Riad debe formalizar un contrato con Navantia mientras Moncloa autoriza la incursión saudí en Telefónica

La decisión que tome la Moncloa respecto de la petición de Saudi Telecom (STC) para alcanzar casi el 10% de Telefónica y convertirse en el primer accionista de una de las empresas estratégicas más importantes de España tiene derivadas importantes para el Estado español que pueden condicionar el veredicto final.

El plácet del Gobierno de Pedro Sánchez a la compañía participada al 64% por el Estado saudí a través de Public Investment Fund (PIF) tendrá que darse en un plazo máximo de tres meses. El estudio de esta resolución, de la que el Ejecutivo asegura preservará la autonomía de Telefónica, se da mientras Navantia, empresa 100% pública, trata de cerrar un megacontrato para la construcción de cinco buques de guerra para Riad.

El pasado 30 de noviembre de 2022, la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto, junto con el príncipe saudí Mohammed bin Salman, máximo responsable de la petromonarquía, y otras autoridades de ambos países firmaron un memorando de entendimiento (MoU) para la construcción y el mantenimiento de dichos buques en astilleros españoles y del país árabe. Sin embargo, a día de hoy, esta declaración de intenciones que incluía cerrar en encargo durante 2023 no se ha concretado aún y los contratos todavía no se han formalizado.

Fuentes al tanto de la situación señalan que se trata de una negociación compleja, con muchos aspectos técnicos, que no se hace de un día para otro, y que se espera se pueda cerrar próximamente. Aunque los montantes de este megacontrato no se han difundido, se sabe que Navantia ha construido cinco corbetas para Arabia Saudí por alrededor de 1.800 millones de euros.

El nuevo contrato, pendiente de aprobación definitiva por Riad, generaría 7.500 empleos cualificados en ambos países, según difundieron las autoridades de ambas partes a finales del año pasado. Además de la construcción de varios de esos buques en astilleros españoles, el megacontrato también incluiría servicios de formación, mantenimiento y transferencia de tecnología, de ahí que aún no se haya concretado el montante final.

Del anterior contrato con Arabia Saudí, Navantia ya ha culminado tres corbetas de guerra y aún hay dos más por entregar. Aunque se trata de procesos paralelos que nada tienen que ver, algunos de los más altos responsables están relacionados. STC tiene que pedir permiso al Gobierno para pasar del 5% en Telefónica al 9,9% precisamente porque el último decreto antiopas que activó el Gobierno a mediados de este año contemplaba la solicitud de plácet en inversiones por encima del 5% de empresas críticas para la seguridad nacional y que tienen una posición estratégica para la defensa del Estado.

Intereses cruzados en Defensa

Esto hace que antes de la aprobación definitiva, la resolución tenga que pasar por el Ministerio de Defensa. Concretamente, la solicitud de inversión en la operadora de telecomunicaciones que dirige José María Álvarez-Pallete, que afirmó enterarse pocas horas antes del movimiento de los árabes, debe dirigirse a la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa. Este departamento se encuentra bajo la responsabilidad de Aniceto Rosique Nieto. Este almirante es, además, miembro del consejo de administración de Navantia.

Es decir, que el mismo responsable del Estado que tiene que canalizar la resolución para Arabia Saudí en Telefónica está en Navantia, que espera que Riad firme el nuevo megacontrato de cinco buques de guerra.

Riad ya amenazó a España con Navantia

En el pasado, ya se demostraron la fuerza y la presión que puede ejercer la monarquía del mayor país de Oriente Medio sobre el Gobierno español, aludiendo a los contratos de la constructora naval pública. Tras la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, la ministra de Defensa, que hoy continúa en funciones, Margarita Robles, dijo que había unos contratos en revisión para el envío de bombas racimo enviadas desde España a Arabia Saudí. Dichas declaraciones se produjeron después de saber que Riad utilizaba estas bombas en Yemen, donde se había producido la explosión de un autobús con muertes de diversos civiles, muchos de ellos niños.

Sin embargo, la presión que se generó sobre el Gobierno porque Riad amenazó con tumbar el contrato para la entrega de cinco corbetas de guerra llegó al extremo de que Margarita Robles tuvo que rectificar días después y las 400 bombas racimo fueron finalmente entregadas.

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Ángel Collado

Los encargos a Navantia no son, además, la única relación con empresas públicas españolas. Adif está trabajando en las líneas de alta velocidad del país de Oriente Medio. De hecho, el gestor de infraestructuras ha solicitado recientemente visados para que su personal pueda trabajar en el país árabe en el proyecto Haramain High Speed Rail-HHR, entre las ciudades de Madinah y Makkah. Arabia Saudí, además, firmó un megacontrato con la Real Federación Española de Fútbol para tener los derechos de la Supercopa de España.

Un dinero que ha supuesto un fuerte remanente de presupuesto para el fútbol español. Tanto los contratos de la Supercopa como los del AVE a la Meca han estado plagados de sospechas de corrupción por sobornos que han salpicado al futbolista Gerard Piqué o al rey emérito Juan Carlos. Arabia Saudí es uno de los países que más violan los derechos humanos en el mundo, según organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional.