El futuro de interinos y opositores se encamina a una 'guerra sin fin' en tribunales

A finales de 2021, el Senado aprobó definitivamente la ley que tiene como objetivo reducir la temporalidad en las administraciones públicas, que en España ronda el 30%. Según la Ley 20/2021, de aquí al 1 de junio se deberían publicar todas las ofertas de regularización y los procesos selectivos deberían terminar antes del final de 2024. La aprobación de la medida era una condición indispensable para recibir los fondos europeos.

Como contamos, sin embargo, la resolución no ha satisfecho a nadie. Ni a los interinos, que recuerdan que la ley no proporciona fijeza ni sanciona el fraude, ni a funcionarios y opositores, que consideran que algunas de las vías por las que los temporales obtendrán su plaza, como los concursos de méritos, no garantizan los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública. El resultado, que tanto unos como otros han terminado dirigiendo sus miradas a los tribunales para resolver su situación. El problema, que la situación se puede alargar en lo que es casi una guerra de desgaste.

El TJUE no se pronunciará hasta 2023: el proceso se puede alargar años

El último giro de acontecimientos se produjo el 10 de mayo, cuando el juzgado de lo contencioso-administrativo número 17 de Barcelona elevó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) varias cuestiones prejudiciales. “El juzgado de Barcelona sostiene en su auto que la jurisprudencia del Supremo no da cumplimiento de la directiva”, explica Javier Arauz, abogado del Estado, cuyo bufete, Arauz & Belda, se ha convertido en una de las caras visibles del movimiento por la fijeza. “Lo que hace es poner en solfa la ley, porque considera que no cumple las reglas comunitarias”. Vuelta a la casilla de salida.

Entre las cuestiones que el juzgado eleva a la Unión Europea, se encuentra si la ley infringe la directiva al no sancionar los abusos producidos o no convertir la sucesión de contratos temporales en indefinidos. En otras palabras, como explica Arauz, la pelota vuelve a estar en el tejado de Bruselas, que probablemente no se pronunciará como pronto hasta la primavera de 2023. Pero el proceso puede alargarse aún más. Como coincidía el abogado Fabián Valero, de Zeres Abogados, en ‘Confilegal’, la problemática puede tardar cuatro años en resolverse.

“La respuesta va a llegar antes de que se resuelvan problemas selectivos, y puede suponer una revolución, o bien porque modifique y diga que tienen derecho a estabilidad, así que habrá que anular todos los procesos selectivos anunciados, o bien porque diga que tienen derecho a fijeza, con lo que puede haber dos funcionarios para cada plaza, lo cual es gravísimo”, añade Arauz. El resultado, un horizonte de incertidumbre para miles de personas en proceso de adjudicación de plaza, opositores e interinos que no saben a qué atenerse.

El abogado considera que este nuevo panorama “debería llevarnos a paralizar la ejecución de la ley, al menos hasta que se pronuncie”. Mientras tanto, esta está siendo muy desigual en el territorio español. “Es un caos en el que cada Administración está haciendo cosas distintas”, explica el abogado. Los ayuntamientos, por lo general, están por la labor de garantizar la fijeza de sus temporales, pero otras comunidades, generalmente las gobernadas por el Partido Popular, lo están haciendo “de forma más restrictiva”, como describe Arauz.

Puede haber más de 50.000 interinos movilizándose para acudir a los tribunales

Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, calificó de “concesión demagógica” el acuerdo sobre interinos. En Andalucía, la Consejería de Educación ha reducido el número de 14.537 plazas anunciadas a principios de curso a 4.831. El abogado es muy crítico con el PP, ya que considera que está “utilizando a las personas para hacer oposición a Sánchez”. Esto, además, crea realidades muy distintas entre regiones: “No se entiende que el Ayuntamiento de Valladolid o la Diputación de Sevilla estabilicen el 100% y que en la Comunidad de Madrid se estabilice un 10-15%”.

El bufete de Arauz lleva actualmente alrededor de 12.000 casos, pero el abogado calcula que en total hay entre 50.000 y 60.000 reclamantes movilizados en los tribunales para conseguir la fijeza. Sin embargo, el número de españoles afectados ronda el millón (más sus familias). “Cada vez se va a sumar más gente, porque ven que se quedan en la calle inmerecidamente con unas edades avanzadas, y, entre ellas, prácticamente el 75% son mujeres”, valora Arauz.

Los opositores tampoco están contentos

Mientras tanto, en el otro frente de batalla, los ánimos no son mejores. Un gran número de opositores consideran que algunas de las aplicaciones de la ley les perjudicarán al promover figuras como los concursos de méritos, en los que la experiencia tiene un gran peso, por lo que abogan por oposiciones libres.

