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El independentismo alienta desobedecer a Hacienda en la campaña de la renta
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Nuevo plan de Puigdemont

El independentismo alienta desobedecer a Hacienda en la campaña de la renta

Una veintena de gestorías ayudan a realizar el pago del IRPF a la ATC, aunque luego esta liquida el impuesto a la Hacienda española

Foto: Manifestación de la ANC. (EFE/Alejandro García)
Manifestación de la ANC. (EFE/Alejandro García)

El inicio de la campaña de la renta ha provocado una reacción de las entidades soberanistas catalanas para intentar hacer campaña en contra del pago de impuestos a la Hacienda española. No es una campaña unitaria, sino compartimentada, en la que dos instituciones de referencia se pelean por obtener el favor de los ciudadanos catalanes: el Consell per la República, que preside Carles Puigdemont, y la Asamblea Nacional Catalana (ANC). Las campañas de ambas entidades tienen una sutil diferencia: Puigdemont pide dinero para su chiringuito, mientras la ANC pide que se canalicen todos los pagos a través de la Administración catalana para fortalecerla y prepararla en caso de una eventual ruptura.

El Consell de la República tiene en marcha la campaña Prou Monarquia y ha hecho ya varios actos bajo el lema "Encuentros de desobediencia fiscal" en Santa Coloma de Gramenet, Vic, Lleida y Vilablareix. En una página habilitada exprofeso para esta campaña, aduce que la monarquía es "heredera del franquismo" y que su misión es "salvaguardar la unidad de España, un axioma que pasa por encima de la ley y que da cobertura a todas las acciones contra quien ose cuestionarla". Por ello, pide a cada catalán que done, como mínimo, 17,14 euros (un guiño al año 1714, en que cayó Barcelona en la Guerra de Sucesión) de su renta al Fondo Republicano de Acción Solidaria (FRAS), el último invento de Carles Puigdemont para recaudar dinero, dado que las cuotas de su Consell per la República no dan para más.

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"No es fraude ni delito. Es objeción y desobediencia", asegura la página. Y añade: "Proponemos que te descuentes 17,14 euros o la cantidad que quieras objetar. Esta cantidad ha de cuadrar con lo que pongas en la carta dirigida a la Agencia Tributaria informándole de tu objeción fiscal". Explica también que se ha de consignar la cantidad donada al Consell en las casillas 0605 o 0606 de la declaración de la renta. El dinero, aseguran en el Consell, se destinará a "dotar de estabilidad y robustez financiera a las estrategias de avance hacia la materialización de la república y a ofrecer cobertura jurídica y apoyo a las víctimas de la represión española". En su campaña, los de Puigdemont recalcan que "es importante que especifiques el concepto del ingreso como 'Objeción fiscal a la monarquía' y recuerda que has de guardar el comprobante que se emitirá una vez hayas efectuado el ingreso". El Consell ofrece incluso un tutorial sobre cómo hacer la objeción fiscal.

Las cuentas (ajenas) claras

El Consell per la República no rinde cuentas a nadie (ni siquiera a su máximo órgano de representación), pero expone las cuentas españolas: "¿Cuánto nos cuesta la represión? —se pregunta—: represión de la Casa Real. Coste anual: 8.431.150 euros; represión policial. Coste anual: 7.293.000.000 euros; represión judicial. Coste anual: 200.966.260 euros".

La ANC, en cambio, tiene una campaña en marcha bajo el lema "Yo pago en Cataluña", "una forma de empoderamiento ciudadano que consiste en pagar los impuestos a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) en lugar de hacerlo a la Administración española. De esta forma, se sitúa al Govern de la Generalitat en una posición de fuerza de cara a la ruptura con el Estado español".

Según la ANC, la Generalitat catalana solo recauda el 5,3% de los impuestos que pagan los catalanes, básicamente los que son propios y los cedidos por el Estado. Según los números en que se basa la ANC, facilitados por el Departamento de Economía del Govern, el Gobierno de España recauda 63.146 millones anuales (el 87,7%) en Cataluña, mientas que la Generalitat recauda 3.779 millones (el 5,3%) y los entes locales, 5.029 millones (el 7%). Los propios son los impuestos de grandes establecimientos comerciales, los de viviendas vacías y los que gravan los activos no productivos. Los cedidos son los impuestos de sucesiones y donaciones, los de patrimonio, los de actos jurídicos documentados y transmisiones patrimoniales. Los grandes impuestos como IVA, IRPF y sociedades, dice la ANC, "los recauda el Estado directamente y nos transfiere una parte a las comunidades autónomas".

