paga un precio político

Marruecos impone un visado encubierto para frenar la emigración hacia España

Los ciudadanos de tres países de África deberán obtener una autorización electrónica para poder volar al aeropuerto de Casablanca, desde donde muchos se trasladaban a la costa en busca pateras

Foto: Salvamento Marítimo traslada al puerto de Almería a 122 tripulantes de una patera. (EFE)
Salvamento Marítimo traslada al puerto de Almería a 122 tripulantes de una patera. (EFE)

De África subsahariana no solo intentan emigrar hacia España, a través de Marruecos, los más menesterosos. Hay también jóvenes con estudios y recursos suficientes para adquirir un billete de avión y volar a Casablanca evitando así un largo y arriesgado viaje por tierra que conlleva con frecuencia cruzar fronteras cerradas como la de Argelia con Marruecos. Una vez en Casablanca emprenden viaje hacia el norte del país dispuestos a embarcarse en una patera.

Los europeos llevan años sugiriendo a las autoridades marroquíes que reintroduzcan el requisito del visado para los ciudadanos de esos nueve países africanos que no lo necesitan para entrar en Marruecos. Rabat se había resistido hasta ahora. Su prioridad es estrechar lazos con una parte del continente cuyo respaldo diplomático solicita para derrotar al Frente Polisario. Al sur del desierto del Sáhara, Marruecos es además el segundo inversor africano después de África del Sur.

A finales de octubre el Ministerio del Interior marroquí hizo, sin embargo, una primera concesión a esa solicitud europea. Anunció la imposición, a partir del pasado jueves, de una autorización electrónica de viaje que los ciudadanos de Guinea-Conakry, Mali y Congo-Brazzaville deberán obtener antes de viajar a Marruecos. Tendrán que solicitarla cómo mínimo 96 horas antes de la salida de su vuelo y presentarla en el aeropuerto para poder embarcar. La medida se asemeja mucho al permiso previo (ESTA, según sus siglas en inglés) que muchos ciudadanos europeos necesitan para entrar en Estados Unidos.

El anuncio marroquí se produjo menos de una semana después de que el presidente Pedro Sánchez confirmase en el Congreso de los Diputados que, tras meses de gestiones de la diplomacia española en Bruselas, la Unión Europea ayudaría a Marruecos con 140 millones de euros para luchar contra la emigración irregular. A ese gesto se añade una aportación de España valorada en 2,55 millones de euros consistente fundamentalmente en el envío de 75 vehículos todoterreno de grandes dimensiones valorado cada uno en 34.000 euros.

Los tres países subsaharianos elegidos por las autoridades marroquíes no lo han sido al azar. Los ciudadanos de Guinea-Conakry y Mali, después de los de Marruecos, son los más numerosos entre los inmigrantes irregulares que entran en España. En los diez primeros meses de este año han llegado 53.382, según informó el viernes el Ministerio del Interior español que rehúsa proporcionar el desglose por nacionalidades. La cifra es la más alta de la historia y supone un incremento del 153,5% con relación a 2017. Interior prevé que a finales de año se superarán los 60.000, un 40% más que en 2006, el que había sido hasta ahora el peor año migratorio con la llamada “crisis de los cayucos” en Canarias.

Un pescador habla con migrantes que intentan alcanzar Tarifa en una patera procedente de Marruecos, el 27 de julio de 2018. (Reuters)
Un pescador habla con migrantes que intentan alcanzar Tarifa en una patera procedente de Marruecos, el 27 de julio de 2018. (Reuters)

Los gobiernos de los tres países afectados no han reaccionado a la decisión unilateral marroquí, pero sí lo ha hecho su prensa que muestra su descontento. “Marruecos instaura un visado encubierto para los malienses”, titulaba 'Mali-Actu'. “Marruecos toma una decisión inamistosa contra Guinea”, recalcaba 'Africa-Guinée”' “La noticia ha caído como un hacha”, aseguraba 'Guinée 360'. Otros países de la zona, como Níger, temen que no tarde en aplicárseles.

La medida es importante. Es la primera vez que Marruecos acepta pagar un precio político para contener la inmigración. Otros gestos recientes marroquíes hacia España y Europa no tenían prácticamente ningún coste diplomático, de cara a sus vecinos africanos, y su eficacia era dudosa. Los ministros de Interior y Exteriores, Fernando Grande-Marlaska y Josep Borrell, alabaron al unísono la decisión marroquí de readmitir, el 22 de agosto pasado, a 116 subsaharianos que habían saltado la valla de Ceuta. Rabat aplicaba así el acuerdo de readmisión, suscrito con España en 1992, y que hasta entonces había incumplido salvo en media docena de ocasiones.

Dos meses después, el 21 de octubre, tuvo lugar en Melilla otro salto masivo, pero esta vez los subsaharianos se habían aprendido la lección. De los 209 que entraron en la ciudad solo 55 pudieron ser devueltos a Marruecos porque la mayoría de ellos se acogieron a su derecho a solicitar el asilo e impidieron así su inmediata expulsión. Esos 55 también hubiesen querido pedir protección pero no se les dio esa oportunidad, según el escrito enviado al Defensor del Pueblo por el decano del Colegio de Abogados de Melilla, Blas Jesús Imbroda, y desvelado por 'Confilegal'.

A ese puñado de inmigrantes no se les llevó a los juzgados para que allí otorgasen su apoderamiento a los letrados de guardia, según explica Imbroda. Estos no pudieron, por tanto, iniciar acciones judiciales contra la devolución, “aun cuando por los propios asistidos manifestaron individualmente a los abogados su deseo de interponer los recursos pertinentes”. El decano del Colegio considera que se vulneró así el artículo 24 de la Constitución “al impedirles el acceso a los Juzgados y Tribunales (…)”.

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