Moncloa pide ayuda a las Big Four para llevar proyectos a Bruselas y no perder fondos UE

El tiempo apremia. El Plan Nacional que el Gobierno enviará a Bruselas a mediados de octubre necesita más manos, y por ello desde Moncloa y los diferentes ministerios se ha invitado a las cuatro grandes firmas de consultoría del mercado (las conocidas como Big Four) a participar en el proceso de formulación y canalización de propuestas del sector privado, dada la capilaridad sectorial que tienen Deloitte, PwC, EY y KPMG, según han confirmado diferentes fuentes implicadas en este trabajo.

Después de que España celebrara la asignación de hasta 140.000 millones de euros del fondo de recuperación de la UE, el Gobierno es consciente de los riesgos a los que se enfrenta para acceder a ese dinero: la propia preparación de los proyectos, el escaso margen en el calendario, la gestión compartida con las comunidades autónomas y la limitación de recursos de la Administración. Por ello, para agilizar tanto la identificación de proyectos como la redacción, se ha invitado a las Big Four a participar.

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De momento, el papel de las consultoras no es determinante para el primer plazo. El próximo 15 de octubre, España remitirá a Bruselas su plan de reformas, que será un documento de prioridades donde fijará objetivos concretos, calendario de aplicación y estimación de costes. A partir de entonces, comienza la cuenta atrás (hasta el 30 de abril de 2021), donde lo más importante será la capacidad de cada país de presentar proyectos para captar fondos. Y aquí el papel de las Big Four y otros organismos puede ser clave.

En la actualidad, Moncloa trabaja en dos niveles. Por un lado, con una unidad de seguimiento de la que cuelga un foro de interlocución con empresas del Ibex. Y por otro lado, desde los ministerios y sus distintos organismos, aunque serán las vicepresidencias de Nadia Calviño y Teresa Ribera las que harán una primera criba antes de ser revisados y priorizados por Moncloa, ajustándose a los cuatro ejes establecidos por el Gobierno: transición ecológica, digitalización, igualdad de género y cohesión social y territorial.

El grueso del trabajo actual recae sobre la estructura dirigida por Iván Redondo y Manuel de la Rocha, aunque la demora en la creación de la Oficina para la Reconstrucción, idea a la que trató de sumarse el líder popular, Pablo Casado, está generando cierta desorientación en el mundo empresarial ante la falta de interlocución clara. Aun así, las propuestas de los agentes económicos y grandes empresas no serán recogidas en esta primera fase hasta que no se tengan los detalles técnicos y formales de la UE.

Opinión

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Tanto desde CEOE como desde algunas de las patronales sectoriales con más peso en la economía española ven con cierto recelo el perfil de los interlocutores del sector privado elegidos por Moncloa (telecomunicaciones, energía, banca...), pues son poco representativos de la economía productiva del país, de las prioridades del grueso del tejido empresarial (incluidos los más afectados por la actual crisis) y de las oportunidades de transformación que ofrece el dinero del fondo de recuperación.

Estas tensiones reflejan la falta de información existente, aunque ahora mismo es el menor de los problemas para el Gobierno. Como reconocen desde alguna de las Big Four, su papel pasa por contribuir a que el diseño de los proyectos no se atasque y canalizar el flujo bidireccional entre ministerios y empresas, y viceversa. Y de entrada, trabajando pro bono. La prioridad es hacer que España acceda al máximo de fondos y no quedar a la cola en ejecución, como ya ha pasado con los 56.000 millones del periodo 2014-2020, de los que solo se gastó un 34%.