Una nueva vuelta de tuerca de Marruecos con Ceuta: poner trabas a las trabajadoras transfronterizas

"Estamos deseando que vuelvan las muchachas", declaró, en abril de 2022, Salvadora Mateo, entonces delegada del Gobierno en Ceuta. "Te lo digo empezando por mí, que estar trabajando aquí por la mañana y estar de limpieza por la tarde, la verdad es que cuesta", añadió ante la prensa. Sus palabras, subtituladas en varios idiomas, dieron la vuelta a medio mundo.

La delegada se refería a las trabajadoras marroquíes que cruzaban a diario la frontera entre ambos países hasta que la pandemia incitó a las autoridades de Rabat a cerrarla. Se reabrió en mayo de 2022, pero no todas las asistentas han vuelto a la ciudad autónoma. Las autoridades marroquíes ponen cada vez más trabas a su regreso.

Antes de la pandemia serían algo más de 2.000 los transfronterizos que pasaban a diario a Ceuta para trabajar legalmente, la mayoría eran mujeres que limpiaban hogares, porque estaban dados de alta en la Seguridad Social. Ahora ya solo pueden cruzar menos de la mitad. Ese número no parece que vaya a crecer, pese a que la demanda de mano de obra es algo mayor en Ceuta.

Aquellos marroquíes que cuentan con un contrato de trabajo, deben solicitar un visado en el Consulado de España en Tetuán válido para entrar en Ceuta y darse allí de alta en la Seguridad Social. Desde hace ya un mes las autoridades fronterizas marroquíes rechazan ese documento. Imposible, por tanto, pasar a Ceuta para iniciar los trámites para empezar a trabajar y cobrar una nómina.

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"Los casos se multiplican y las autoridades marroquíes no dan explicación alguna", se lamenta al teléfono Javier Casas, delegado en Ceuta del Colegio de Graduados Sociales. Más se quejan aún, en redes sociales, los marroquíes que no pueden ocupar el puesto de trabajo que les espera. Casas se reunió esta semana con la delegada del Gobierno en la ciudad, Cristina Pérez, que le aseguró, según él, que "se está trabajando activamente para encontrar una solución adecuada".

Se da la paradoja que mientras Marruecos poner trabas a sus ciudadanos deseosos de trabajar del otro lado de la frontera, España les da más facilidades. El Ministerio de Trabajo estudia una reforma para que los transfronterizos marroquíes puedan cobrar la prestación por desempleo, tras haber cotizado a la Seguridad Social, sin residir en España.

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La explicación que Javier Casas espera probablemente no llegue nunca porque es más bien política, según sospechan varios dirigentes ceutíes. Rabat no acepta el visado específico para Ceuta porque rechaza que las autoridades españolas puedan expedir un documento para entrar en una ciudad que consideran marroquí, pero "ocupada" por España. De paso, desvinculan un poco más, laboral y económicamente, a Ceuta de su entorno marroquí, olvidándose de que en la vecina Castillejos hay mucho paro.

La decisión de Rabat sobre los visados es coherente con su política con relación a Ceuta y Melilla. No acepta, por ejemplo, las sentencias civiles de los tribunales de las dos ciudades ni las comisiones rogatorias de sus jueces por el mismo motivo, porque están "ocupadas".

La política de asfixia de Ceuta, y también de Melilla, Rabat la acentuó en 2018 con el cierre de la aduana comercial de esta última ciudad, que llevaba abierta siglo y medio. A día de hoy sigue cerrada, pese a que el presidente Pedro Sánchez declaró el 21 de febrero en Rabat que la relación con Marruecos "pasa por su mejor momento en décadas". Tampoco se ha inaugurado aquella aduana que él mismo anunció para Ceuta en la rueda de prensa que dio en Rabat el 7 de abril de 2022. En Rabat no se atrevió ya a dar fechas para su entrada en funcionamiento.

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Las aduanas impulsarían el crecimiento económico de ambas ciudades y también facilitarían que los pocos turistas marroquíes que las visitan —necesitan ahora un visado Schengen— pudieran hacer algunas compras y llevárselas de vuelta a su país. Hoy en día es imposible. Los aduaneros marroquíes no aplican en esas fronteras terrestres el régimen de viajeros vigente entre todos los aeropuertos internacionales y puertos de Marruecos. Este permite llevarse consigo recuerdos por un importe algo inferior a los 200 euros.

Para los ceutíes y melillenses que tienen familia del otro lado de la frontera, sobre todo los musulmanes, rige el mismo régimen: nada de obsequios en sus visitas a Marruecos. "No se nos permite sacar ni un solo producto en régimen de viajeros", se quejaba el diputado local melillense, Amín Azmani, en un vídeo que grabó en vísperas del viaje de Sánchez a Rabat. "¿Cómo es posible que se tolere esto cuando desde Marruecos a Melilla se permite la entrada de prácticamente cualquier producto?", se preguntaba.

Cruzar esas fronteras terrestres con Marruecos es, con frecuencia, un vía crucis en el que hay que invertir horas. "Marruecos tiene que mejorar su sistema de identificación de peatones y vehículos", insistía Azmani. "Pedimos que se habiliten todos los carriles, de entrada y salida, todos los días de la semana", añadía. Hasta la pandemia, Melilla tuvo cuatro puestos fronterizos, de diversas características, con Marruecos, pero hoy en día solo está abierto uno.

A todo esto se añade la inmigración irregular, sobre todo la llegada de menores procedentes de Marruecos de los que se hace cargo la ciudad. Desde que en mayo de 2021 se produjo la invasión migratoria pacífica de Ceuta, nunca habían llegado tantos, la mayoría a nado. En total, la ciudad tutela a 242, de los que 206 llegaron este año, una cifra que duplica su capacidad. La desaparición de la vigilancia policial en el pueblo marroquí colindante de Beliones ha estimulado la emigración.

Para contarle todos estos problemas "desde la lealtad institucional" y pedirle soluciones, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), escribió el 13 de febrero una carta a Pedro Sánchez pidiéndole que le diera una cita en la Moncloa. No le ha contestado. El Ministerio de Juventud e Infancia sí anunció, sin embargo, este viernes que propondría a la Comisión sectorial de Infancia y Adolescencia dedicar 30 millones al "traslado solidario" a la Península de menores inmigrantes no acompañados de Canarias (470) y Ceuta (100).

Vivas recuerda en su misiva que el plan integral para el desarrollo de Ceuta, anunciado por el Gobierno a bombo y platillo en 2022, y la Estrategia de Seguridad Nacional, aplicable en ambas ciudades y que se empezó a elaborar en 2021, no se están cumpliendo.

Peor aún, el Gobierno ha echado una mano, quizás involuntaria, a la estrategia marroquí tendente a asfixiar a las dos ciudades autónomas. El año pasado suprimió las bonificaciones del 50% de las cuotas de la Seguridad Social de las que se beneficiaban los empresarios ceutíes y melillenses desde que así lo decidió el Ejecutivo de José María Aznar en 2004. "Esta ha sido la puntilla que quedaba ya por dar al empresariado", afirmó Arantxa Campos, presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta.