgados. Además, se está dando un mejor servicio, como así nos reconocen todas las encuestas que tenemos. Nos decían que íbamos a vender la estación de esquí y no solo no lo hemos hecho, sino que hemos mejorado los resultados y hemos vuelto a demostrar que con gestión se pueden hacer las cosas que hemos hecho. Creo que es notable.