Los interventores interinos mantienen el órdago a Hacienda: "Sin plazas, no hay alcaldes"

Los secretarios, interventores y tesoreros interinos de cientos de ayuntamientos han dado un último aviso al Ministerio de Hacienda: o se sientan con ellos para estabilizar sus plazas como marca la Ley 20/21 o el 14 de junio irán a la huelga indefinida. La elección de ese día no es baladí, pues supondría poner en peligro la constitución de las nuevas corporaciones municipales salidas de los próximos comicios del 28 de mayo. Por eso, más de un centenar de profesionales de este sector procedentes de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Aragón y Extremadura se han concentrado en la capital para hacer valer sus demandas.

Este viernes, Alicia Ramos ha hecho 800 kilómetros en coche entre ida y vuelta a la capital desde Las Hurdes, en Cáceres. En dicha región, ella es la secretaria e interventora de los pueblos Ladrillar y Casares. “Llevo en este puesto 19 años, y antes estuve otros nueve más en un municipio de la provincia de Salamanca”, ha dicho en el inicio de una movilización amenazada por la lluvia. En total, 28 años en su haber como interina. Ella, como tantos otros de su gremio, está cansada de que el propio Gobierno incumpla la ley que aprobó en 2021 para la estabilización del trabajo temporal en la Administración pública.

“Deberían haber sacado 3.649 plazas a la estabilización, pero solo han sacado 796 por concurso de méritos, así que esto nos afecta a tres cuartas partes del sector”, ha añadido Ramos. A decir verdad, la tasa de temporalidad en los interventores, secretarios y tesoreros casi alcanza el 50%, ya que el total de funcionarios locales de los consistorios españoles se sitúa en los 8.000. “Los funcionarios de carrera no quieren venir a estos municipios pequeños y alejados de las ciudades, por eso se prolongan tanto nuestras interinidades”, ha explicado.

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Uno de los conflictos a los que tendrán que hacer frente los propios ayuntamientos será a las indemnizaciones de estos profesionales de la Administración pública que ven peligrar sus puestos de trabajo. A las 796 plazas de consolidación ofertadas por el Ministerio de Hacienda y Función Pública se suman dos ofertas públicas de empleo libres que alcanzan los dos millares de plazas. Según la misma Ramos, “a los que quedemos fuera nos tendrán que dar grandes cuantías de dinero que saldrá de los ayuntamientos, por eso ellos también presionan para que se tengan en cuenta nuestras demandas”.

En contra de las oposiciones libres

Según establece la normativa europea, cualquier trabajador de la Administración pública en abuso de temporalidad, esto es, más de tres años en el mismo puesto de trabajo sin tener la plaza, debería acceder a ella. “Encima valoran la experiencia hasta un máximo de 10 años, y muchos de nosotros llevamos más años aquí, así que, viendo que tanta gente empatará a puntos, los que se apellidan por la letra U empezarán a elegir destino, y luego los demás”, ha dicho una Ramos consciente de la primera letra de su apellido. Mientras tanto, sus compañeros no dejaban de corear consignas como “somos muchos, somos más y la vamos a liar”, “si no estabilizan, no hay alcaldes”, “es un derecho, no es un regalo” y “Europa, ayúdanos”.

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Con una experiencia de 30 años a sus espaldas, lo más seguro es que Ramos se quede sin su puesto de trabajo, a pesar de que la ley marca que tanto su plaza como la de los casi cuatro millares de interinos en el sector tendrían que haber sido ofertadas por concurso de méritos y no oposición. “Esto va a afectar a muchos ayuntamientos en los que somos el único personal funcionario. Por eso, muchas veces nos vemos obligadas a hacer tareas que no nos competen, y, ahora que tienen que estabilizarnos, nos hacen esto”, ha lamentado la secretaria interventora en los pueblos de Cáceres.

La última palabra, en Europa

La concentración, que ha contado con la participación de unas 100 personas según la Policía Nacional y 150 según los convocantes, ha ocupado la ancha acera frente al Ministerio de Hacienda y Función Pública durante una hora, a partir de las 11.00. En la protesta también se encontraba Javier Arauz. Él es el abogado encargado de unos 15.000 casos de interinos de diferentes sectores en España. “La Comisión Europea ya abrió un procedimiento de infracción contra el Reino de España por infringir la normativa comunitaria y abusar de la temporalidad en el sector público, y la Comisión no lo ha cerrado porque entiende que la aprobación de la Ley 20/21 no cumple los requisitos adecuados”, ha esgrimido en mitad de la protesta, en la que no han dejado de ondear banderas españolas y de la Unión Europea.

La legalidad del asunto ni siquiera se dirime en tribunales españoles. Será el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) quien sentenciará la validez normativa de la situación debido a dos cuestiones prejudiciales planteadas desde la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Sala del tribunal 17 de lo Contencioso–Administrativo de Barcelona. “Piensan que el Tribunal Supremo español no están aplicando correctamente la directiva europea, por eso lo han elevado”, ha apuntillado el letrado.

