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La ley que enfadará a millones de españoles: qué pasa con los opositores y los interinos
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CAFÉ PARA NADIE

La ley que enfadará a millones de españoles: qué pasa con los opositores y los interinos

España tiene que convocar antes de que termine el año los procesos de regularización de miles de plazas temporales: la solución no ha gustado a ninguna de las partes implicadas

Foto: Foto: EFE/Chema Moya.
Foto: EFE/Chema Moya.

El Proyecto de Ley de Medidas Urgentes de Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, que aspira a estabilizar a cientos de miles de falsos interinos, ha logrado algo que suelen lograr pocas leyes. Un consenso casi absoluto: no convence a nadie. Por un lado, ha provocado el enfado de cientos de miles de interinos, que consideran que el proyecto no cumple con la directiva del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a regularizar su situación; por otro, el de los opositores, que consideran que esta regularización les va a perjudicar. Café para nadie.

Basta con pasearse por redes sociales, foros y grupos de Telegram de unos y otros para comprobar que el ambiente está caldeado. Los interinos, que denominaron "icetazo" al primer proyecto de julio de 2021, aseguran que puede tratarse del "mayor ERE de la historia de España" al poner en peligro los puestos de los temporales, que tendrán que pasar por un concurso de méritos abierto.

Mientras tanto, algunos opositores utilizan el término "interflojos" para referirse a esos interinos que quieren una plaza sin opositar. En mitad del otro ruido, alguien levanta la mano y dice "qué pasa, llevo años preparando oposiciones y aún no tengo la plaza, ¿soy un interflojo?"

"No me extraña que los opositores estén hartos, pero que lloren a la administración"

El próximo hito, este sábado a la 13:30 horas frente al Congreso de los Diputados, donde opositores y funcionarios se concentrarán bajo el lema "la plaza no se regala". "Una de las cosas que queremos es que el concurso de méritos se establezca como algo excepcional y que el principal sea la oposición libre, porque si esta no es eliminatoria nosotros no vamos a poder competir", explica a El Confidencial Ángela Prieto (27 años), integrante de Defensa Turno Libre, la plataforma convocante. Su miedo, que la estabilización de cientos de miles de interinos (o más de un millón, según otros cálculos) produzca un efecto embudo que los deje fuera.

La organización se montó en julio, primero entre los opositores a los cuerpos generales del Ministerio de Justicia, más tarde entre otros sectores y en los tres niveles de la administración, que comparten la ansiedad a quedarse fuera. Es decir, los que como ella, llevan varios años estudiando sin haber entrado en una bolsa de empleo. Por ahora, el partido que más caso les ha hecho ha sido Vox. El pasado martes, se reunieron con José María Figaredo, Ana Velasco y Eduardo Luis Ruiz en el Congreso.

placeholder Ángela Prieto, una de las integrantes de Defensa Turno Libre. (Cedida)
Ángela Prieto, una de las integrantes de Defensa Turno Libre. (Cedida)

Uno podría pensar que la pérdida de unos es la ganancia de otros, pero es que los interinos, los supuestos beneficiados de la medida, también están que trinan. Tanto, que la semana pasada viajaron a Bruselas para denunciar que el proyecto de ley sigue sin trasponer la directiva comunitaria. Una de las viajeras a la capital europea desde Soria fue Ana Dueñas (55 años), vocal de la Plataforma de Trabajadores Temporales Públicos de Castilla y León, que bromea con que ha pasado de madre trabajadora a movilizadora de masas. Y pone los ojos en blanco (metafóricamente) cuando escucha lo de que le van a regalar la plaza. "Lo que quieren es dividir: no es una pelea entre funcionarios de carrera y opositores, es contra la administración".

