El Gobierno acusa a la Junta de obviar el impacto ambiental para agilizar inversiones

La intención del Gobierno de Juanma Moreno de facilitar al máximo todas las inversiones en Andalucía, especialmente las relacionadas con la llegada de fondos europeos para potenciar las energías verdes, le está suponiendo críticas precisamente desde ámbitos ecologistas y desde el ministerio del ramo por relajar la normativa y los criterios para la construcción de esas nuevas instalaciones en la región.

Así lo puso de manifiesto incluso la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el pasado domingo 28, Día de Andalucía, al publicar un mensaje en las redes sociales en el que felicitaba a los andaluces por su festividad, pero mostraba una imagen del BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) en la que se lee subrayado un cambio legal que permite al Ejecutivo autonómico la potestad de eliminar la evaluación de impacto ambiental de algunas inversiones en la comunidad. "Así no… Confío en una rápida rectificación de la Junta de Andalucía", subrayaba la representante del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El documento mostrado es parte de un extenso decreto ley de la Consejería de Hacienda y Fondos Europeos, que dirige Juan Bravo, aprobado hace dos semanas que trata de adaptar la Junta de Andalucía al “enorme reto” de la llegada de las ayudas de la UE y su obligada tramitación en tiempo récord, “que supondrá un incremento más que notable de la carga de trabajo de la mayoría de unidades administrativas durante los próximos años, no solo en las que directamente asuman su gestión, sino también en todas aquellas actividades de la Junta de Andalucía relacionadas con aquellos proyectos, que tendrán que afrontar este desafío con recursos limitados”.

El Gobierno andaluz justifica que “eso hace preciso revisar la normativa y los procedimientos e instrumentos de gestión pública y afrontar reformas que permitan contar con una Administración más ágil y apta para responder al citado desafío, haciéndolo sin disminuir sus obligaciones de control”.

Sin embargo, el punto ahora cuestionado y señalado por la ministra es una disposición adicional que recoge que “el Consejo de Gobierno, a propuesta del órgano sustantivo, en circunstancias excepcionales y mediante acuerdo motivado, podrá excluir un proyecto determinado de la evaluación de impacto ambiental, cuando su aplicación pueda tener efectos perjudiciales para la finalidad del proyecto”.

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La representante del Ejecutivo de Pedro Sánchez fue la primera en reaccionar, vía Twitter, respondiendo “sin medio ambiente no hay progreso. Es más, una de las condiciones de acceso a los fondos europeos es, precisamente, demostrar que su aplicación no genera daño ambiental”.

Desde el ministerio prefieren no ahondar en la polémica desatada por la ministra hasta ver la aplicación que hace la Junta de este cambio normativo, pero recuerdan que la legislación nacional es más estricta que la andaluza en materia de exigencia medioambiental.

En concreto, la Ley de Evaluación Ambiental aprobada en 2009 también permite “en supuestos excepcionales y mediante acuerdo motivado” excluir un proyecto determinado de la evaluación de impacto ambiental “para la protección de las infraestructuras críticas que hayan sido dañadas como consecuencia de acontecimientos catastróficos o cuyo refuerzo sea necesario para garantizar la seguridad nacional”.

En ese caso, la Administración General del Estado o la de las comunidades debe decidir “si procede someter el proyecto a otra forma alternativa de evaluación que cumpla los principios y objetivos de esta ley”.

También la normativa andaluza modificada permite ahora la carencia de evaluación ambiental pero no solo para reparación de infraestructuras críticas sino para otros proyectos, y tampoco requiere de una forma alternativa de evaluación. De momento, desde el Ministerio de Transición Ecológica no prevén recurrir la normativa andaluza, aunque vigilarán su aplicación.

Simplificación administrativa

Con esa medida, el Gobierno andaluz sigue dando pasos en la línea de simplificar tanto las leyes como la burocracia de la Administración autonómica para facilitar las inversiones, si bien con mayores dificultades de las previstas inicialmente.

Así, se cumple ahora un año de la aprobación del decreto ley de la Junta de Andalucía de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva, que modifica 21 leyes, 6 decretos y más de 100 trámites. Aquella medida estrella del Ejecutivo de Juanma Moreno fue recurrido al Tribunal Constitucional por el Gobierno central por permitir obras sin esperar la licencia en el entorno del patrimonio protegido, así como por un cambio normativo en torno a las radios municipales. Ambas administraciones llegaron a un acuerdo el pasado mes de octubre y la Junta modificó las medidas más polémicas.

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El pasado mes, la Consejería de Desarrollo Sostenible hizo pública una guía para el análisis de la ubicación de parques solares fotovoltaicos, que incluía un mapa de zonas en tres tipos de áreas para instalar parques solares en función de su compatibilidad con la protección del medio ambiente: zona no compatible, zona de compatibilidad condicionada y zona compatible.

La Junta tuvo que retirar poco después esa guía tras la queja de las principales empresas del sector, que consideran que supone un nuevo retraso a las grandes inversiones previstas, además de criticar que no había sido negociado con los principales afectados. Esa marcha atrás ha sido duramente criticada después por los grupos ecologistas, que consideran que la Administración autonómica se ha plegado a los intereses privados. Por contra, la Junta asegura que está en diálogo permanente con las partes para "encontrar el equilibrio que permita compatibilizar las inversiones previstas de los parques solares fotovoltaicos con la preservación de la biodiversidad de la región".

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En estos momentos, Andalucía tiene más de 300 proyectos de parques solares fotovoltaicos que están en proceso de tramitación. Se están promoviendo unos 13.000 megavatios (MW) de renovables y previsiblemente, en un futuro próximo, cuando se amplíe la capacidad de las infraestructuras de transporte eléctrico, se podrán promover otros 11.000 MW. La demanda prevista en Andalucía de nueva potencia a instalar de aquí al año 2030 es de unos 26.000 MW, unos 2.500 MW por año de media. Todos esos proyectos suponen una inversión superior a los 20.000 millones de euros.

De hecho, uno de estos parques solares ha sido declarado recientemente de “interés estratégico” por el Gobierno andaluz. Se trata de una figura puesta en marcha el pasado año para que diversas inversiones empresariales puedan contar con un interlocutor único en la Junta de Andalucía. Se trata de los denominados 'project manager' que se enmarcan dentro de la denominada aceleradora de proyectos y cuya labor consiste en agilizar al máximo los trámites y perseguir a las consejerías más lentas. El presidente andaluz, Juanma Moreno, explicó que podrían asistir en ocasiones al Consejo de Gobierno para pedir explicaciones a algún representante del Ejecutivo por algunos retrasos de tramitación, si bien la pandemia echó por tierra esa idea de presencialidad.

Hasta el momento, la Junta ha declarado tres proyectos de interés estratégico: la ampliación de las instalaciones de la multinacional Cosentino en Almería, el proyecto de “Fondo de barril” de Cepsa en el puerto gaditano de Algeciras, la nueva planta de laboratorios Rovi en Granada y un parque solar fotovoltaico de Solarbay High Power en varios municipios de Sevilla, si bien tiene numerosas peticiones para acogerse a esta novedosa fórmula que ha encontrado un gran éxito entre los empresarios.