Andalucía denuncia la falta de transparencia del Gobierno con los fondos Next Generation

Andalucía, como el resto de comunidades autónomas, se encuentra a la espera de que se aprueben y empiecen a llegar los fondos previstos por la Unión Europea para ayudar a la recuperación de España tras la crisis sanitaria del covid-19, dotados con hasta 140.000 millones de euros, la mayor cuantía jamás recibida por el país en ayudas extraordinarias.

Sin embargo, los responsables de la Administración andaluza denuncian que a estas alturas siguen sin saber nada de los criterios de reparto ni de los plazos, a pesar de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez presentó ya el pasado 13 de abril ante los medios de comunicación el proyecto de plan de recuperación, transformación y resiliencia España Puede, y de que ayer mismo fue aprobado por el Consejo de Ministros para su envío en los próximos días a Bruselas, donde debe ser autorizado por las autoridades europeas.

El enfado del Ejecutivo de Juanma Moreno ha crecido en las últimas semanas conforme ha ido comprobando que el Gobierno central no solo no respondía sobre los proyectos que Andalucía ha presentado sino que tampoco atendía las peticiones de diálogo lanzadas desde esta comunidad.

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Ayer, la Junta de Andalucía denunció con rotundidad esta situación y subrayó que “no ha existido ni comunicación ni información a la hora de la redacción del plan de recuperación”, y explicó que, aunque el Gobierno andaluz ha hecho “reiterados llamamientos” para la convocatoria del órgano de coordinación entre el Estado y las comunidades, “no ha habido respuesta alguna desde el pasado 21 de enero”.

La Administración andaluza considera “imprescindible que el Gobierno de España propicie un compromiso global con las comunidades autónomas para el reparto de estos fondos europeos”. Además, advierte de que “cualquier retraso en la llegada de los fondos europeos de recuperación a las comunidades autónomas podría suponer un impacto negativo de 1,3 puntos en el producto interior bruto (PIB)”.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, presentó ayer al Consejo de Gobierno regional un informe sobre este plan tan esperado, pero tuvo que reconocer que, “a día de hoy, aún no se tiene ninguna noticia al respecto de nuestras peticiones”. El pasado mes de diciembre, la comunidad presentó 151 proyectos por importe de 35.000 millones de euros para que fueran incluidos en el plan nacional de recuperación.

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Se trata de proyectos, tanto de las administraciones públicas como de empresas privadas, que han sido validados por la Oficina Next Generation Andalucía, creada dos meses antes, en octubre. La metodología de trabajo se inició con la recepción de proyectos de dentro y fuera de la Junta de Andalucía por la Dirección General de Fondos Europeos. A continuación, se asignaron al grupo de trabajo correspondiente y, finalmente, se remitieron a la Oficina Next Generation. En concreto, como adelantó El Confidencial, esta oficina de la Junta recibió y analizó 317 proyectos por valor de 54.604 millones de euros, presentados tanto por sus propias consejerías como por la iniciativa privada. De ellos, validó finalmente 11 proyectos por un montante de 35.000 millones de euros tras estudiarlos en siete grupos de trabajo —tantos como líneas estratégicas ha marcado la UE—.

A estos proyectos analizados y validados por la Administración andaluza se unen decenas de proyectos de ayuntamientos y diputaciones de la región que fueron presentados ante la Junta la última semana de diciembre para que los elevara ante el Gobierno central. En concreto, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) remitió a la Junta una lista de proyectos de las ocho diputaciones y centenares de municipios que suman hasta 2.168 proyectos por un importe de 52.079 millones de euros.

Sin embargo, hasta la fecha, ni la Junta, ni las diputaciones ni los ayuntamientos tienen noticia alguna sobre sus proyectos, ni tampoco sobre los criterios que se usarán para el reparto de esos fondos, sobre los que Moncloa se ha arrogado toda autoridad.

El vicepresidente andaluz aseguraba ayer a El Confidencial que “ha habido unilateralidad del Gobierno de la nación en la redacción del plan de recuperación y cero información a las comunidades”. “España necesita un plan de reformas de verdad, consensuadas y ambiciosas, no más propaganda. No es de recibo hablar de un plan de recuperación que no ha consensuado con las autonomías y que ha vendido como propaganda nueve veces”, insiste.

