Una jueza permite a una madre no vacunar a su hijo debido a "la incertidumbre científica"

Una magistrada acaba de dar la razón a una madre que se oponía a vacunar a su hijo en contra del criterio del padre, que defendía la necesidad de hacerlo. En un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, la jueza respalda las dudas de la tutora del menor y considera que la baja tasa de mortalidad infantil por covid y la "incertidumbre científica actual sobre la vacuna del covid" justifican la "prudencia" ante la inmunización. "Las vacunas no inmunizan y se ha constatado que nos movemos en un terreno de inseguridad científica, plagado de incertidumbre", dice el auto que, tras ponderar los riesgos y los beneficios para el niño, concluye que los primeros tienen más peso ante la posibilidad de "efectos adversos de gravedad a corto plazo" y el desconocimiento de los que puedan darse a medio y largo plazo.

La jueza, titular del Juzgado de Primera Instancia 2 de Icod de los Vinos (Tenerife), se apoya en diversa prueba documental aportada por la madre e ignora la voluntad del niño, de 15 años, que manifestó expresamente que deseaba vacunarse al considerar que si las autoridades recomiendan hacerlo "es porque es confiable" y porque considera que los no vacunados "lo pasan peor al contraer el virus". La progenitora aportó, por su parte, un informe del Instituto Carlos III en que se ofrecían cifras de mortalidad y hospitalización de menores ingresados y una pericial de parte elaborada por un doctor en ciencias químicas.

Según desarrolla en el auto, existen abundantes precedentes y jurisprudencia acerca de condenas a farmacéuticas y administraciones públicas respecto a distintos medicamentos. Los daños —dice— se detectaron "tiempo después". Cita, en concreto, las lesiones sufridas por un hombre a raíz de la vacunación obligatoria contra la viruela en 1975 y el caso de la talidomida, el medicamento que en los años sesenta se suministró en España a las embarazadas y provocó malformaciones fetales. "Es difícil, por no decir imposible, poner en una balanza los efectos adversos a medio o largo plazo de la vacuna del covid, cuando los mismos son desconocidos en el momento actual, de forma que, lo que se está poniendo en uno de los lados de la balanza es una interrogación, una incógnita, para la que a fecha de hoy nadie puede ofrecer una respuesta certera, pues nadie lleva varios años vacunado del covid", explica.

La magistrada desdeña los beneficios y los tacha de "muy, muy escasos". Argumenta que ha quedado acreditado que los menores de edad apenas sufren las consecuencias del covid, atendiendo a la baja mortalidad (0,00023861%) y la baja hospitalización con pronóstico grave, en UCI (0,002484%), de los menores de 19 años, con base en la documentación presentada por la madre. Tampoco ve beneficios para terceros o de protección para familiares de alto riesgo como los abuelos y defiende que las cifras de contagio actual son prueba suficiente de que la vacuna no evita la transmisión.

"Vacunar a los niños cuando el covid apenas tiene incidencia entre ellos, bajo el pretexto de que así protegen a sus abuelos, sería éticamente dudoso, máxime cuando hay mecanismos que se han revelado eficaces para evitar la propagación del virus tales como mascarillas u otras precauciones, siendo que en los casi dos años que llevamos de pandemia (uno de ellos sin autorización alguna para comercializar vacunas) no consta que el menor hubiere contraído el virus ni que lo hubiere contagiado a nadie", dice.

"Hace un año, no se había comenzado con la campaña de vacunación del covid en España, y, sin embargo, ahora, tras casi un año suministrándose dicha vacuna, y con una alta tasa de vacunación que ronda el 80%, los datos de contagio no son mejores. Ello nos lleva a confirmar lo que ya se sabía, que las vacunas no inmunizan", añade.

"Sin ensayos clínicos"

Otro de sus argumentos es el estado de desarrollo de las vacunas o medicamentos contra el covid. "Ninguna de ellas cuenta con una autorización de vacuna que ha finalizado sus ensayos clínicos", dice. Añade que la Comisión Europea, por previa recomendación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), ha concedido una autorización condicional de comercialización de emergencia a varias empresas o entidades farmacéuticas.

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A. Gómez

También destaca el auto que la madre es directora en un centro hospitalario y que, por su cargo, ha tenido acceso "a informes científicos y a información distinta de la ofrecida por los medios de comunicación convencionales o a las recomendaciones ofrecidas por los cauces oficiales". "No por provenir de organismos públicos, han de ser necesariamente las acertadas, pues, como ejemplo, recordemos que al inicio de la pandemia, por parte de las autoridades sanitarias se desaconsejaba el uso de mascarilla, que ahora es obligatorio en espacios cerrados", explica. Contra su decisión, a la que se opuso la Fiscalía, cabe recurso en un plazo de 20 días.

Como ya publicó este medio, la postura de esta magistrada es la excepción y no la norma. En la gran mayoría de casos, los tribunales fallan del lado del tutor favorable a vacunar y lo hacen teniendo en cuenta las recomendaciones de las autoridades sanitarias y la falta de evidencias que demuestren que existe peligro. Las primeras sentencias sobre la cuestión comenzaron a publicarse a partir del pasado septiembre. Tribunales, primero de Barcelona y después de Alicante, dieron la razón al progenitor que quería vacunar frente al que se oponía. Fuentes jurídicas consultadas explican que para decidir en contra de una recomendación pública de esta magnitud, los magistrados necesitan indicios concretos de la existencia de un riesgo en el caso particular que estudian. De este modo, la única posibilidad de que se paralice cautelarmente la inyección suele ser que aquel que se oponga presente una pericial con datos precisos que acrediten el peligro para el menor por sus circunstancias específicas.