El análisis del Consejo Editorial de EC: la amnistía virtual y la política de choque

La amnistía, la sesión de investidura fallida del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la entrada de Saudi Telecom (STC Group) como accionista en Telefónica y el caso Rubiales son cuatro de los grandes temas que están marcando la actualidad. Para analizar su impacto en el plano político y económico, El Confidencial ha celebrado su cuarto Consejo Editorial del año.

Este encuentro, presidido por José Antonio Zarzalejos, contó con la asistencia de José Antonio Sánchez, presidente ejecutivo y editor de El Confidencial; Nacho Cardero, director del periódico; los directores adjuntos Carlos Sánchez y Miquel Roig; Rebeca Fernández, redactora jefa; Itziar Reyero, jefa de nacional; Esteban Hernández, jefe de opinión; Ignacio Varela, analista de El Confidencial, consultor político y experto en estrategias electorales y análisis de la opinión pública; Fernando Abril-Martorell, consejero delegado de Urbaser y expresidente de Indra; Joaquín de Fuentes Bardají, socio director del despacho de abogados Escalona & De Fuentes, responsable de su departamento de Derecho Público y abogado del Estado en excedencia; y Marta García Aller, Ramón González Férriz, y Javier Caraballo, periodistas y columnistas del diario.

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El primer punto abordado fueron los aspectos jurídicos y políticos de la amnistía, en una ponencia que corrió a cargo de José Antonio Zarzalejos y Joaquín de Fuentes. A su juicio, es "dudosa" la constitucionalidad de esta medida porque "concierne a la seguridad jurídica, a la división de poderes y a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales". Además, por su naturaleza, "implica la deslegitimación de la actuación de los Tribunales en la crisis de Cataluña" y, apuntaron, no existe doctrina del TC acerca de la constitucionalidad de la amnistía "porque nunca se ha planteado".

En el plano político, ambos recordaron que los partidos en el Gobierno en funciones "no han incluido en sus programas electorales la propuesta de una ley de amnistía" y, de hecho, existen "rotundas y recientes declaraciones contra su constitucionalidad" tanto del presidente del Ejecutivo como de sus ministros. A ello se suma que la Mesa del Congreso ni calificó ni tramitó la proposición de ley de amnistía presentada por grupos parlamentarios catalanes en mayo de 2021, "basándose en el dictamen de los letrados de la Cámara, que consideraron totalmente inconstitucional la iniciativa".

Los partidos en el Gobierno en funciones "no han incluido en sus programas electorales la propuesta de una ley de amnistía"

Otro aspecto importante es el impacto que tendría la amnistía sobre las decisiones políticas tomadas respecto al procés y el discurso del rey Felipe VI del 3 de octubre. Zarzalejos entiende que "deslegitima" políticamente al jefe del Estado, al Gobierno y al Senado, mientras que Joaquín de Fuentes considera que no se produciría tal deslegitimación ni del monarca ni del Ejecutivo que propuso al Senado la adopción de medidas al amparo del artículo 155.

El debate también se centró en si esta figura vulnera el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución. De Fuentes señaló que para valorarlo, habrá que esperar "a la razonabilidad que exprese la propia ley". Por su parte, Zarzalejos defendió que sí se ve afectado por el hecho de que "la amnistía se aprueba como condición para la investidura del candidato del PSOE y no por razones de otra naturaleza".

Las diferencias entre amnistía e indulto

En esta primera ponencia también se analizaron las diferencias entre la amnistía y el indulto. La primera es "una expresión del derecho de gracia de naturaleza excepcional, que se articula mediante una ley orgánica, y es una causa de extinción de la responsabilidad criminal genérica respecto de las condenas, y se extiende a los procesos en curso". El "elemento esencial y muy característico" de esta figura es "el acotamiento temporal/fáctico", es decir, la definición del período sobre el que extiende sus efectos.

