Sánchez y Díaz pactan otra reforma forzosa del CGPJ que obvie al PP

Casi 50 páginas de documento y una breve línea para decirlo todo. El acuerdo programático suscrito este martes por el PSOE y Sumar hace referencia a la situación anómala que atraviesa el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y desliza una amenaza para el PP, el último en romper un pacto casi ya cerrado hace meses a raíz de los primeros ecos de la negociación sobre el delito de sedición y malversación. El Gobierno que aspira a la investidura asegura de forma rotunda que garantizará "el cumplimiento de la Constitución en lo referente a la renovación de órganos constitucionales, especialmente el CGPJ", y dice que lo hará "impidiendo que la deslealtad constitucional de algunos actores políticos afecte al prestigio y a la salud de las instituciones públicas".

Desde hace semanas, el temor de una reforma dura que elimine de la ecuación del pacto al PP comenzó a cundir entre la judicatura. Hasta ahora, esa desazón se templaba con la creencia de que el PSOE alentaba la vuelta de esas ideas pasadas de reforma legal como forma de presión para obligar a los populares a pactar. Ahora, no obstante, la idea no especificada se ha puesto negro sobre blanco.

La estrategia que sopesa el Ejecutivo consistiría, por un lado, en recuperar la idea de reformar la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial y cambiar la mayoría de tres quintos que deben recabar los candidatos tanto en el Congreso como en el Senado para que se produzca su elección. Pasaría a ser suficiente una mayoría simple. Por otra parte, buscarían sacar el Senado de la ecuación. La Cámara Alta es compleja para el Gobierno en funciones, ya que el PP cuenta con mayoría suficiente como para entorpecer cualquier iniciativa que no comparta. Por eso, 12 de los integrantes del Consejo, los procedentes de la carrera judicial, serían seleccionados por el Congreso en exclusiva. En total, la Cámara Baja elegiría así a 16 vocales, puesto que también votaría a cuatro de los ocho juristas.

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El PSOE y Sumar se apoyarían para esta reforma en la redacción de la Constitución en lo que afecta al Consejo. En ella, se precisa la elección entre las dos cámaras y la obligatoriedad de las mayorías reforzadas en el caso de los ocho juristas, pero no de los 12 jueces. En su artículo 122.3, la Carta Magna precisa en concreto que el CGPJ estará integrado por "veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años". "De estos, doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión", indica.

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La reciente sentencia en la que el Tribunal Constitucional avala la actual limitación del Consejo en funciones ha venido, además, en auxilio de esta tesis. El Ejecutivo interpreta que su redacción propicia el aval de esta idea de reforma dura. El resultado sería un Consejo abrumadoramente progresista en el que el PP no podría proponer nada más que a unos pocos candidatos simbólicos. El grueso de los nuevos componentes del órgano de gobierno de los jueces sería pactado por el PSOE con sus socios naturales: ERC, Bildu, el PNV y Junts.

Debate en el PP

Los contactos entre el PP y el PSOE para impulsar un pacto se rompieron por enésima vez en octubre de 2022. Los populares suspendieron la negociación aludiendo a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantenía la intención de reformar el delito de sedición para contentar a ERC y conseguir su apoyo de cara a la aprobación de los presupuestos. Desde entonces, los contactos no se han reanudado y es más bien poco probable que se recuperen en el actual escenario, con la exigencia de amnistía que lidera Carles Puigdemont.

Pese a todo, el debate en el PP está abierto. Hay quienes empujan para tratar de llegar a un acuerdo en el medio plazo (y no perder así el equilibrio tradicional de fuerzas en el órgano) y quienes se niegan a ceder al "chantaje". Este último grupo cierra del todo la puerta a un acuerdo si no se produce un cambio en el actual sistema de elección que deje en manos de los jueces la elección de sus representantes en el Consejo. El proyecto del PSOE se toparía, no obstante, con las reticencias de Europa, que ya criticó con dureza el anterior amago de rebajar las mayorías parlamentarias para la renovación.