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"Es importante empujar al Govern y fortalecer la ATC, una Administración que no se está explotando lo suficiente y que ha de ser un pilar fundamental en una eventual ruptura con el Estado español". La entidad cívica arenga a sus activistas a presionar al Govern "para que no cometa los mismos errores que en octubre de 2017, cuando las estructuras fundamentales de un Estado no estaban trabajadas ni preparadas. Esta vez no puede volver a pasar. Hacer soberanía fiscal no solo es una manera de ir restando poder al Estado, sino también de presionar al Govern de la Generalitat para que prepare y fortalezca una Administración tan cabal como la Agencia Tributaria". Para la entidad soberanista, "la parte de recaudación que controla Cataluña ya no la controla España". Pero oculta que los impuestos que son pagados a la ATC son automáticamente redirigidos a la AEAT, puesto que de lo contrario los responsables de la Administración catalana podrían cometer un delito de apropiación indebida.

20 gestorías habilitadas

De hecho, la Asamblea asegura que la soberanía fiscal que pregona se inició en 2012 con la plataforma Catalunya Diu Prou (Cataluña Dice Basta), que impulsó "la soberanía fiscal. Inicialmente, ocho empresas y autónomos pusieron en marcha este mecanismo de pago y, posteriormente, la campaña fue creciendo sumando más empresas, autónomos, particulares y administraciones públicas —especialmente ayuntamientos—. A lo largo de este tiempo, se han estado liquidando impuestos estatales a la ATC con éxito". Pero eso es solo propaganda para los activistas soberanistas. El volumen del pago a la ATC es mínimo y de ahí que se escondan los exiguos números de empresas, particulares o ayuntamientos que pagan a la Agencia catalana. Según los últimos datos conocidos, no llegan al centenar los pagos de IRPF realizados a través de la ATC (en sus mejores tiempos, en 2018, llegaron a ser casi dos centenares de declaraciones las presentadas por ese conducto).

El secretariado de la ANC aprobó este mes de marzo apoyar solo a candidaturas que presentasen determinados programas, en los que deberán incluirse el compromiso de adhesión a la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), el reconocimiento de la validez del referéndum ilegal del 1-O y el reconocimiento de la declaración de independencia votada en el Parlament el 27 de octubre de 2017. Pero también incluye la cláusula de aplicar "la soberanía fiscal, haciendo las declaraciones a la Hacienda catalana".

La entidad independentista ofrece un listado de 20 gestorías repartidas esencialmente por la costa catalana (en las comarcas leridanas, por ejemplo, no recomienda ninguna) que ayudan a hacer los trámites ante la ATC. Entre los bufetes que recomienda, se encuentran el del diputado de JxCAT Jaume Alonso-Cuevillas (abogado de Puigdemont) y la gestoría que regenta Eusebi Campdepadrós, ex secretario primero de la Mesa del Parlament, también exdiputado de Junts. También se encuentra la Gestoría Selga de Manresa, propiedad de Josep Selga, que en 2019 concurrió a las elecciones municipales en las listas de Primàries, la candidatura auspiciada por la propia ANC. El despacho de Xavier Santaló, miembro de la comisión de control económico de la Federación Catalana de Básquet, es otro de los recomendados. Pero aunque los despachos habilitados se duplicaron en los últimos tres años, el número de ciudadanos que practican esta soberanía fiscal no acaba de dispararse.

El inicio de la campaña de la renta ha provocado una reacción de las entidades soberanistas catalanas para intentar hacer campaña en contra del pago de impuestos a la Hacienda española. No es una campaña unitaria, sino compartimentada, en la que dos instituciones de referencia se pelean por obtener el favor de los ciudadanos catalanes: el Consell per la República, que preside Carles Puigdemont, y la Asamblea Nacional Catalana (ANC). Las campañas de ambas entidades tienen una sutil diferencia: Puigdemont pide dinero para su chiringuito, mientras la ANC pide que se canalicen todos los pagos a través de la Administración catalana para fortalecerla y prepararla en caso de una eventual ruptura.

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