El agravio comparativo es mayor, y redunda en lo inexplicable, cuando el Ministerio de Hacienda no ha ofertado todas las plazas en abuso de temporalidad, pero sí lo han hecho otras administraciones como la Diputación de Sevilla, gobernada por el PSOE, o la de Almería, en manos del PP. “Todos los interventores, secretarios y tesoreros superaron un proceso selectivo para ingresar, y todos ellos llevan entre seis y 30 años en sus puestos. Es intolerable que ahora se les trate así”, ha reivindicado Arauz a pocos metros de la madrileña Puerta del Sol.

Peor que la empresa privada

Mientras numerosos curiosos sacaban sus móviles para hacer un vídeo de pocos segundos y pasar de largo, el abogado hablaba de las condiciones en las que tendrían que competir estos interinos si decidieran presentarse a las oposiciones. Tal y como él mismo ha expresado, “no tienen tiempo para estudiar porque están obligados a seguir trabajando en sus ayuntamientos mientras que otros aspirantes, muchos más jóvenes y sin cargas familiares, disfrutan de todo el tiempo para ello, lo que es discriminatorio”.

“Es absurdo que una empresa privada esté obligada a hacer fijo a un trabajador que supera los dos años en ella, y las administraciones públicas, que deberían dar ejemplo, tengan a gente en régimen de temporalidad por 30 años. Hay interinos que se jubilan como tal, y eso es un disparate”, ha añadido el propio Arauz ante la atenta mirada de los afectados, la mayoría de ellos ataviados con camisetas verde fosforito. A todo ello se suma que la estabilización de las plazas ha llegado tan tarde para algunos que se podrían ver en la calle con más de dos décadas de experiencia y con 45 o 50 años, lo que los perjudicaría de cara a encontrar otro trabajo en el mercado laboral.

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Uno de los consensos más extendidos entre estos profesionales es que los interventores, secretarios y tesoreros interinos van a aquellos lugares a los que no quieren ir los funcionarios de carrera. “Se les hincha la boca hablando en contra del trabajo precario, pero en sus propias administraciones fomentan la temporalidad, algo impropio del siglo XXI”, ha finalizado Arauz en referencia al Ejecutivo central.

Los pueblos, los más afectados

José Villanueva lleva en Madrid desde las 10.30 horas de la mañana, pero el día ha empezado mucho antes para él. Hoy se ha despertado a las 4:30 para subir a la capital desde Bacares, en Almería, no sin antes recoger en el coche a otros compañeros. Además de ser secretario interventor en el mencionado municipio, él es el secretario general de la Asociación Sindical de estos profesionales en Andalucía (ASSITA). Tras recorrer más de 550 kilómetros y algo repuesto del trayecto, lo primero que ha comentado a este medio ha sido su experiencia: “Llevo desde noviembre de 2003 en mi puesto, unos 19 años y medio, y aquí estoy”.

Aquí está, defendiendo lo que considera que le pertenece. Aunque no lo diga solo él, también la ley impulsada por el mismo Gobierno que no la cumple. “A estas plazas no quieren venir los funcionarios de carrera no solo por la lejanía y el aislamiento de las ciudades, sino por la escasa capacidad económica de los ayuntamientos para ofrecer un salario en condiciones”, ha desarrollado Villanueva.

La única forma para desconvocar el paro intermitente e indefinido que comenzará el 14 de junio es que María Jesús Montero, al frente de la cartera de Hacienda, se siente a escuchar sus prerrogativas. Ni siquiera reclaman una subida de sueldo, como sí han hecho otros profesionales de la Administración pública. “De todas formas, el ministerio sabe perfectamente lo que hay, que somos muchos más interinos que las plazas que ha sacado para estabilización”, ha asumido este interventor andaluz.

En peligro los nuevos ayuntamientos

Ese es el principal motivo por el que no se explica, al igual que ninguno de los compañeros que le rodean en esta mañana de viernes pre elecciones locales y regionales, por qué sí se estabilizarán las plazas en los consistorios de otros trabajadores como ordenanzas, auxiliares de administración o limpiadores, pero no las suyas. “Quizás ha sido por presiones del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (COSITAL), que no quieren que nuestras plazas entren en la consolidación que recoge la ley, no sé en base a qué”, ha aducido Villanueva.

Todo está en manos de María Jesús Montero. Si no se reúne con los afectados, cientos de municipios verán peligrar la constitución de los nuevos ayuntamientos salidos de los comicios del 28 de mayo. Tal y como ha declarado el secretario general de ASSITA, “no solo está en el aire ese 14 de junio, fecha de la celebración del último pleno, sino el del sábado 17, el día en el que se constituyen todos los nuevos ayuntamientos de Madrid”. Llegadas las 11:45 horas, los asistentes han leído el comunicado final después de escucharse en repetidas ocasiones el cántico “Europa, ayúdanos”.