Reproches en el TC por el fallo sobre el CGPJ: "Prescinden de los límites constitucionales"

Los cuatro magistrados del bloque conservador del Tribunal Constitucional han reprochado a la mayoría progresista sus "excesos" en la interpretación de la Carta Magna. En un voto particular, al que ha accedido El Confidencial, en contra del fallo que avaló este lunes, por siete votos frente a cuatro, la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que le impide realizar nombramientos para la cúpula judicial mientras se encuentre en funciones, critican a la mayoría progresista haber obviado con su decisión los límites que impone la Constitución.

Según indica el voto particular que formulan los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa la reforma "choca frontalmente con estos límites" y, prescindiendo de ellos y obviando la naturaleza del Consejo General del Poder Judicial, pone en riesgo las bases que consiguen que funcione como un órgano autónomo creado para la defensa de la independencia judicial.

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La mayoría progresista rechazó los recursos de PP y Vox, y descartó así que el actual CGPJ, de mayoría conservadora, desbloquee las decenas de nombramientos que han ido acumulándose durante los últimos dos años y medio. Para los cuatro discrepantes, la reforma legislativa provocó "una desnaturalización del órgano de gobierno del poder judicial cuando está en funciones, al privarle de las potestades esenciales atribuidas para el cumplimiento de su cometido constitucional, y por afectar a los principios de independencia judicial y separación de poderes".

Para el bloque conservador, la decisión "minusvalora la función de garantía de la independencia del Poder Judicial que le corresponde al Consejo" y permite al avalar esas estas limitaciones que queden afectadas "sustancialmente" las funciones que precisamente justifican su existencia: por un lado, intervenir en la elección y nombramiento de jueces, como elemento necesario para garantizar la independencia de los órganos judiciales, y por otro, intervenir en el ejercicio de la potestad disciplinaria judicial, con la finalidad de evitar que se convierta en "instrumento de presión".

El PSOE y Unidas Podemos sacaron adelante esta reforma en marzo de 2021 y el Tribunal Supremo acumula ya 23 vacantes de un total de 78 magistrados. Si se suman los tribunales superiores, las audiencias provinciales y la Audiencia Nacional, los nombramientos pendientes superan los 80. "Si el CGPJ tiene como misión fundamental velar por la independencia de los jueces, no proceder a su renovación en tiempo y forma no deja de ser una manera de cercenar la plenitud de esa independencia, del mismo modo que lo es mantener al más alto tribunal de la nación en una situación crítica, casi de respiración asistida", criticó el presidente del Supremo en funciones, Francisco Marín Castán, durante la apertura del año judicial del pasado 7 de septiembre.

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El Gobierno siempre ha defendido la reforma del CGPJ como un intento de forzar su renovación, pero, en junio de 2022, corrigió la misma para lograr otro de sus principales objetivos: la renovación del Constitucional y el correspondiente cambio de fuerzas a favor de los progresistas. Para conseguirlo, el Gobierno permitió al CGPJ hacer los nombramientos que le correspondían en este tribunal y mantuvo el bloqueo para el resto.

La renovación del Tribunal Constitucional terminó por llevarse a cabo el pasado enero y las fuerzas se reequilibraron con siete progresistas frente a cuatro conservadores, además de la elección de Cándido Conde-Pumpido como presidente. Esta nueva mayoría progresista es la que ha avalado ahora la reforma del CGPJ, que el próximo diciembre cumplirá cinco años con el mandato caducado.

María Luisa Balaguer, que estaba a cargo de la ponencia apoyada de forma mayoritaria, defiende en el borrador de la resolución que esa prohibición para nombrar cargos "no tiene otra finalidad que dar respuesta a una eventual anomalía: el incumplimiento del mandato constitucional de renovar [el CGPJ]". Según la magistrada, no existe vulneración alguna de la Constitución ni la medida atenta contra la independencia del CGPJ. Considera que, si los nombramientos siguieran adelante pese a tener el mandato caducado, los partidos (en este caso el PP) se sentirían tentados de alargar de manera antinatural esta situación "para que este continuara ejerciendo unas funciones de nombramiento con enorme peso en la designación de jueces y magistrados en determinados puestos, y con un elevado nivel de discrecionalidad en el ejercicio de esas funciones".