La Junta retira su mapa de parques solares de Andalucía tras la presión de los inversores

El 'boom' de los parques solares fotovoltaicos ha propiciado en los últimos días un fuerte debate en los despachos de la Junta de Andalucía entre las empresas inversoras, los grupos ecologistas e incluso dentro de diversos departamentos del Gobierno de Juanma Moreno, que ha terminado con la retirada por parte de la Consejería de Medio Ambiente de una guía para el análisis de la ubicación de estas grandes instalaciones de energías renovables.

En estos momentos, Andalucía (al igual que las vecinas Extremadura y Castilla-La Mancha) vive una enorme proliferación de nuevas solicitudes de parques solares fotovoltaicos (PSF). Más de 300 proyectos están en proceso de tramitación. Se están promoviendo unos 13.000 megavatios (MW) de renovables y previsiblemente, en un futuro próximo, cuando se amplíe la capacidad de las infraestructuras de transporte eléctrico, se podrán promover otros 11.000 MW. La demanda prevista en Andalucía de nueva potencia a instalar de aquí al año 2030 es de unos 26.000 MW, unos 2.500 MW por año de media.

Todos esos proyectos suponen una inversión superior a los 20.000 millones de euros y una gran oportunidad para Andalucía de liderar en España y la UE este sector. El propio presidente andaluz se ha puesto al frente de esta "revolución verde" y en la remodelación del Gobierno andaluz que hizo en verano decidió asumir las competencias en esta materia a la vez que creaba un Comisionado para el Cambio Climático que depende directamente de él.

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Sin embargo, esos proyectos millonarios, además de crear riqueza y empleo, van a transformar profundamente el campo andaluz, como ya se puede comprobar en muchos municipios cercanos a Sevilla y Huelva, dominados por grandes extensiones de paneles solares. Teniendo en cuenta que cada MW de potencia instalada viene a ocupar por término medio unas dos hectáreas, la superficie transformada por los parques solares fotovoltaicos alcanzará una magnitud de decenas de miles de hectáreas (más de 50.000).

Para intentar poner algo de orden, los técnicos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, que dirige Carmen Crespo, trabajaron el pasado año en la elaboración de un borrador de Instrucción que pudiera ordenar y normalizar la evaluación ambiental de los innumerables proyectos de instalaciones fotovoltaicas que se están presentando en Andalucía para tratar de hacerlos compatibles con la conservación de la biodiversidad, sobre todo en las áreas donde pudieran afectar a las aves esteparias amenazadas (desde las populares perdices y codornices a otras aves menos conocidas como las avutardas, cernícalo primilla, alondra ricotí o sisón). Se trata de especies habituales en los campos de cereales de secano que son en los que van a instalar la mayoría de los parques solares, ya que su instalación en estos puntos es mucho más barato que en tierras de cultivos leñosos como olivar o almendros.

La superficie transformada por los parques solares fotovoltaicos alcanzará una magnitud de decenas de miles de hectáreas (más de 50.000)

El trabajo fue desarrollado durante el pasado año por los servicios técnicos de los departamentos de Prevención Ambiental y sobre todo de los de Geodiversidad y Biodiversidad de la Junta a demanda de los servicios provinciales de la Consejería y también tras la petición de numerosos ayuntamientos a los que les están llegando proyectos de inversión.

El pasado mes de diciembre, la Consejería decidió convertir el borrador de Instrucción en un documento no vinculante y, tras realizar algunas modificaciones, lo presentó como 'Guía para el análisis de la ubicación de los proyectos de las plantas solares fotovoltaicas en Andalucía'. La Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos la envió por correo electrónico a sus responsables en las distintas provincias para su conocimiento el pasado 30 de diciembre.

Guía con zonas y medidas compensatorias

Esa guía, a la que ha tenido acceso El Confidencial, entraba en vigor el 1 de enero y recoge un mapa que divide Andalucía por zonas en tres tipos de áreas para instalar parques solares en función de su compatibilidad con la protección del medio ambiente: zona no compatible, zona de compatibilidad condicionada y zona compatible.

Además, en aquellos puntos en los que finalmente se permite la instalación de parques solares fotovoltaicos, la guía prevé la reclamación a sus promotores de 500 euros anuales por hectárea ocupada para la realización de medidas compensatorias que permitan ayudar a mantener en otros sitios el hábitat de las especies afectadas.

La guía preveía que los promotores de parques solares abonen 500 euros anuales por hectárea para medidas compensatorias medioambientales

Para hacer más clara cada una de las zonas, la Consejería elaboró un mapa municipalizado denominado Visor de Condicionantes Ambientales (VCA) que publicó en su web para que cada empresa pudiera comprobar si su proyecto se ajustaba a las zonas previstas en la guía. Tanto la guía como el visor han provocado la inmediata reacción de las empresas de energías renovables, muchas de las cuales tienen proyectos en marcha que consideran ese cambio normativo una amenaza a sus inversiones y un nuevo retraso que impide la agilidad que vienen tiempo reclamando.

El pasado mes de octubre, la Asociación de Energías Renovables de Andalucía (Claner) ya trasladó al nuevo comisionado para el Cambio Climático y Modelo Energético de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Muñoz, la inquietud del sector por el hecho de que la Administración andaluza no cuente con recursos personales suficientes para tramitar el volumen de proyectos renovables actualmente existentes en la región, por más de 20.000 millones.

