Andalucía nombra al "equipo de los 20.000 millones de euros"

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó ayer la creación de un órgano gestor para captar los fondos europeos extraordinarios por el covid-19, denominados Next Generation UE, que supondrán la llegada a España de 140.000 millones de euros, de los cuales 72.700 serán subvenciones a fondo perdido y otros 67.300 millones, préstamos.

El Gobierno de España dio a conocer la pasada semana las líneas maestras de su Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, denominado España Adelante, cuyo borrador puede llevar a Bruselas desde mañana mismo, día 15 de octubre, aunque el plan definitivo debe presentarlo entre enero y abril. En este documento, se deben incluir los proyectos a financiar y los argumentos para acreditar su impacto en la reactivación de la economía. A partir de ese momento, la Comisión Europea tendrá dos meses de tiempo para evaluarlo y proponer su aprobación.

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Ante este calendario, las comunidades autónomas tienen apenas dos meses y medio, hasta el 31 de diciembre, para presentar aquellas iniciativas que puedan ser subvencionables. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha insistido en que los criterios de reparto entre regiones españolas deben ser los mismos que se usaron entre los 27 países de la UE: población, PIB y tasa de paro, lo que a su juicio haría que correspondieran unos 20.0000 millones de euros a Andalucía, una de las regiones más pobladas (8,5 millones de personas), con menor PIB (por debajo del 75% de la media europea) y con mayor tasa de paro (el desempleo alcanzará un 30% este año, según diversos organismos).

Sin embargo, los fondos europeos no se repartirán a los gobiernos regionales para que los entreguen a su libre albedrío sino que serán las comunidades autónomas las que tengan que presentar antes de fin de año al Ejecutivo central los proyectos públicos o privados. Así pues, la batalla por estos fondos será clave en los próximos meses entre las distintas comunidades autónomas españolas, que deben presentar los proyectos con los que quieren acceder a esas ayudas. Por ello, son varias las regiones que han articulado diversos mecanismos con los que dar esa batalla.

Ayer le tocó el turno a la Junta de Andalucía, con un Gobierno de coalición donde el debate sobre quién gestiona estas ayudas se había cerrado en falso el pasado mes. Entonces, un acuerdo entre los socios, PP y Ciudadanos, llevó a aprobar una remodelación del Ejecutivo en la que los populares ganaban todo el peso en detrimento de los naranjas.

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El consejero de Hacienda, Juan Bravo, pasaba a ser de Hacienda y Fondos Europeos, asumiendo competencias que en el primer año y medio de funcionamiento han estado en manos del consejero de Economía, Rogelio Velasco, quien había presumido en los últimos meses de haber desbloqueado infinidad de ayudas europeas que la gestión del anterior Gobierno socialista tenía paradas y con posibilidad de perderse.

En concreto, la UE había concedido a Andalucía 8.554 millones de euros en diversos programas europeos para el marco 2014-20. Sin embargo, cuando el nuevo equipo de gobierno llegó a la Junta, se encontró con que faltaban por gastar más de 6.000 millones de euros que estaban en un limbo. Velasco logró ampliar el plazo hasta 2023 y certificó en 2019 ante la UE proyectos por un valor de 1.003 millones de euros, frente a los 378 millones de media desde el inicio del marco actual de financiación (2014-2020).

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Por eso, el traslado de competencias de Economía a Hacienda había creado malestar en esa consejería e incluso en parte de Ciudadanos en Andalucía, donde existe una corriente crítica al vicepresidente de la Junta y líder naranja en la región, Juan Marín. Sus detractores consideraban que había dejado al PP todo el protagonismo en la principal batalla política y económica que se avecina.

Responsabilidad compartida

Precisamente, ayer fue el propio Marín el que anunció en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno la creación de un nuevo órgano gestor que presente los proyectos andaluces que deben ir en la línea de crecimiento de la economía y la creación de empleo a través de iniciativas que aceleren las transiciones ecológica y digital.

Ese organismo estará presidido por él mismo y le acompañarán otros cinco consejeros, por lo que habrá tres representantes del PP y otros tres de Ciudadanos. En concreto, por parte del PP estarán el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo (como vicepresidente de este órgano); el de Hacienda y Fondos Europeos, Juan Bravo, y la de Fomento, Marifrán Carazo; mientras que por parte del partido de Inés Arrimadas estarán Juan Marín; el consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, y la de Empleo, Rocío Blanco.

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Los grupos de trabajo de los distintos departamentos ya están elaborando las propuestas que llegarán a este órgano gestor, donde se evaluarán y se decidirán aquellas que se trasladarán al Consejo de Gobierno para su aprobación.

Según el informe presentado ayer al Ejecutivo, al que ha tenido acceso El Confidencial, los proyectos deberán tener como objetivo acelerar la transición ecológica y digital de Andalucía. Para ello, "deberán ser estratégicos, de gran calado (mínimo 10 millones de euros), con capacidad tractora y que conlleven la generación de riqueza y empleo, el fomento de la sostenibilidad y la digitalización, y un cambio estructural en siete áreas estratégicas definidas: activación, renovación, recarga y repostaje, conexión, modernización, expansión, y reciclaje profesional".

