Contra el maná europeo: ¿Por qué los Next Generation han dividido a Granada?

¿Terminarán algunos de los proyectos presentados a los fondos Next Generation con el estigma de los que financió el Plan E?, ¿Que un partido pida que el maná europeo pase de largo por su ciudad es simple retórica en la disputa política?, ¿Es pura estrategia electoralista o un comportamiento honrado fruto del celo con el que se debe invertir el dinero público? En Granada se plantea este dilema con la propuesta de renaturalización del río Genil, que el Ayuntamiento, gobernado por el PSOE y dos tránsfugas de Ciudadanos, ha presentado a los fondos y que la oposición y las organizaciones ecologistas piden que no reciba el sí. ¿Por qué? Por caro, por no cumplir los objetivos que él mismo se fija, según los expertos —los de este sector, claro, no en los que se apoya el propio Consistorio— y por existir una alternativa sobre la mesa desde 2017 mucho menos invasiva y barata que costaría una cuarta parte y apoyaron los mismos partidos que ahora la ignoran.

La necesidad de devolver el río a su estado natural se remonta a 1995 y a una obra aprobada bajo el gobierno del socialista Jesús Quero y finalizada con el del popular Gabriel Díaz Berbel. El objetivo era recanalizar el Genil, principal vía de agua que atraviesa Granada capital, de cara a la celebración del Campeonato Mundial de Esquí Alpino de 1996 que se celebró en Sierra Nevada. La mayor parte del tramo urbano del río se condujo con una canaleta de cemento con varias compuertas que regulaban su paso y sus crecidas.

El resultado, tres décadas después, es un Genil prácticamente sin vegetación a partir del conocido como Puente Verde —en paralelo al Paseo del Salón y el Paseo de la Bomba y sus jardines, sobre el papel una de las principales zonas verdes de la ciudad—. En dirección contraria, por el Paseo de la Fuente de la Bicha y hacia el vecino municipio de Cenes de la Vega, el río discurre más o menos natural.

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Los vecinos de la zona de San Antón, cerca de una de las compuertas, se quejaron por los ruidos y los olores. Los ecologistas empezaron a presentar informes desfavorables y proponer alternativas prácticamente desde la inauguración. Y el Ayuntamiento nunca pudo completar su proyecto de habilitar una zona para recorrer en barca al estilo del Parque del Retiro de Madrid o algunas zonas del Sena en París, con el testimonio del llamado Embarcadero del Genil, que pese al nombre nunca ha sido utilizado.

Tres tentativas

Hasta en tres ocasiones se ha intentado revertir, votándose en el pleno municipal estudiar proyectos presentados por Ecologistas en Acción y gobernando PP y PSOE, con apoyo de todos los partidos —lo que incluye, según el momento, a Partido Andalucista, Izquierda Unida, Ciudadanos o Podemos—. El primer proyecto, en 1997, era reconvertir el tramo urbano del río en un “parque fluvial” sin compuertas ni canalizaciones, es decir, deshacer lo obrado en 1995. El pleno aprobó estudiarlo primero en 2002 y luego en 2006, sin éxito. En 2017, Ecologistas en Acción presentó una ampliación del mismo realizada por algunos de los responsables de la renaturalización del Manzanares, entonces en marcha en Madrid, y también se aprobó, de nuevo sin aplicarse.

Hasta que en febrero de este año el equipo de gobierno de Francisco Cuenca (PSOE) recupera la idea de deshacer la obra del 95, pero con un proyecto completamente diferente. El objetivo es “renaturalizar” el principal tramo urbano del río, entre el mencionado Puente Verde y la entrada de la llamada Acequia Gorda, retirando un tramo de siete metros del actual, rebajando el cemento en esa zona pero manteniéndolo en el resto. Se crearía así un “pequeño río” dentro del propio Genil en su curso por la ciudad, pero sin retirar la plancha de hormigón.

