Moncloa se sacude la presión con la amnistía: "Ellos verán, vamos a seguir gobernando"

El Gobierno quiere creer que Carles Puigdemont aprobará finalmente la ley de amnistía. Pero no tiene una sola certeza. La interlocución permanece abierta y aun así no es posible encontrar a un solo miembro del Ejecutivo o de la dirección del PSOE que dé por seguro que habrá un acuerdo. En cambio, ya hay quien apunta que el expresident es capaz de tumbar la norma: ya ha forzado una prórroga para un nuevo dictamen, hasta el 7 de marzo. Y personas de diferentes partidos políticos que le han tratado a lo largo de su trayectoria coinciden en que es "impredecible".

El enigma Puigdemont perturba al PSOE. La "hipótesis" con la que se trabaja, según fuentes del Gobierno, es que se alcanzará un pacto en torno al nuevo dictamen que debe aprobar la Comisión de Justicia. Pero el Ejecutivo ha empezado a sacudirse la presión sobre el futuro de la ley, que ha supuesto la clave de bóveda de la investidura de Pedro Sánchez. "Ellos verán. Nosotros vamos a seguir gobernando", aseguran fuentes del Ejecutivo.

Nadie da detalles de cómo el Gobierno de coalición podría hacer viable la legislatura sin apoyo parlamentario suficiente, pero los presupuestos ya están prorrogados y a corto plazo no existe ninguna votación acuciante. Sánchez ya es presidente y, recuerdan en el Ejecutivo, en el PSOE "no tenemos a nadie que se vaya a beneficiar de la amnistía". En conclusión, que Puigdemont sabrá.

Lo cierto es que, pese a las largas negociaciones para la investidura, el expresident les resulta indescifrable. Ni la Moncloa ni el PSC lograron entender ayer a cuenta de qué Junts daba su apoyo a una iniciativa legislativa popular para declarar la independencia de Cataluña. La Mesa del Parlament admitió a trámite este texto, que devuelve la política catalana al año 2017, gracias a los votos de JxCAT y la CUP, entre ellos, el de la propia presidenta del Parlament, Anna Erra, que es una persona muy próxima a Puigdemont.

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La decisión dejó absolutamente desconcertados a los socialistas. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, no supo qué responder cuando se le preguntó por ello en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Y, después, todos los esfuerzos de la Moncloa se centraron en restarle relevancia con la tesis de que "en el Parlament hay posiciones maximalistas que después no tienen traducción".

La realidad es que los socialistas no saben a qué atenerse con Junts, porque todas las declaraciones del Gobierno se examinan con lupa y pueden tener una respuesta, normalmente negativa. Ocurrió con la investidura. El PSOE firmó el acuerdo con ERC y la reacción de Puigdemont fue demorar varios días la firma del pacto para no compartir protagonismo y aquilatar aún más el texto a sus exigencias.

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El elemento ERC, la despiadada competición que mantienen las dos formaciones independentistas, está también detrás de lo que sucedió ayer en la Cámara catalana. Más que la voluntad de enmarañar las conversaciones con el Gobierno, al avalar la tramitación de la ILP, la percepción en Cataluña es que Junts ha querido poner en un brete a los republicanos. Que aunque el elemento esencial del debate político es sacar adelante la amnistía, Puigdemont no es capaz de renunciar a dar patadas en los tobillos de Oriol Junqueras. Esta es la lectura que hace ERC y en la que coincide también el PSC.

La Mesa aceptó la ILP separatista presentada por el partido extraparlamentario Solidaritat Catalana per la Independència en contra del criterio de los letrados del Parlament. Detrás de esa formación están quienes se declaran en contra de la amnistía y del entendimiento de Junts y de ERC con el Ejecutivo de Sánchez. Y que en las próximas elecciones autonómicas podrían configurar un cuarto partido independentista, además de la CUP.

