El Constitucional valora respaldar la vacunación de niños cuando los padres están en desacuerdo

Semana intensa en el Tribunal Constitucional. Un pleno maratoniano y cargado de temas de especial relevancia abordará en su recta final un caso sin precedentes hasta ahora y sobre el que no existe doctrina. Analizará varios recursos presentados en representación de varios menores y ancianos que fueron vacunados en su día contra el covid por orden de los jueces, después de que los padres o tutores discreparan al respecto. La ponencia ha recaído en la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, que respalda que debe favorecerse la protección tanto de los afectados como de los que los rodean frente a otros derechos en liza.

Los recursos de amparo fueron admitidos en septiembre de 2022, al entenderse que plantean un problema que afecta al principio de igualdad, al derecho fundamental a la integridad física y moral, al derecho a la protección de la salud y a la intimidad personal y familiar. También avisaban ya entonces de que la cuestión trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de "relevante y general repercusión social".

Los recurrentes discutían la orden de vacunación. Alegaban que la inoculación de un medicamento en fase experimental debe tener siempre carácter voluntario y, por lo tanto, las resoluciones judiciales que les obligaron a inyectarse iban en contra de derechos fundamentales reconocidos no solo en la Constitución, sino también en los convenios y tratados internacionales.

Los juzgados de familia sufrieron en 2021 su ola particular relacionada con el covid. La vacunación de los menores dio lugar a un aluvión de solicitudes de autorización o de paralización judicial de la inoculación de las dosis en aquellos casos en los que existía discrepancia entre los padres sobre si sus hijos debían o no inmunizarse. Las dudas se incrementaban al tratarse de la población más vulnerable y las diferencias de criterio, sobre todo en parejas separadas o divorciadas, obligaron a la Justicia a pronunciarse.

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En un abrumador número de casos, los tribunales fallaron a favor del tutor favorable a vacunar, y lo hicieron teniendo en cuenta las recomendaciones de las autoridades sanitarias y la falta de evidencias que demuestren que existe peligro. Las primeras sentencias, primero de Barcelona y después de Alicante, dieron la razón al progenitor que quería vacunar frente al que se oponía. Para decidir en contra de una recomendación pública de esta magnitud, los magistrados necesitan indicios concretos de la existencia de un riesgo en el caso particular que estudian. De este modo, la única posibilidad de que se paralice cautelarmente la inyección es que aquel que se oponga presente una pericial con datos precisos que acrediten el peligro para el menor por sus circunstancias específicas.

La resolución pionera, por ejemplo, se limitó a asignar la responsabilidad de la decisión a uno de los progenitores. El que quería vacunar, eso sí. El padre manifestó su rechazo a la vacunación por la "incertidumbre" sobre la eficacia de los fármacos y por las posibles reacciones. Sus hijos explicaron a la jueza que no querían recibir "los pinchazos" porque el padre les hablaba de los "efectos negativos" de los preparados, aunque no supieron concretar cuáles eran esas consecuencias. Según la resolución, el padre no argumentó su oposición a la vacuna "más allá de información que parece haber recogido en internet y redes sociales".

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Una segunda jueza, en este caso de Alicante, se pronunció posteriormente con argumentos similares. La magistrada destacó que prevalecen los dictámenes a favor de la vacunación de menores emitidos tanto por la Agencia Europea del Medicamento como por parte del Ministerio de Sanidad, y el deseo de la menor de inmunizarse frente a la opinión del padre, que cuestionaba los beneficios de las vacunas, según recoge la sentencia. La niña, que ya había recibido la primera dosis antes del juicio, fue inoculada por segunda vez un día después de la emisión del fallo.

En aquel caso, el padre y la madre estaban separados y él denunció tras conocer que su exmujer había inmunizado a la niña. Sus alegaciones volvían a ser, como en el primer caso, genéricas. "Las vacunas están en fase experimental, que en los estudios practicados no se habían introducido a menores, que no consta prescripción médica ni receta o que no hay consentimiento informado", relata la sentencia. También aducía que la menor "padecía un desorden genético" sin prescripción facultativa y dudaba de si los efectos secundarios de los sueros podían constituir una agravante. Y finalmente, siempre según el fallo, "cuestionaba los beneficios de la vacunación en menores".