Jesús Carranza (50 años), fundador de SOS Temporales y trabajador indefinido no fijo que trabaja para el Instituto Español de Oceanografía, les da la razón a los opositores. "No me extraña que los opositores libres estén hartos, pero donde tienen que ir a llorar es a la administración, que es la infractora desde hace 20 años porque no han querido trasponer una directiva, que es lo que habría puesto coto al abuso de temporalidad", explica a este periódico. "Son los políticos y los sindicatos los que lo han enciscado todo para confundir a la ciudadanía y a los opositores".

Pero ¿qué va a pasar?

El proyecto de ley fue elevado al Pleno del Congreso el pasado lunes con el apoyo de Unidas Podemos, ERC y PNV, y será debatido el próximo jueves 2 de diciembre. El gobierno tiene prisa, porque el plazo para convocar plazas termina este fin de año, así que quiere que antes de que acabe el año se publique en el BOE. ¿Qué propone exactamente? Que las administraciones públicas convoquen por el sistema de concurso aquellas plazas que "hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad al 1 de enero de 2016". Aquellos que lleven más de cinco años en su puesto podrán optar a él a través de un concurso de méritos. Los que lleven entre tres y cinco, un concurso-oposición donde cada comunidad decidirá si la prueba es obligatoria.

"Si llevan tanto tiempo, no tendrán problema en sacar la oposición, ¿no?"

Un poco de contexto histórico. Hace más de 20 años, la Unión Europea estableció a través de la directiva 1999/70/CE la reducción de la temporalidad. Sin embargo, los niveles de temporalidad en el sector público han aumentado a lo largo de los años, hasta llegar al 31,6%, como denunciaba CSIF. Diversas sentencias han dado la razón a los interinos, hasta que este mes de junio, el Tribunal Superior de Justicia de la UE reconoció el abuso a los interinos, lo que ha hecho rectificar su doctrina al Tribunal Supremo: tras tres años, todo interino debería pasar a ser fijo.

El texto habla del "cumplimiento de la obligación de establecer una medida adecuada para sancionar debidamente la utilización abusiva de sucesivos contratos y relaciones laborales de duración determinada". Ahí es donde entra la polémica: los interinos que llevan más de tres años reclaman su fijeza, mientras que los opositores recuerdan que la sentencia no dice nada de eso. Para Carranza, como no hay legislada ninguna sanción, esta tiene que ser la máxima, "la fijeza hasta la jubilación".

placeholder Jesús Carranza, fundador de SOS Temporales Públicos. (Cedida)
Jesús Carranza, fundador de SOS Temporales Públicos. (Cedida)

Los opositores, por su parte, consideran que no tiene por qué hacerse de esa manera. Raquel Piñeiro, presidenta de ADOAJ (Asociación por los Derechos de los Opositores a la Administración de Justicia), dice que "en ningún momento dice que haya que hacer a todos fijos, sino que hay que sacar todas las plazas a oposición, incluso las cubiertas por temporales. Si llevan tanto tiempo ahí, conocerán el trabajo mejor o igual que nosotros, que para eso están practicando todo el día, ¿no?".

La ley no ha satisfecho ni a unos ni a otros. Para empezar, a los interinos, que ven cómo lo que se les prometió no se cumple y recuerdan una y otra vez que "eso de que nos van a hacer fijos automáticamente no es verdad". Es más, sospechan que muchos se van a quedar fuera.

La primera en la frente: lo de los cinco años ("en realidad seis, porque es desde enero de 2016", matiza Dueñas). "Una persona que lleve tres años y un día en su puesto como temporal está en fraude de ley, y no estamos hablando de personas que lleven tres, sino 15, 20 y 30 años", añade Carranza.

"La injusticia es para los que hemos sido abusados, porque mi cabeza no está para memorizar la Constitución"

Más: el concurso de méritos libre, que quiere decir que cualquiera puede presentarse a esos puestos que van a salir. "Nosotros no exigimos un concurso, exigimos la fijeza, pero no puedes mezclar a los afectados con los opositores libres", se queja el ingeniero informático. "Ellos se quejan de que no es justo, pero la injusticia es para los que hemos sido abusados, porque mi cabeza no está para memorizar la Constitución". Ese es uno de los detalles clave: la edad media de los temporales es de más de 50 años, un 70% de los cuales son mujeres. Los sectores con más temporales son Sanidad y Educación.