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Por el contrario, el indulto -que siempre es individual y motivado, y perdona las penas impuestas- "es un acto administrativo", desarrollado mediante real decreto del Consejo de ministros firmado por el Rey y refrendado por el ministro de Justicia, que es impugnable ante la Sala III del Tribunal Supremo. Frente a esto, la ley de amnistía solo es impugnable ante el Tribunal Constitucional, "sin que sea preceptiva la suspensión de la vigencia de la ley, que solo es automática cuando se recurre por el Gobierno".

Como la amnistía debe ser aplicada por los órganos jurisdiccionales, estos pueden "elevar cuestión de inconstitucionalidad previa a la resolución", pero los Tribunales de la Jurisdicción Ordinaria solo pueden suspender el proceso, no la ley. Respecto al papel de la justicia europea, aclararon que es "muy dudoso" que una ley de estas características pueda ser recurrida ante el Tribunal de Justicia de la UE porque "no se localizan preceptos de directivas que afecten a esta cuestión, ni el derecho de gracia está contemplado en la decisión marco del Consejo Europeo, que establece el régimen de cooperación judicial reforzada".

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Por último, en lo que se refiere al referéndum de autodeterminación, destacaron que "no hay duda" de su inconstitucionalidad porque "la unidad territorial del Estado está consagrada como un fundamento de la CE". Solo sería posible una consulta de esa naturaleza mediante "una reforma agravada" de la Carta Magna, que, de prosperar, "abriría un período constituyente que convertiría a España en una especie de Estado confederal". En esta materia, sí hay doctrina del TC y, en lo que respecta a la posibilidad de convocar un referéndum consultivo no vinculante, amparado en el artículo 92, quedó descartada por el constituyente.

El futuro de la derecha en España

El debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo y las expectativas de la derecha fueron analizadas por Itziar Reyero e Ignacio Varela en la segunda ponencia de este Consejo.

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En su opinión, los objetivos del PP para la investidura eran "exhibir su programa de Gobierno", disipar "las dudas" sobre el liderazgo de Feijóo y "censurar el pacto alternativo del PSOE con los nacionalistas". El presidente popular salió reforzado como "líder de la derecha", con un discurso "correcto", y volverá a ser el candidato de su partido en las próximas elecciones, "sean cuando sean, ya que Ayuso no representa ahora un peligro", indicaron. Sin embargo, incidieron en el hecho de que hay una "una gran frustración latente en las bases sociales del PP" con el presidente popular, "que emergerá el día que Pedro Sánchez sea investido de nuevo".

La decisión del presidente del Gobierno en funciones de no comparecer en la sesión de investidura fue valorada por Reyero y Varela como "una provocación" a Feijóo y una "desconsideración" al Congreso, que profundiza en "el descrédito de las instituciones". En este sentido, interpretaron la intervención del socialista Óscar Puente como un preaviso del tono que marcará el debate político de los próximos meses: "barro, estiércol dialéctico y polarización entre bloques".

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Entre estos dos grupos enfrentados no existen puentes ni vasos comunicantes, a excepción de Coalción Canaria que, con un diputado, aspira a jugar el papel de "partido bisagra, pero con reservas". Ambos descartan que el PNV ejerza ese mismo rol, dado que la presencia de Vox provoca un claro rechazo entre las bases jeltzales.

Tras el intento fallido de Feijóo, llega el turno de Sánchez -inmerso ya en las negociaciones para recabar los apoyos necesarios- y se abren tres posibles escenarios: que la negociación del PSOE con Puigdemont y ERC "estalle" y haya una repetición electoral el 14 de enero; que la legislatura se le haga "insostenible" al PSOE con un Ejecutivo "ultra precario" y se rompa en dos años; y que Sánchez logre mantenerse en Moncloa y los próximos comicios generales se celebren dentro de cuatro años.