La demanda ha sido atendida, según reconoce el presidente de Claner, Alfonso Vargas, que confía en que la actual situación se normalice tras el anuncio de la Junta de que va a incorporar a más personal a la Dirección General de Energía para agilizar los expedientes presentados.

El sector teme que la Administración andaluza no cuente con recursos personales suficientes para tramitar el volumen de proyectos renovables

Sin embargo, tras conseguir ese compromiso con el departamento dependiente de la Consejería de Hacienda que dirige Juan Bravo, la Consejería de Medio Ambiente presentó en enero esta guía que ha encrespado los ánimos de estas empresas, que recuerdan que el tiempo medio para poder hacer realidad un parque solar presentado ante la Junta es de casi tres años, por lo que requieren medidas para agilizar las inversiones en lugar de nuevos obstáculos.

Vargas insiste en que "no estamos en contra de la guía pero sí de cómo se ha llevado a cabo, sin la más mínima consulta ni interlocución", a la vez que recuerda que todos los proyectos presentados ya cumplen con la normativa, respetando los criterios de la Red de Información Ambiental de Andalucía (Rediam), la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, etc., además de tener que superar una declaración de impacto ambiental que otorga la propia Junta de Andalucía (o el Gobierno central en proyectos de más de 50 MW).

Por ello, los empresarios han hecho llegar su malestar y preocupación al presidente andaluz a la vez que han empezado a desplegar una estrategia para frenar o mitigar el impacto de la medida de la Consejería de Medio Ambiente, reclamando una negociación. De momento, con el apoyo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), mantuvieron un encuentro con el secretario general de Medio Ambiente en el que, finalmente, la Junta se comprometió a retirar tanto la guía como el visor de la web (que fue eliminada la pasada semana) y abrir una mesa de interlocución a través de la Comisión de Medio Ambiente de la CEA.

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Esta marcha atrás ha indignado a los grupos ecologistas, que lo consideran una "bajada de pantalones" de la Junta ante los empresarios. Así, desde Ecologistas en Acción denuncian la "intromisión ilegítima de los promotores de energía fotovoltaica, bloqueando el intento de ordenación y regulación de sus proyectos" y reclaman a la Junta de Andalucía y el Gobierno central una planificación, ordenación y regulación estricta y con carácter vinculante de la energía fotovoltaica.

Este grupo ya había mostrado previamente su queja porque la guía presentada en enero rebajaba las directrices del primer documento, que limitaba aún más las zonas en las que se permite la instalación de estos parques solares. Y considera que ahora la Administración pretende flexibilizarlo aún más para hacerlo a la medida de las necesidades de los empresarios.

José Terrón, de Ecologistas en Acción, advierte del enorme impacto que van a tener esas miles de hectáreas de paneles solares en el campo andaluz, especialmente en las zonas de cereales de secano. Además, subraya que la guía es pobre "ya que se fija exclusivamente en las afecciones a las aves esteparias, pero deja al margen de toda consideración otros impactos de la fotovoltaica no desdeñables, como es el impacto paisajístico (el Convenio Europeo del Paisaje ni lo menciona), la preservación de agrosistemas extensivos o la protección edáfica".

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Para este grupo, lo que se está produciendo con esta "burbuja de parques solares es similar a lo de la construcción en la primera década del siglo, con comisionistas buscando ayuntamientos y alcaldes dispuestos al cambio de uso de las tierras al olor del dinero de las renovables". En este sentido, recuerda que "con datos de la propia Administración el 60% de los proyectos presentados serán vendidos por sus promotoras posteriormente en un negocio que está generando gran especulación".

Proyectos troceados

Por su parte, la Plataforma por la conservación de las aves esteparias y sus hábitats denuncia una "nueva claudicación" de la Junta ante los empresarios y subraya que "estamos asistiendo a una muerte silenciosa de nuestras estepas y campos. Cada vez se escuchan menos cantos de pájaros antaño comunes, y es que han desaparecido los insectos de los que muchos de ellos se alimentan".

Además, denuncian que no se están teniendo en cuenta los "efectos sinérgicos" de unos parques solares junto a otros. En ese sentido, un portavoz de la plataforma, Francisco Contreras Parody, explica que "se están troceando los proyectos para que cada uno tenga menos de 50 MW y así sortear la competencia del Gobierno central, que es más restrictiva".

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Un ejemplo sería el proyecto que la Junta ha declarado recientemente de "Interés estratégico" y que una empresa promueve en los municipios sevillanos de Aznalcóllar, Guillena, Gerena y El Garrobo. El proyecto contempla la instalación de 12 parques fotovoltaicos con capacidad para albergar una potencia conjunta de 594 megavatios (MW) y ocuparán unas 1.500 hectáreas. La inversión prevista supera los 367 millones de euros y genera casi 1.000 empleos.

Por su parte, desde la Secretaría General de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía prefieren no entrar en polémica sobre la guía y recuerdan que no se ha aprobado ninguna modificación normativa pero subrayan que están en "diálogo permanente tanto con los empresarios como con las organizaciones ecologistas para encontrar el equilibrio que permita compatibilizar las inversiones previstas de los parques solares fotovoltaicos con la preservación de la biodiversidad de la región".