Este grupo tendrá como prioridad pensar en “proyectos-región” que den respuesta a necesidades estructurales, “aunque la Administración de la Junta de Andalucía no sea la competente”. Es decir, que la Junta puede pedir, por ejemplo, fondos para la conexión ferroviaria del puerto de Algeciras (dependiente del Ministerio de Fomento) si lo considera una prioridad para la comunidad.

La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía destinará 50 millones de euros a dotar de liquidez a las pymes industriales con ayudas de hasta 300.000 euros a fondo perdido. El Consejo de Gobierno ha aprobado mediante decreto ley esta medida extraordinaria y urgente, que tiene como objetivo paliar los efectos de la pandemia en el tejido industrial andaluz, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, que son las que presentan un mayor nivel de competitividad y cuya quiebra supondría un mayor deterioro de esta actividad y de su empleo.

Esta actuación, que se llevará a cabo a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), se enmarca en la reforma legislativa acometida por la Comisión Europea que permite a los Estados miembros usar la financiación europea, sobre todo el Programa Feder, para aportar liquidez a las pymes y sufragar el gasto sanitario con motivo de la crisis sanitaria del covid-19.

Esta línea de 50 millones está dirigida a empresas con más de nueve trabajadores y menos de 250, que presenten en el primer semestre de 2020, como consecuencia de la crisis del covid-19, una caída de su cifra de negocio de más del 25% respecto al mismo periodo de 2019. Los recursos están dirigidos a cubrir sus necesidades de capital circulante para afrontar el pago de suministros, proveedores, alquileres o nóminas y recuperar su nivel de actividad.

La convocatoria, que se abrirá en régimen de concurrencia no competitiva, se publicará antes de final de octubre y se resolverá antes del 31 de diciembre de este año. Las ayudas de hasta 300.000 euros se abonarán con la resolución, siguiendo las directrices marcadas por Bruselas, y para ser destinatarias de este fondo las firmas estarán obligadas a mantener la actividad al menos un año después del abono de la subvención. Las solicitudes a esta línea pueden presentarse a través de la oficina virtual de la Agencia IDEA a partir de su publicación en BOJA.

Iniciativas de apoyo al tejido productivo

Esta medida se suma a las iniciativas ya adoptadas por el Ejecutivo autonómico para hacer frente a los efectos de esta crisis sanitaria, entre las que destacan la línea de avales dotada con más de 50 millones para que las empresas andaluzas puedan acceder a una financiación bancaria de 600 millones de euros y otros 51 millones para subvencionar los gastos financieros que estas operaciones les pueden ocasionar.

A esto se añade el incremento en nueve millones de euros hasta alcanzar los 22 de la línea de ayudas de Transformación Digital para facilitar el teletrabajo en las empresas, o la moratoria aplicada tanto a la devolución de los préstamos que empresas andaluzas mantienen con la Junta de Andalucía como a los alquileres de espacios empresariales en los parques científicos y tecnológicos dependientes de la Consejería de Transformación Económica.

Asimismo, la Agencia IDEA adoptó acciones de carácter administrativo como una ampliación de plazo de hasta 18 meses para justificar la concesión de ayudas a través del Programa de incentivos dirigidos al Desarrollo Empresarial, la Mejora de la Competitividad, Transformación Digital y Creación de Empleo.

Reactivación de IDEA

Esta nueva medida ha sido posible en el marco de la reestructuración y reactivación de la Agencia IDEA, cuyo objetivo principal es convertir este instrumento en un ejemplo de transparencia y eficacia en la gestión de fondos públicos, entre ellos, los de origen europeo.

Los primeros resultados de esta reactivación se plasman en el nivel de ejecución actual de los programas de incentivos que gestiona esta entidad. En el marco del Programa de Desarrollo Industrial, se ha triplicado respecto a la etapa anterior el volumen de proyectos aprobados, de incentivos concedidos y de inversión privada, de forma que hasta el momento se han aprobado 91 millones para 1.347 proyectos empresariales, que comprometen una inversión privada de 245 millones y contribuyen al mantenimiento y creación de 16.000 empleos.

Asimismo, IDEA cumple con el compromiso de un calendario de convocatorias de ayuda a la I+D empresarial para 2020 con un presupuesto de 84 millones de euros. A través del Programa dedicado a la Investigación Industrial, el Desarrollo Experimental y la Innovación Empresarial, ya se ha dado luz verde a incentivos por valor de 16,64 millones para 96 proyectos, que prevén realizar una inversión privada de 70 millones de euros. Además, la Agencia ha puesto en marcha tres fondos de capital riesgo que buscan impulsar 'startups' y fomentar la expansión empresarial con una dotación de 45,5 millones.