Una de las plataformas que ya han anunciado que se pondrán en marcha en los tribunales es Defensa Turno Libre, que engloba a varias figuras como funcionarios, opositores o interinos que opositan y que durante los últimos meses han organizado manifestaciones en ciudades como Madrid, Barcelona, Valladolid o Burgos. “Vamos a recurrir todas aquellas convocatorias y actos administrativos que vulneren los derechos fundamentales y los principios de igualdad, mérito y capacidad”, explica a este periódico Inés Sánchez, portavoz de la asociación.

Para ello, han contratado en exclusividad al bufete Administrativando Abogados, fundado por Antonio Benítez y Alonso, y anuncian que muy pronto van a comenzar a impugnar algunos de los procesos abiertos. “Va a tener que ser así, porque todos los que tenían legitimidad para hacerlo, diputados, senadores, defensor del pueblo o presidente del Gobierno, no han querido hacerlo, y los ciudadanos no pueden interponer un recurso de inconstitucionalidad”, explica Sánchez.

La estrategia de los opositores, que el TC lo declare inconstitucional

Esa es su estrategia, más allá de crear jurisprudencia: recurrir convocatoria por convocatoria hasta conseguir que un juez plantee una cuestión de inconstitucionalidad que obligue al Tribunal Constitucional a pronunciarse, lo que supondría un nuevo giro (otro más) de los acontecimientos. Sin embargo, la propia asociación es consciente de que puede tratarse de “un proceso judicial eterno, donde unos y otros recurramos y que se alargue”. Una vez más, el horizonte que se abre ante los ojos de los opositores es el de una incertidumbre que puede quedarse sin resolver años.

Otras asociaciones de opositores, sin embargo, han decidido no seguir esta vía. Adoaj (Asociación por los Derechos de los Opositores a la Administración de Justicia) confirma a este periódico que se han decantado por “vías directas que no se dilatan tanto en el tiempo, y que nos permiten defender los derechos de los opositores ahora”. Se trata, además de acciones a través del Congreso, de la petición al Parlamento Europeo que fue aceptada hace más de un mes. Defensa Turno Libre también ha presentado una queja a la Comisión Europea, y planea realizar más peticiones individuales. Como ha ocurrido desde finales de los noventa, cuando se publicó la Directiva 1999/70, todas las miradas se dirigen a Europa.

Una de las quejas de los opositores es que, por motivos de pura aritmética, son menos y están menos organizados, aunque a través de la plataforma ya son más de 6.400, y en la asociación, unos 600. Aunque “opositores hay muchísimos”, como recuerda Sánchez, la mayoría de sindicatos como CCOO o UGT no ha apoyado sus reivindicaciones, con alguna salvedad como SATE-Andalucía. “Para los sindicatos, los opositores no son trabajadores; los funcionarios algunos sí se mueven, pero son una minoría”, concluye. “Hay veces que la gente no reacciona hasta que no le tocan lo que es suyo. Cuando ves que otro te gana la plaza, te mueves, pero cuando ves que no te afecta, tal vez miras para otro lado”.

Un parche que no gusta a nadie

A pesar de que pueden parecer opuestos en sus intereses, tanto uno como otro lado coinciden en su diagnóstico. Ambos tienen la impresión de que la ley se aprobó el pasado año a toda prisa para desbloquear el necesario dinero europeo, pero que no satisface a nadie. “La UE presionaba a España condicionando el pago de los fondos estructurales a la aprobación de una ley que es una solución parcial, que no aplica la directiva y que está parcheada a los requerimientos de la UE”, recuerda Arauz. “Eso es tan cierto como que la UE aún no ha archivado los dos procedimientos abiertos”.

"Se ha creado un sistema que crea tensión, problemas e incertidumbre"

Otros países como Italia ya han iniciado la senda de regularización de los docentes, por lo que, para los solicitantes de la fijeza, se trata de un problema que se podía haber solventado de manera más fácil. “Lo suyo habría sido reconocer que se ha hecho mal y publicar una ley para hacerlos fijos y convocar oposiciones para todas esas plazas vacantes que hay que sacar, con lo cual no se habría judicializado el problema y no crearíamos más problemas para Europa, pero se ha creado otro sistema que está creando tensión, problemas, incertidumbre y errores”, valora Arauz, que recuerda que España se enfrenta a una jubilación masiva de sus funcionarios que facilitará que haya hueco para todos.

No se trata únicamente de la inseguridad personal, sino de la posibilidad de que se enrarezca el ambiente a medida que los procesos judiciales se prolonguen. Sin embargo, interinos y opositores recuerdan que no quieren enfrentarse, sino que la Administración dé la cara. “Le viene muy bien quitarse el muerto de encima y enfrentar unos a otros”, concluye Sánchez. “Aunque tengamos que estar enfrentados en la vía judicial, no debemos tomarlo como una enemistad; el problema es de los políticos”.