Sea cual sea la resolución tras el 23-J, el PP afronta un dilema pendiente de resolver: su relación con Vox. Los populares deben decidir si asumen al partido de Santiago Abascal como su "aliado natural", tal y como hizo el PSOE con Podemos en su momento y ahora con Sumar, o bien se decantan por la opción que representa José María Aznar, es decir, afianzarse como partido único en la derecha, una opción que a corto plazo Reyero calificó de "irreal".

No obstante, mientras el Partido Popular sortea esta encrucijada, cuenta con un "inédito poder" como líder de la oposición: suma 137 diputados; una "fuerza de choque territorial" que conforman 11 comunidades autónomas y multitud de ayuntamientos; y dispone de mayoría absoluta en el Senado. No obstruirá la acción de Gobierno, pero multiplicará la sensación de precariedad de la legislatura, si Sánchez logra la investidura.

Telefónica y STC Group

Saudí Telecom (STC Group) sorprendió al mercado el pasado 5 de septiembre con el anuncio de su entrada en Telefónica. Para profundizar en esta operación, Miquel Roig y Fernando Abril-Martorell centraron la tercera ponencia del Consejo en las ondas expansivas de este movimiento en la política nacional, la geopolítica y el ámbito corporativo.

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La llegada de STC Group se produce en "un momento delicado" para el equipo gestor de Telefónica, tanto por la complejidad de la situación política en España, como por cuestiones corporativas. En el caso del Gobierno, este nuevo escenario le enfrenta a "un ejercicio de realpolitik", lo que se ha visto reflejado en los posicionamientos públicos de las vicepresidentas primera y segunda, Nadia Calviño -que ha adoptado una actitud de pragmatismo- y Yolanda Díaz -quien se ha posicionado en contra-.

La complejidad del dilema del Ejecutivo nace de los lazos que ya mantiene con Arabia Saudí, que provocaría que una hipotética ruptura no fuese "inocua". Un ejemplo de ello es que Arabia Saudí tiene en marcha un pedido de cinco corbetas en los astilleros públicos de Navantia, valorado en entre 1.800 y 2.000 millones de euros, de las que ya habría recibido tres. Además, se ha firmado una carta de intenciones para un pedido adicional de otras cinco corbetas, por importe similar, pero cuya formalización está pendiente de la orden definitiva.

De igual forma, esta operación de STC abre otro debate importante sobre "la capacidad de intervención del Ejecutivo en la economía", en este caso, a través del llamado escudo antiopas, que otorga al Gobierno poder de veto sobre multitud de operaciones empresariales. La medida se aprobó en 2020 con el objetivo de evitar que empresas extranjeras aprovechasen una situación coyuntural de debilidad bursátil derivada de la pandemia de covid-19 para tomar posiciones estratégicas a precio de saldo en compañías nacionales. Pero esa medida se ha prorrogado sucesivamente y va a seguir en vigor al menos hasta el 31 de diciembre de 2024. En la práctica, se ha convertido en una herramienta que permite a Moncloa "tutelar las operaciones corporativas del país".

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La ley antiopas otorga el poder de limitar toda participación que exceda del 10%, pero en el caso de Telefónica, el umbral baja al 5%, debido a que se trata de un proveedor de servicios críticos para las Fuerzas Armadas. En esta situación, el Gobierno podría condicionar la entrada del grupo saudí a la renuncia de ejercer derechos políticos, como el voto en las juntas de accionistas o la designación de consejeros, a partir del 4,9% que ya tiene del capital.

Teniendo en cuenta que la estructura financiera de la que dispone STC para hacerse con el 5% adicional del capital de Telefónica (que se sumaría al 4,9%) está vigente hasta marzo de 2025, se abren cuatro posibles escenarios, en función de la posición que adopte el Ejecutivo: la entrada completa condicionada, en la que STC se queda con el 4,9% de Telefónica con plenos poderes, pero con una limitación de los poderes políticos asociados al 5% adicional; una entrada total; una entrada parcial, renunciando al 5% debido a las condiciones restrictivas que plantee Moncloa; y la salida total.