Pero fuentes de Junts desvinculan el apoyo de Anna Erra de las conversaciones sobre la amnistía. Y lo atribuyen solo a que se pueda hablar de todo en el Parlament. Sin embargo, reconocen que la propuesta de Solidaritat Catalana es una trampa que sí busca perjudicar la negociación con el Gobierno y favorecer esa cuarta lista del independentismo que pretende reivindicar el 1-O.

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Y si los de Puigdemont han optado por darles carrete, ha sido para dejar en evidencia a ERC y que quede señalado como el partido que se abstiene ante una iniciativa para declarar la independencia. Para los republicanos, resulta obvio, porque el papel de la presidenta del Parlament fue fundamental. En caso de empate, tiene voto de calidad en la Mesa y podía haber hecho que la ILP decayese, alegando que el contexto político es hoy muy diferente a 2011, cuando Solidaritat, el partido que entonces lideraba Joan Laporta, la impulsó.

La Moncloa es muy ajena a todos estos movimientos, pero son muy conscientes de que la disputa con ERC es un factor que explica muchas de las decisiones de Junts. A la espera de poder alumbrar un acuerdo sobre la amnistía, la Mesa del Congreso, a petición de los socialistas, ha dado un nuevo plazo para elaborar otro dictamen de la Comisión de Justicia: el próximo 7 de marzo.

Hay más tiempo, pero las piezas del puzle son las mismas. En el Ejecutivo, reiteran que ellos "no se mueven" y no aceptarán las exigencias de Junts, porque hacerlo, han repetido en distintas ocasiones, podría convertir la ley en inconstitucional. Y Junts tampoco se baja del burro de que para aprobar la ley los delitos de terrorismo y los de alta traición deben incluirse en la amnistía, precisamente porque Puigdemont y personas de su entorno tienen investigaciones judiciales abiertas por estos hechos indiciariamente enmarcados en estos tipos penales.

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En ERC, ven también que esta nueva prórroga de 15 días, a la que Junts contribuye porque no se ha alcanzado aún un pacto, busca perjudicar a sus encausados en el primer juicio para la segunda línea de los instigadores del procés. El próximo 10 de abril, el Tribunal de Justicia de Cataluña abre juicio contra la consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, el presidente del grupo parlamentario de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, y el presidente del puerto de Barcelona, Lluís Salvadó.

A estos últimos se les acusa de delitos de desobediencia y malversación. Sin la ley de amnistía en vigor, la posibilidad de que no se suspenda el juicio es muy alta y eso dejaría a buena parte de la cúpula de ERC como mínimo inhabilitada. JxCAT vive ahora de ese tipo de victorias.

Salir del "atolladero"

Estas cuitas y la petición de nuevas cesiones de Puigdemont complican mucho la vida al Gobierno. Aunque fuentes del Ejecutivo y de Ferraz sostengan que se puede gobernar en minoría, lo cierto es que Sánchez quiere estabilidad y una legislatura de cuatro años. Pero la sensación que se extiende en el Consejo de Ministros es que Junts se ha metido en un hoyo (al tumbar la ley en el debate en el pleno del Congreso y forzar su devolución a la Comisión de Justicia) del que no sabe cómo salir.

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El Gobierno no ceja en la búsqueda de soluciones, con concesiones en otras leyes al margen de la amnistía, pero, como adelantó La Vanguardia, la semana pasada se reunieron en Barcelona el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el secretario general del Junts, Jordi Turull, y la portavoz en la Cámara Baja, Míriam Nogueras, y no hubo ni un solo avance. En la Moncloa y en Ferraz, se agarran a la presión de todos los posibles amnistiados sobre Puigdemont como un elemento decisivo para que el líder de Junts termine dando su respaldo a la ley. Pero fuentes del independentismo señalan que esta es una visión muy madrileña y opinan que al expresident esto no le afecta en nada.

En cualquier caso, el Gobierno se prepara para que la ley, si al final sale adelante, sea "al límite" —el plazo es el 7 de marzo—, que es como le gusta negociar a Junts. Ninguna de las fuentes consultadas se atreve a aventurar cuál será la salida. "Cualquiera que permita salir de una vez por todas del atolladero", resume una persona en Barcelona.