Yolanda Díaz saca la 'ley mordaza' cuando le preguntan cómo regular la prensa

"Pongamos fin a este fango". Con este axioma, Pedro Sánchez concluyó la declaración con la que anunció este lunes que seguirá al frente del Gobierno. El presidente hizo referencia a los “bulos deliberados” que, a su juicio, condicionan el debate político. Insistió en la misma idea en la entrevista que concedió por la noche en TVE, y si por la mañana no hizo una mención expresa a los medios de comunicación, en la televisión pública sí señaló a los periódicos digitales que, según él, son responsables de las campañas de "desinformación". No planteó ninguna medida concreta para acabar con este tipo de prácticas, más allá de una generalidad sobre "abrir una reflexión" en la que también participe el sector. El discurso no es nuevo y con su carta abierta a la ciudadanía, Sánchez ya puso en el punto de mira a los periódicos que han publicado informaciones sobre su mujer, entre ellos El Confidencial. Tras la comparecencia del jefe del Ejecutivo en la Moncloa y bajo el mismo marco, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, planteó una serie de medidas para que “el punto y aparte” de Sánchez no quede en nada. Entre ellas, la reforma de la ley mordaza. Fue la respuesta que dio a un periodista que le inquirió qué hacer para combatir las fake news.

Aunque Díaz no ahondó más en la cuestión y desde su equipo matizaron después que la vicepresidenta no plantea introducir en la reforma de la ley mordaza, pactada con el PSOE en el acuerdo de la coalición, ningún tipo de medida que afecte a los medios de comunicación, Sumar sí que planteó en su programa electoral una “regulación soft” de la libertad de expresión para protegerla de “usos fraudulentos”. Además, y tras la polémica generada, una primera versión del programa de la formación para las elecciones del 23-J fue retirada por plantear “sanciones graves y la expulsión de la carrera periodística a quien manipule”. No es el único socio del PSOE que plantea un cambio legislativo relativo a los medios de comunicación. Podemos exigió directamente este lunes a Sánchez una ley de medios.

Fue el propio presidente, a través de la carta que difundió en X (antes Twitter), quien apuntó a una supuesta operación orquestada por la “derecha y la ultraderecha” política, judicial y mediática para atacarle a él y a su mujer. Justo ese día, El Confidencial había publicado en primicia la investigación abierta por un juzgado de Madrid contra Begoña Gómez por un presunto delito de tráfico de influencias a instancias de Manos Limpias. Previamente, este periódico había desvelado los vínculos de Gómez con Javier Hidalgo, consejero delegado de Globalia, el holding propietario de Air Europa rescatado con dinero público, o con Víctor de Aldama, presunto comisionista del caso Koldo, además de haber firmado dos cartas de recomendación para que el empresario Carlos Barrabés se hiciese con sendos contratos públicos.

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El Confidencial

Yolanda Díaz insistió en que “el punto y aparte” debe venir acompañado de hechos. “Más clara no puedo ser”, aseguró la vicepresidenta segunda, a la que el escenario de una repetición electoral, si este finalmente se hubiese producido, le habría pillado con una marca que no atraviesa sus mejores momentos por la importante crisis interna que vive, con sonadas discrepancias con algunos de los partidos que se integraron en Sumar, entre ellos IU y Compromís.

Díaz volvió a sacar del cajón la reforma del CGPJ, el órgano de Gobierno de los jueces, para que no dependa del PP ni se negocie con los populares. “No solo la reforma del Poder Judicial, no solo la vulneración de la Constitución que hace de su artículo 122 el señor Feijóo”, señaló para apuntar a continuación a la ley mordaza. “Digo también que las libertades en nuestro país están en juego y que la ley mordaza que está en el acuerdo de Gobierno, que no fuimos capaces de sacar en la legislatura anterior, ahora sí, como estamos ante un punto y aparte, tiene que ser transformada”, zanjó la ministra de Trabajo tras una pregunta específica sobre los medios de comunicación.

El acuerdo de Gobierno al que hizo referencia Díaz contempla el compromiso de PSOE y Sumar de reformar y derogar la ley mordaza en “aquellos aspectos de la normativa vigente que limitan los derechos de reunión y libertad de expresión”. “Esta nueva legislación estará basada en una concepción progresista y garantista de la seguridad ciudadana y jurídica, y priorizará la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía”, señala el punto del acuerdo que hace referencia a la ley y enumera la regulación del derecho de reunión y manifestación, la identificación y registro corporal, la utilización de técnicas preventivas y disuasorias y, por último, la identificación de agentes. También apunta al compromiso de garantizar “la libertad de información y la transparencia informativa”.

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Para ser reformada, PSOE y Sumar tendrían que volver a presentar una proposición, ya que la registrada la legislatura pasada, una vez disuelto el Congreso para las elecciones del 23-J, decayó. Ya el pasado mes de marzo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una intervención defendió que intentaría buscar los consensos necesarios para volver a abordar la reforma de la norma, como también reclaman el resto de socios del Ejecutivo de coalición. De hecho, el PNV fue el grupo que registró la pasada legislatura la iniciativa.

La polémica del programa electoral

El primer programa que Sumar presentó a las elecciones del 23-J levantó una fuerte polémica porque contemplaba "graves sanciones y expulsión de la carrera periodística a quien manipule y desinforme". El objetivo era, según el texto, “acabar con las informaciones falsas”. Ante las críticas, el partido reculó y señaló que esa primera versión se había publicado con un “error” y que dicho punto formaba parte de un borrador previo que nunca debió salir a la luz.

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Finalmente, la propuesta de Sumar para la aprobación de un Estatuto de la Información y la creación de un Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales quedó así redactada: “Elaboraremos un Estatuto de la Información para proteger a los y las profesionales del sector e instaurar un código deontológico que acabe con las informaciones falsas. Se pondrá en marcha del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) como órgano regulador, supervisor y sancionador del sector”. Pero más allá de esta propuesta, la formación también contemplaba una “regulación soft” de la libertad de expresión.

Se refería a “promover un debate público que culmine en códigos de buenas prácticas y compromisos de las partes”. Además, planteaba otras medidas, en concreto, una “ley orgánica sobre el derecho a dar y recibir información veraz o la reforma del derecho de rectificación de las informaciones falsas”. “Y, como hemos de proteger la libertad de expresión, deberemos revisar los delitos de opinión y de odio, así como modificar o, en su caso, derogar parcialmente la ley de seguridad ciudadana”, añadía el programa de Sumar.