En paralelo, se crearía un paseo fluvial, sin árboles, en el que se levantarían jardines colgantes que se regarían por goteo y un sistema de sensores inteligentes para controlar la afluencia de la zona, algo que sirve para marcar el ‘check’ digital en los Next Generation. Todo ha sido diseñado por los técnicos del Consistorio y de Emasagra, la empresa municipal de gestión del agua que funciona en régimen público-privado, participada por el Ayuntamiento y la firma Hidralia. Su coste total ascendería a 4,7 millones de euros y tiene un precedente optimista: Pontevedra ha recibido la concesión de 2,3 millones para una operación aún más ambiciosa en el Gafos, unos de sus ríos, que será “desenterrado” y naturalizado tras correr soterrado bajo el centro de la ciudad durante las últimas décadas.

"Se niegan a plantar árboles"

Javier Egea, portavoz de Ecologistas en Acción de Granada, ha criticado lo “innecesario” del proyecto municipal. Considera que “no renaturaliza nada, apenas actúa en dos kilómetros cuando el otro proyecto incluía todo el tramo urbano del río y no añade árboles ni vegetación”. Además del alcance, la principal diferencia es que el proyecto alternativo presentado en 2017 apenas costaba 700.000 euros, una cifra que la oposición municipal sube a un millón de euros, pero que sigue siendo menos de un cuarto del coste del oficial.

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Dos críticas principales, más allá del coste, añade Egea: “Se niegan a plantar árboles alegando que lo prohíbe la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, pero no es cierto. Y la idea de regar por goteo junto a un río es tan absurda que cae por su propio peso”.

Antonio Cambril, concejal de Unidas Podemos, afirma que “el peligro es que se apruebe y dentro de 10 ó 20 años haya que pedir otra ayuda para deshacerlo”. Su partido ha suscrito la opción ecologista, que proponían ampliar a todos los ríos de Granada. “Simplemente retirando el cemento del principio y el final del tramo hormigonado y picando estratégicamente, la propia sedimentación te hace el trabajo y se renaturaliza solo. Es mucho más barato y sostenible”, mantiene.

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El Ayuntamiento de Granada, consultado por este diario, no ha querido responder a las críticas de los ambientalistas. La oposición también censura que el proyecto oficial serviría para mantener los pagos a Emasagra, la mencionada empresa municipal de gestión privada, por la limpieza del fondo, que en la renaturalización más ambiciosa deja de ser necesario.

Las cifras del proyecto alternativo surgen de actualizar los 717.000 euros que costaba el presentado en 2017. De los 4,7 millones del oficial, la Administración tendría que aportar alrededor de un millón, el 20% estipulado, ya que todos los proyectos sufragados por los Next Generation son cofinanciados.

¿Merece los fondos europeos?

¿Es realmente un proyecto que va a la caza de una gran cifra sin cuestionarse los objetivos de transición verde y digital? Gabino Gutiérrez, analista político en Cámara Cívica, no entra en valorar el caso concreto, pero cree que es poco probable que algunas iniciativas lleguen a cuestionarse como en su día pasó con el Plan E precisamente por la garantía europea.

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“Al ser de los primero planes aprobados, y siendo el segundo país más beneficiado por los NextGen, España es una especie de ‘piloto’: el éxito se va a medir en gran medida en cómo lo ejecutemos nosotros, así que se tienen que asegurar de que todo lo que se hace, se hace muy muy bien y tiene resultados”, opina. “La Comisión ha de justificar políticamente que los NextGen fueron una buena idea, y dado que España es quien está cumpliendo mejor los plazos de ‘hitos’, no sería para nada raro que nos quieran poner como ejemplo de éxito. Y para eso tienen que asegurarse de que no se malgasta”.

La teoría es que “prácticamente está decidido a qué va el dinero. En realidad, los planes son bastante específicos”. La futura aplicación “se parece más a una aplicación de fondos FEDER que al Plan E, en cuanto a planificación, auditoría, control y ejecución, con el añadido de que prácticamente con todas las inversiones vienen aparejadas unas reformas en el ámbito normativo”. Otra cosa es “que la Comisión haya pasado por alto o no haya hecho un análisis minucioso de los detalles de cada proyecto de inversión. Pero me parecería raro, porque así no es como suelen funcionar y se tiraron meses revisándolo para darle el Ok. Normal, porque es un montón de dinero”.

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De fondo, en Granada, acaban chocando dos enfoques de la llamada transición verde: uno que busca la inversión espectacular y el titular atractivo para el turismo o las elecciones —sensores, jardines colgantes— y otro que quiere intervenir lo mínimo gastando aún menos y confiando en la acción natural.