Por último, Roig y Abril-Martorell destacaron que el movimiento de STC no es un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia inversora internacional de Arabia Saudí "para reducir gradualmente la dependencia de su economía de la exportación de petróleo", y cuyo impulsor es Mohamed Bin Salman, príncipe heredero y líder de facto de Arabia Saudí desde 2017. Su brazo ejecutor es el fondo soberano del país, Public Investment Fund (PIF) y el plan abarca la inversión en sectores tanto estratégicos como soft.

Este movimiento forma parte de la estrategia de Arabia Saudí "para reducir la dependencia de su economía de la exportación de petróleo"

Esta expansión del poder saudí más allá de los intereses energéticos globales, ha activado "las alarmas en Washington". De hecho, una comisión del Senado ha ordenado la comparecencia de los representantes estadounidenses del fondo soberano saudí para que expliquen su política de inversiones en Estados Unidos. No obstante, recordaron que para entender este movimiento político en EEUU, hay que tener en cuenta que la relación entre Washington y Riad "no pasa por su mejor momento". Entre otras cosas porque el encarecimiento de la gasolina, y la subida de precios general, representan una de las principales amenazas para la reelección de Joe Biden el próximo año.

El caso Rubiales

Luis Rubiales dimitió como presidente de la Real Federación Española de Fútbol tres semanas después de que besara "sin su consentimiento" a la jugadora de la Selección española Jennifer Hermoso durante la celebración de la victoria del Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda. En el estallido social, político, mediático y deportivo de este suceso, que no ha finalizado tras la salida de Rubiales de la RFEF, han confluido varios factores que explican su relevancia, tal y como expuso Ramón González Férriz en la cuarta y última ponencia del Consejo Editorial.

Para abordar el contexto en el que se produce, González Férriz se remontó a 2015, cuando el programa de Podemos incluía 394 propuestas y en ninguna de ellas se incluía la palabra "feminismo", solo en dos ocasiones aparecía mencionado el término "movimiento feminista". En el de 2016, el feminismo volvía a ocupar un lugar marginal y no se citaban cuestiones como la pornografía, la maternidad subrogada o la prostitución, que ya estaban apareciendo en los debates del momento. Ya en Vistalegre II, en 2017, hay tres candidaturas con planteamientos feministas, y la ganadora (la liderada por Pablo Iglesias), incluye la propuesta firmada por Beatriz Gimeno, que está impregnada "del estilo" de algunas universidades progresistas estadounidenses.

El programa de Gimeno recoge ideas de izquierdas y sostiene que "el liberalismo no es favorable a la igualdad" y que, en realidad, todo se reduce a "las relaciones de poder", en consonancia con la eclosión de los planteamientos de la filosofía woke entre 2014 y 2017.

Previamente, en 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas establece los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, de forma paralela, comienza a popularizarse la idea de las finanzas éticas y el auge de los criterios ESG. Las empresas asumen la importancia del compromiso social y la correcta gobernanza, lo que implica el análisis y la corrección de casos de abusos de poder que quiebran los principios de una cultura laboral respetuosa e igualitaria.

En este caso confluyen la asimilación social y política del feminismo y la relevancia que tiene la reputación de la RFEF y del fútbol español

Por ello, en el caso Rubiales confluyen la asimilación social y política del feminismo y la relevancia que tiene la reputación, en este caso de la RFEF y del propio fútbol español. "En un deporte que pretende globalizarse, en un momento en el que el fútbol masculino europeo ha tocado techo, es un error de gobernanza muy grave”, afirmó el periodista, para quien “las ideas vinculadas al feminismo serán cada vez más mayoritarias y tendrán más importancia en la imagen corporativa".

Tras las cuatro ponencias, tomaron la palabra José Antonio Sánchez, presidente ejecutivo y editor de El Confidencial, y Nacho Cardero, director del periódico, para reafirmar el compromiso del diario con sus principios iniciales: contribuir a crear una sociedad más libre y mejor informada.