Secretarios e interventores interinos amenazan la investidura de los alcaldes con una huelga

Cientos de investiduras en ayuntamientos de toda España tras las elecciones del 28-M están en peligro. La cuestión radica en las 3.649 plazas de interinos de larga duración (más de tres años) que el Gobierno no ha consolidado todavía. Esto supone que casi la mitad de los funcionarios locales de los consistorios no disfrutan de plaza fija, pese a que alguno de ellos lleve más de 30 años en su puesto. Si el Ministerio de Hacienda y Función Pública no cumple la ley aprobada en 2021, irán a la huelga.

Diversas asociaciones de secretarios, interventores y tesoreros se manifestarán este viernes frente al Ministerio, en Madrid. Amenazan con una protesta indefinida, mediante paros intermitentes, a partir del 14 de junio. El colectivo reclama que se oferten la consolidación todas las plazas y no solo las casi 800 publicadas.

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A pesar de sus múltiples intentos de reunión con el Ministerio de Hacienda durante los últimos años, los afectados tan solo han recibido silencio como respuesta. La situación, describen, es “grave”, pues casi 4.000 personas contratadas por los ayuntamientos de toda España están en condiciones de interinidad o temporalidad de un total de 8.000 funcionarios locales. Las cosas parecían haberse encauzado tras la aprobación por parte del Ejecutivo de la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Los afectados se dieron cuenta de que no era así cuando la Oferta de Empleo Público realizada al amparo de dicha normativa tan solo alcanza a 796 personas y no la totalidad de las interesadas, tal y como establece la misma ley.

“Solo queremos eso, que cumplan la ley que ellos mismos aprobaron. Como no han accedido a reunirse, ni siquiera sabemos qué interés tienen para hacerlo de esta forma”, explica Ana María Landeira. Ella es la representante de la Asociación Sindical de Secretarios interventores de Aragón (ASSIA), lleva 15 años cumpliendo sus funciones como secretaria, interventora y tesorera en el municipio de Valle del Hecho, y será una de las profesionales que irán a la huelga si el Ministerio no se compromete a la estabilización de las plazas interinas.

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“El Gobierno no cumple su propia ley en la que se establece que todas las plazas en abuso de temporalidad, ocupadas por más de tres años por personal en esta situación, deben incluirse en una oferta de empleo pública que debería haberse aprobado en julio de 2022”, señalan. Llegada esa fecha, los afectados vieron con estupor cómo no se incluyeron la totalidad de las plazas correspondientes. “De 3.649 personas que estamos así, solo sacaron 796”, remarca Landeira.

Las nuevas corporaciones, en peligro

A nadie se le escapa que el Gobierno ha ido promocionando la estabilización de estas plazas temporales a menor ritmo del necesario. Ese es el motivo por el que ahora haya una tasa de casi el 50% de interinidad en el colectivo. La representante de ASSIA también denuncia que muchas de las plazas de consolidación parece que las han sacado por la vía de libre oposición. Según aduce, “todos los años sacan un centenar de ellas, pero ahora hemos visto cómo mediante un decreto aprobado por la emergencia de Ucrania y otro posterior han ofertado hasta 2.000 plazas”.

Esta secretaria, interventora y tesorera a la vez es la encargada en el pueblo en el que trabaja de organismos como el juzgado de paz, el registro civil y las empresas públicas que haya en el municipio. “Yo llevo un pueblo con cinco núcleos de población, pero hay compañeros que llevan hasta siete”, subraya.

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Conscientes del poder que tienen en estos pequeños ayuntamientos de España, si el Ministerio de Hacienda no atiende a sus demandas, planean una huelga indefinida a partir del 14 de junio, antes de la constitución de los nuevos ayuntamientos. “Ese es el día en el que se puede llevar a cabo último pleno en el que se hace la constitución de la nueva corporación municipal. Nosotros siempre hemos sido la garantía de ellas porque esa es una de nuestras funciones públicas, pero ha llegado el momento de que se respeten nuestros derechos”, advierte Landeira. O la cartera liderada por María Jesús Montero acepta sus prerrogativas y modifica la oferta pública de empleo, o los paros están asegurados.

30 años de espera

Juan Luis Martín es otro de los afectados. Él lleva desde 1992 ejerciendo funciones de secretario, interventor y tesorero en diferentes municipios de la provincia de Albacete. Más de 30 años después y una Ley que blinda la estabilidad de su plaza, no se va a quedar parado. También es el representante de la Asociación de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos de Castilla-La Mancha (ASSITI) y explica por qué la afectación por la situación se eleva en regiones rurales: “Muchos funcionarios de carrera no quieren venir aquí por la lejanía con la capital de provincia, porque las condiciones de desempeño son algo penosas puesto que en algunos municipios el único personal del Ayuntamiento somos nosotros o porque las retribuciones son más bajas”.

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A pesar de ello, ni siquiera reclaman una subida de salario a la Administración central, como sí han realizado otros colectivos profesionales en los últimos meses. “Si el objetivo del Ministerio es que la temporalidad se reduzca hasta el 8%, aquí estamos hablando de casi el 50%”, reitera Martín. En estos momentos, su colectivo vive en una paradoja: “Como personal público tenemos que garantizar el cumplimiento de la Ley 20/21, aunque el Gobierno no lo garantice con nosotros, así que ahora somos los responsables en nuestros municipios de la consolidación de las plazas que sí se han ofertado”, añade.

Las posibles indemnizaciones de los Ayuntamientos

Por el momento, asociaciones de Castilla – La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Aragón, Valencia y Andalucía secundan la concentración de este viernes 26 frente al Ministerio de Hacienda. La movilización, a su vez, está mediada por el envío de diversas cartas por parte de los Ayuntamientos en los que los convocantes ofrecen sus servicios. “Le dicen a la ministra que nos apoyan en nuestras demandas por un simple motivo. Si mi plaza la escoge otra persona, a mí me tienen que echar e indemnizar, tal y como marca la ley. Ese desembolso tan grande, dada la experiencia dilatada que tenemos la mayoría, recaería en las arcas públicas municipales, y los alcaldes quieren evitarlo”, declara Landeira desde Aragón.

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Esto abriría una nueva posibilidad no exenta, de nueva, de cierta paradoja. Tal y como remarca la representante de ASSIA, a ella tendrían que echarla una vez terminado el proceso de consolidación de las 796 plazas ofertadas si la suya se encuentra entre ellas. “Quizá el pueblo en el que estoy se queda sin secretaria, porque no se han ocupado todas las plazas, y tiran de la bolsa de trabajo y me vuelven a llamar para cubrir el mismo puesto de interina unos meses después de haberme despedido”, ilustra.

Sea como fuere, la huelga sigue convocada a la espera del último movimiento, que también sería el primero, por parte del Ministerio de Hacienda. “Sin nosotros no se pueden constituir los plenos, somos quien da fe pública de ellos, así que cientos de tomas de posesión están en peligro. Nuestro deseo es que se constituyan los nuevos ayuntamientos, pero para eso el Gobierno tiene que cumplir su propia ley”, finaliza Martín desde Albacete.