Para el también líder de Ciudadanos en Andalucía, “el Gobierno del señor Sánchez no ha entendido nada. Estos son momentos de aunar voluntades, de sumar esfuerzos para dar respuestas a las demandas de los ciudadanos”. Además, advierte de que “el señor Sánchez no puede hacer el reparto a conveniencia, no vaya a volver a utilizar el modelo Plus Ultra, recibiendo ayudas de 53 millones de euros pese a no cumplir con los requisitos”.

Por otra parte, el Gobierno andaluz viene reclamando desde hace meses que, “para hacer un justo reparto, se utilicen los mismos criterios que el utilizado por la UE en el propio reparto de fondos a los distintos países miembros: en virtud de la renta, población y nivel de paro”. El Ejecutivo de Juanma Moreno cree que “es una trampa la utilización de criterios como la subida del paro, o la caída del PIB, que es similar para todas las comunidades, en vez de criterios objetivos como la población o el nivel de renta”.

“Este Gobierno no va a permitir el atropello a Andalucía frente al pago de favores políticos por parte del Gobierno central para incrementar la desigualdad territorial y financiera”, asegura el vicepresidente andaluz.

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A pesar de “trabajar a ciegas”, según Marín, “la Junta ha hecho todos sus deberes en tiempo y forma para evitar que se pierdan ni un solo euro ni un solo día en su inversión”. Para ello, el Gobierno andaluz aprobó el pasado mes de febrero un decreto ley que fue después respaldado por el Parlamento autonómico, para agilizar la gestión de los fondos europeos para la recuperación. Esa normativa recoge medidas de simplificación y coordinación para facilitar la ejecución y el control de los proyectos financiados con los recursos procedentes del fondo Next Generation.

En concreto, el decreto ley pretende tres objetivos estratégicos: simplificar la normativa para lograr la tramitación urgente y prioritaria de estas actuaciones; agilizar en la medida de lo posible los procedimientos de programación, presupuestación, gestión, ejecución y control de las iniciativas, y optimizar y racionalizar al máximo los recursos de la Administración para aumentar su eficacia.

Así, se ha creado una nueva Dirección General de Contratación, dependiente de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, que será la encargada de esta función de impulso, seguimiento y control de los contratos que se financien con estos fondos, y que estará apoyada por la Oficina Técnica de Coordinación de la Contratación con Fondos Europeos, como unidad administrativa técnica especializada.

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En materia de gestión de personal, prevé las acciones necesarias para reorganizar los efectivos en función de las necesidades de personal relacionadas con la ejecución de proyectos. Además, se reconoce la posibilidad de retribución extraordinaria por consecución de objetivos mediante productividad u otras retribuciones variables.

“Hemos incorporado más de 1.800 millones de los fondos React EU al presupuesto. Hemos adelantado el dinero porque no nos ha llegado ni un céntimo de los fondos en todo lo que llevamos del año 2021”, explica Juan Marín.

Además, “hemos puesto en marcha un plan de simplificación burocrática, y hemos reorganizado la estructura administrativa y la hemos reforzado con la incorporación de más de 3.000 personas para estar preparados cuando el Gobierno del señor Sánchez tenga a bien repartir los fondos”.

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Por ello, reclama una reunión de la Conferencia de Presidentes y otra del Consejo de Política Fiscal y Financiera donde poder afrontar de forma coordinada entre el Gobierno central y las comunidades autónomas "un plan en el que todos nos jugamos mucho".

El plan nacional de recuperación prevé la movilización de más de 140.000 millones de euros de inversión pública hasta 2026 en España, con una fuerte concentración de las inversiones y reformas en la primera fase del plan, que cubre el periodo 2021-2023.

Por ello, se centra en detallar las inversiones que se desplegarán en el periodo 2021-2023, por un total cercano a los 70.000 millones de euros, destinados a la transformación verde (39,1%) y digital (29%), la educación y formación (10,5%), la I+D+i (7%) y el refuerzo de la inclusión social y la cohesión en todo el territorio (14,4%).