En el caso de los que llevan entre tres y seis años, se presentarán a un concurso-oposición como los de las convocatorias de 2017 y 2018. La clave se encuentra en saber si serán eliminatorias o no, algo que decidirán las comunidades junto con los sindicatos.

Dueñas considera que, de hacerse así, "mucha gente se va a quedar fuera", porque es lo que ya están viendo con las convocatorias de 2017 y 2018. "En esos procesos no están aprobando ni los interinos ni gente de fuera", añade la veterinaria, que denuncia que se han publicado deprisa y corriendo, con mala fe, muchas convocatorias de oposiciones "para que mucha gente se quede fuera porque cumplía el concurso de méritos".

Otra: por mucho que salga en la ley, a saber si se aplica. Dueñas explica que el PP de Castilla y León ya ha dejado caer que tienen "muchas reticencias de aplicarlo y que lo del concurso de méritos no les da seguridad jurídica", lo que puede provocar que como cada CCAA decide sus procesos, en unas se estabilice a los interinos y en otras no.

"Mis hijos tienen 20 años y siempre me han conocido de temporal"

Más allá de los laberintos legales, lo que está claro es que la situación de incertidumbre afecta a miles de personas en temporalidad. Ana Dueñas tiene 55 años. "He estado así toda mi vida laboral", explica. "Yo soy veterinaria de Salud Pública, estuve durante casi 14 años haciendo sustituciones pequeñitas, de un mes, de un día si tenía suerte, trabajaba de cuatro a seis meses al año. Ahora llevo seis años en una plaza de comisión de servicios, cuando el máximo son dos. Y encima tienes que aguantar que parece que te regalan la plaza, cuando llevamos años haciendo exactamente lo mismo que los funcionarios de carrera con menos derechos. Esto está siendo durísimo".

Para quien también está siendo duro es para Carranza, que reconoce encontrarse en un proceso de ansiedad. "Sabemos que tenemos razón, no somos caraduras, y mira, en mi caso tengo 50 años, 20 al servicio de la administración, ya no tengo ganas ni tiempo de presentarme a una oposición", añade, antes de recordar que si la situación no cambia se promete una judicialización de los distintos procesos que pueden saturar los tribunales. "Tarde o temprano van a tener que cumplirlo, así que animo a que la gente demande su situación de abuso, lo judicialice. Navas & Cusí han puesto una reclamación a la Unión Europea".

Un último recordatorio, que suena un poco a amenaza: los fondos europeos se entregan bajo la condición del cumplimiento de estos principios. "España está vigilada, y nosotros estamos en contacto con eurodiputados holandeses o italianos, el gobierno no puede hacer lo que quiera", añade Carranza. El Comisario de Empleo Nicolas Schmitt respondió recientemente a Miguel Urbán que "la Comisión está siguiendo de cerca el proceso legislativo y evaluará la conformidad del texto resultante con la directiva". Este jueves, Dueñas y sus compañeros se reunieron con Schmitt, y aseguran que les transmitió que "España no tiene otra opción que regularizar a todos los empleados públicos temporales que se encuentren en situación de abuso".

Igualdad, mérito y capacidad

Al otro lado del ring, los ánimos no están menos caldeados, ya que muchos opositores perciben que la ley está cambiando las reglas del juego sobre la marcha. Citan la Constitución. Incluso apelan a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 21.2 señala que "toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país". Los concurso de méritos, en su opinión, no lo garantizan.

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Protesta de ADOAJ frente al Congreso de los Diputados, el pasado 23 de octubre. (Cedida)

"Nosotros ya convocamos una manifestación en octubre porque consideramos que el Real Decreto viola los términos constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, ya que como opositores no podemos acceder de manera justa porque no hemos podido acceder a las bolsas que nos dan méritos", explica Piñeiro de ADOAJ. "Nuestra capacidad la mostramos accediendo a los exámenes de oposición, y no es igualitario que nosotros nos presentemos con 0 puntos y ellos ya tengan hasta 35 de mérito".

