La crisis en Gijón pone en guardia a los gobiernos de PP y Vox ante nuevos seísmos

A la alcaldesa de Gijón se le han hecho largos los tres meses y medio que ha compartido Gobierno con Vox. Con un contundente "se acabó", Carmen Moriyón (Foro Asturias) no dudó en poner punto final este miércoles a su relación con el partido de Santiago Abascal. La ciudad, la más grande de la comunidad por población (272.000 habitantes), ha sido la primera gran plaza en la que ha saltado por los aires uno de los pactos de la derecha tras las elecciones del 28-M. Moriyón tendrá ahora que liderar un Ejecutivo municipal en minoría ―Foro Asturias y el PP suman 13 ediles, a uno de la mayoría― y pone en guardia a las coaliciones entre ambas fuerzas a lo largo y ancho de España, con la posibilidad de que el terremoto gijonés tenga réplicas en otras latitudes. Las discrepancias en grandes ciudades no han pasado desapercibidas. Y la legislatura no ha hecho más que comenzar.

La alcaldesa de Gijón dio este miércoles un golpe encima de la mesa. El detonante fue la polémica desatada a cuenta del Festival Internacional de Cine (FICX) y la intención de la concejala de festejos de Vox, Sara Álvarez Rouco, de hacer cambios en el certamen para crear un premio que reflejase los valores que defiende su formación y eliminar a su vez un galardón vinculado al colectivo LGTBI. "Gijón no experimentará ningún retroceso en sus libertades. Es una ciudad libre, tolerante y acogedora", zanjó la regidora.

"¿Con quién piensa que estaba pactando? Estaba pactando con Vox", replicó la titular de Festejos, sorprendida por los argumentos empleados por Moriyón. "Impedir que Vox no diese su impronta es una intromisión intolerable que nuestro partido no puede aceptar. Es un abuso de poder", advirtió la también portavoz de la formación ultraconservadora. Las tensiones y discrepancias en el Consistorio asturiano han sido una constante desde el inicio de la legislatura, según reconocieron ambas partes.

No ha sido el único municipio en el que ha habido encontronazos. Y, aunque Álvarez Rouco, preguntada por los periodistas, no quiso confirmar si estaría dispuesta a respaldar una hipotética moción de censura liderada por la izquierda ―tan solo pidió la dimisión de la alcaldesa―, Vox tiene en sus manos bloquear cualquier proyecto que impulse el Gobierno municipal. Es lo que sucedió la pasada legislatura en Madrid cuando las relaciones entre las dos formaciones se rompieron. Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez no pudieron actualizar los presupuestos, amén de dejar por el camino otras muchas iniciativas de calado.

El PP, que cuenta con cinco concejales en el Ayuntamiento de Gijón, ha evitado posicionarse en el desencuentro, pero el conflicto de intereses, especialmente en lo que concierne al ámbito de la cultura, tensa la relación con los de Abascal en otros territorios. El de Valladolid fue un caso llamativo. Fue otra de las grandes capitales de provincia donde el acuerdo de coalición logró desplazar a los socialistas de la alcaldía, en este caso a Óscar Puente.

El regidor popular, Jesús Julio Carnero, maniobró para evitar un foco de conflicto que hiciese tambalear el recién estrenado Gobierno municipal. Como en la mayoría de ejecutivos regionales y locales, Vox exigió tomar las riendas de Cultura, un área vital que el partido de Abascal utiliza como vía para agitar las principales banderas políticas de su programa. Pero el PP logró blindar la Semana Internacional del Cine (Seminci) y la celebración de los Premios Goya 2024 traspasando las competencias de las grandes citas culturales de la concejalía de Cultura a la de Turismo, que dirige la popular Blanca Jiménez.

No en vano, el reguero de ayuntamientos liderados por PP y Vox copó los primeros titulares de su corta gestión por los casos de censura de obras de teatro, películas o banderas LGTBI en edificios públicos. El partido que lidera Santiago Abascal, de hecho, se marcó como prioridad antes de las elecciones generales exigir a Feijóo el Ministerio de Cultura en caso de llegar a la Moncloa. La formación ultraconservadora entiende que, en su cruzada política, la batalla cultural juega un papel clave. El resultado del 23-J frustró esa pretensión, pero perseguirá ese objetivo a nivel territorial, donde ha multiplicado su poder.

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Las tensiones territoriales en el bloque conservador no han tardado en llegar. Y las exigencias de los de Santiago Abascal han puesto al PP en guardia en consistorios como Sevilla o Valencia. En los dos casos, los populares gobiernan en minoría tras vetar la entrada de Vox en sus ejecutivos municipales. Pero una cosa es el pacto de investidura y otra la legislatura. Los votos de los ultraconservadores serán necesarios para que eche a andar. Y la aprobación de los presupuestos municipales se erige como la primera gran piedra en el camino.

En Sevilla, Vox ha presionado a los populares para entrar en el Gobierno municipal a cambio de aprobar los presupuestos del Consistorio para 2024. El alcalde, José Luis Sanz, hasta ahora ha hecho caso omiso de la exigencia, pero este miércoles los de Abascal enviaron un mensaje claro. Votaron junto al PSOE e IU y tumbaron una modificación presupuestaria que el PP había presentado de urgencia para aprobar un cambio de créditos por 14 millones de euros.

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También en Valencia el malestar ha sido notable. Vox quiere su cuota de poder en el Gobierno municipal. “Sin los votos de Vox es muy difícil la gobernabilidad del Ayuntamiento de Valencia. Va a depender de que Vox y el PP lleguen a acuerdos respecto a la distribución de las competencias y delegaciones. Es una cuestión de funciones”, apuntó este miércoles el portavoz de la formación, Juanma Badenas, cuando se le preguntó si condicionará su apoyo a las cuentas a cambio de entrar en el Ejecutivo municipal.

En el ámbito regional, la relación ha estado llena de sobresaltos en sus primeros meses como aliados gubernamentales. El caso más polémico sigue siendo el de Extremadura. El acuerdo de coalición que María Guardiola suscribió con los de Abascal a regañadientes —en un principio negó la opción de cogobernar con los ultraconservadores, pero Génova intervino y le forzó a rectificar— no ha calmado las tensiones en este territorio. Hace unas semanas, en el Ejecutivo regional hubo un amago de ruptura por unas declaraciones de la presidenta popular en las que aseguró que su relación con su socio de Gobierno era "escasa". Y el choque podría ir a más. El PP de Extremadura ya ha rechazado la exigencia de Vox de implantar en la región el polémico pin parental, y que los de Abascal pretenden también incluir en el resto de autonomías donde cogobiernan con los populares. La batalla en la derecha no ha hecho más que empezar.