Sumar quiere quitarle más competencias al CGPJ mientras esté en funciones

"Nos hubiera gustado ir más allá con el CGPJ". La frase de un destacado miembro de Sumar resume la frustración del partido de Yolanda Díaz por no haber logrado arrancar promesas concretas al PSOE sobre qué hacer con el Consejo General del Poder Judicial mientras siga con el mandato caducado, así como para impulsar su renovación. Llega cuatro años y casi 11 meses tarde, y no hay visos de que la situación vaya a cambiar en el corto plazo. La redacción de este apartado del pacto de gobierno anunciado el martes es "algo ambigua", asumen, toda vez que no aclara qué quiere hacer la coalición con el órgano de gobierno de los jueces.

Fuentes de Sumar aseguran que apuestan por quitarle más competencias —el anterior Gobierno de Pedro Sánchez ya les retiró muchas—, para dejarlo únicamente con las que consideran expresamente recogidas en la Constitución. En esto, como en otras materias, reconocen que el PSOE arrastra los pies. "No sé cuánto tiempo más vamos a tener que esperar para solucionar esta situación", afirma un dirigente de la coalición que comanda Díaz. El escenario actual sigue agravando "el colapso" de una Justicia ya seriamente afectada, y sostienen que la fórmula que ya esbozaban en su programa electoral sigue plenamente vigente. Van más allá de lo que recoge el texto. Mientras este órgano no se renueve, apuestan por transferir sus competencias al Ministerio de Justicia, "como en Francia o Alemania". "Esto no va de levantar mucha más polémica". "Nadie puede quejarse mucho si se adaptan las competencias a las constitucionales", abundan.

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El programa electoral de Sumar no era tan claro. Planteaba reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para "ajustar las competencias del CGPJ a las funciones relativas a su estatuto y el régimen de incompatibilidades de los miembros del Consejo, así como lo relativo a la ordenación de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario", "con el objeto de incrementar la eficacia del funcionamiento de la Justicia como un servicio público para la ciudadanía". No especificaba, por tanto, que estos cambios debieran aplicarse ante un Consejo con el mandato caducado. "Respaldaremos que, una vez expirado su mandato, cesen automáticamente vocales y presidente", comprometía el documento.

Sumar descarta hoy volver a la senda ya transitada cuando Podemos lideraba su espacio político, que supuso registrar una reforma para rebajar la mayoría necesaria para elegir a los 20 vocales del CGPJ en las Cortes Generales. El PSOE apoyó inicialmente esta norma, a finales de 2020, y después abandonó este barco, aunque sí avaló la modificación para retirarles competencias. Con esta reforma, pasaron de 24 a 15 las tareas del CGPJ contempladas en la ley, y después los socialistas y Unidas Podemos volvieron a modificar la norma, a finales de 2022, para desbloquear la elección de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que correspondía nombrar al órgano de gobierno de los jueces.

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La rápida reacción de la Comisión Europea ante el registro de una proposición de ley para rebajar la mayoría necesaria para elegir a los vocales del CGPJ (3/5 de las cámaras) llevó al PSOE a recular. Después de varios amagos de actuación, más o menos explícitos, hoy no aclara qué quiere hacer ante el bloqueo, más allá de reclamar al PP que deje de impedir la renovación, que supone una exigencia legal.

En su programa electoral, el Partido Socialista evitaba mojarse: "Promoveremos el cumplimiento de la Constitución en lo referente a la renovación de órganos constitucionales, especialmente el Consejo General del Poder Judicial, impidiendo que la deslealtad constitucional de algunos actores políticos afecte al prestigio y a la salud de las instituciones". El texto pactado con Sumar, y que en las filas de Díaz reconocen que se queda corto, dice exactamente lo mismo. Solo cambia "promoveremos" por "garantizaremos".

Las pistas del Constitucional

El PSOE evita enseñar sus cartas, pero fuentes jurídicas advierten de que una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, la que desestimaba el recurso de Vox contra el cambio realizado en 2021 para restar algunas de sus funciones al CGPJ, contiene varias pistas de por dónde podrían transitar. Según estas fuentes, el fallo allana el terreno para un posible nuevo recorte de competencias, al afirmar, con distintas fórmulas, que el régimen que la Constitución prevé para el CGPJ solo se aplica "a un Consejo en plenitud de funciones". Y, por tanto, que un Consejo cuyo mandato ha expirado no goza de las facultades constitucionales que establece el artículo 122 de la Constitución.

Las competencias que aún hoy ostenta en funciones, explican, son fundamentalmente "técnicas", "de supervivencia administrativa", y esta sentencia viene a decir que, estando en funciones, el CGPJ básicamente debe funcionar "como un gestor administrativo". "Se ha de reconocer al legislador orgánico la potestad normativa necesaria, no solo para desarrollar las funciones propias del CGPJ, sino incluso para establecer un régimen excepcional aplicable transitoriamente a la vez que expira el mandato constitucional de cinco años", reza el fallo.

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Este mandato de cinco años, añade el texto, es la "única previsión clara e inequívoca del art. 122.3 CE". Esto supone, abundan, que el Constitucional señala que la Carta Magna solo blinda específicamente el mandato de cinco años del Consejo, y no las funciones específicas que debería ostentar transcurrido ese plazo. "El constituyente previó una diferencia constitucional entre el CGPJ integrado por miembros dentro de su mandato de cinco años y el CGPJ integrado por miembros con mandato ya caducado y no renovado, dando lugar a una situación anómala no querida por el constituyente y que es posible regular dentro del margen concedido al legislador", reza el fallo.

Después de que el PSOE intentara modificar el sistema de mayorías para elegir el CGPJ "a las bravas", las fuentes consultadas señalan con preocupación la base que puede suponer esta sentencia para actuar. Bruselas ya impidió un cambio en el sistema de mayorías, pero la puerta abierta con este fallo, sostienen, puede servir de armazón a otras maniobras, bien para restarle más funciones, bien para promover otros cambios.