A lo que se refiere es que la ausencia de convocatorias para muchos puestos ha provocado que los opositores ni siquiera puedan pasar a formar parte de las bolsas de empleo. "A veces llevan hasta 10 años cerradas, por lo que si no puedo tener acceso, no voy a poder tener esos méritos, y en algunos casos se está llegando a llamar a gente desde el SEPE", lamenta la opositora. En su opinión, solo el sistema de oposición libre el que garantiza igualdad para todos. "Que no sea todo para los que están dentro ya, pero tampoco para nosotros, que haya un término medio que nos permita estar conformes".

"No me cuadra que quien lleve 25 años en el puesto no haya podido opositar"

Uno de los puntos más conflictivos por resolver es qué pasará con los concursos de méritos que se convoquen, si serán eliminatorios o no, una decisión que es potestad de las comunidades autónomas. Para los interinos, esto provocaría que muchos se quedasen fuera en esa primera oposición. Para los opositores, eliminar el carácter eliminatorio, algo que propuso Unidas Podemos en julio, es discriminatorio.

Una vez más, la sensación que cunde es la de haber estado perdiendo el tiempo. La gallega Raquel Piñeiro lleva opositando desde 2017. Prieto lleva haciéndolo desde la convocatoria de enero de 2019. A ambas les ha perjudicado la pandemia, que lo retrasó todo. Aunque son conscientes de que el problema no son los interinos, sino la administración, pero recuerdan que no todos los casos son iguales. "Entendemos que los que llevan años realizando un trabajo y no han tenido oportunidad de presentarse deben tener posibilidades, pero no tanto en otros como la Justicia, donde se convocan procesos cada dos o tres años, ahí no me cuadra que en 25 años de interino no haya tenido posibilidad de dejar de ser temporal", explica Prieto.

Foto: Una clase de preparación de opositores. (Carmen Castellón)

Uno de los argumentos esgrimidos por los convocantes de la manifestación del sábado es que acaba con la cultura del esfuerzo que debería dirimir la entrada a la función pública. El profesor de Derecho Público y consultor internacional Rafael Jiménez Asensio, por ejemplo, publicaba una entrada en su página a propósito del proyecto de ley, en el que es particularmente pesimista: "De estas singulares pruebas selectivas surgirán asimismo inmensas 'bolsas' que nutrirán las nuevas necesidades de interinidad, que son siempre eternas, más ante las inminentes jubilaciones en masa en el sector público (algo que también se recoge en la exposición de motivos) . Y la rueda no parará nunca, al menos en la función pública territorial (no tanto en la AGE), que es la realmente afectada por esta patología letal de la interinidad o de la temporalidad circular".

Jiménez Asensio vaticina una serie de enfrentamientos en los tribunales a corto plazo: "Se avecinan un sinfín de recursos cruzados ante los tribunales de justicia para suerte de los abogados y mal de cabeza de los jueces; por un lado, los interinos que pretendían y seguirán pretendiendo la fijeza automática; por otro los opositores que ven cómo sus expectativas de acceso mediante acreditación de conocimientos y destrezas se evaporan; y asimismo, quienes vean cómo con más antigüedad ‘un interino de fuera’ literalmente 'se calza' la ansiada plaza".

Por lo pronto, habrá manifestaciones, huelgas y malestar. Los interinos aún tienen fe en que la ley sufra algún cambio antes de llegar al Senado, los opositores se lanzan a la calle a hacer ruido. Si no, siempre quedarán los tribunales, tanto para unos como para otros, o incluso para la posibilidad de que la norma sea declarada inconstitucional. Y entonces ya se abrirá la Caja de Pandora.

Oposiciones examen Ministerio de Justicia Tribunal Supremo Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
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