SE APROXIMA UNA OLEADA DE JUBILACIONES

El Gobierno estudia un gran plan plurianual para rejuvenecer la plantilla de funcionarios

En los próximos ejercicios, será necesario convocar un mínimo de 30.000 plazas al año para cubrir las bajas de trabajadores en la Administración General del Estado

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE)

El Gobierno quiere exprimir la recta final de la legislatura para poner en marcha algunas de sus propuestas más electoralistas. Una de las últimas será la convocatoria de la oferta pública de empleo (OPE) de 2019 para la Administración General del Estado. Función Pública no tiene la cifra cerrada, pero confirma que sacará un mínimo de 31.000 plazas a concurso público, similar a la de 2018, que fue la mayor oferta desde 2008. El grueso de las plazas estará destinado a la reposición de personal y la promoción interna, aunque también habrá una parte de estabilización de empleo. Lo que no habrá, o será marginal, es la incorporación de nuevos trabajadores, esto es, incremento neto de la plantilla y, por tanto, apenas tendrá coste presupuestario.

Pero, además de la convocatoria de este ejercicio, el Gobierno estudia un plan plurianual para la renovación de las plantillas públicas que pueda proponer a los sindicatos. En torno a un millón de funcionarios y trabajadores públicos se jubilarán en los próximos 10 años, lo que obliga a las diferentes administraciones públicas a llevar a cabo el gran ‘relevo generacional’ de su plantilla.

El Ejecutivo de Sánchez quiere sentar las bases de este movimiento con un plan plurianual que permita una transición ordenada de las plantillas públicas. UGT ha sido el sindicato que más ha empujado en esta dirección y finalmente ha conseguido que el Gobierno ceda en este punto. O vaya a hacerlo.

Función Pública confirma que el ministerio está elaborando un estudio de las necesidades de personal público para los próximos años. Así, aunque la legislatura se esté agotando, se pueden sentar las bases de un plan a varios años para rejuvenecer el cuerpo de trabajadores del Estado. Con este plan, se podría anticipar la oleada de jubilaciones que son ya inminentes y así lograr que no se queden puestos vacantes cuando ocurra.

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El Gobierno teme que puedan producirse cuellos de botella en la renovación de las plantillas públicas, ya que el proceso para reponer un puesto de trabajo puede demorarse durante un tiempo. Desde que el Consejo de Ministros aprueba cada plaza hasta que se ocupa por un funcionario, pueden pasar hasta dos años. Esto provoca que si hay una salida masiva de empleados públicos, puedan producirse situaciones de escasez de mano de obra.

Según los cálculos preliminares, a partir de este año y durante un periodo amplio (que puede ser de una década), será necesario convocar al menos 30.000 plazas cada año para cubrir las necesidades de empleo. Conviene recordar que esto es solo Administración General del Estado: además, las comunidades autónomas y las corporaciones locales tendrán que diseñar sus planes para reponer sus plantillas.

Según los cálculos preliminares, será necesario convocar al menos 30.000 plazas al año para cubrir las vacantes en las plantillas públicas

Esto no solo exige una gestión ordenada por parte de la Administración central, también es necesario que cale en la sociedad que habrá una demanda de empleo público constante durante los próximos años. Solo así se puede asegurar que exista el cuerpo opositor suficiente para cubrir todas las plazas. Solo un ejemplo: las últimas convocatorias de inspectores de Hacienda del Estado han dejado plazas vacantes en los últimos años como consecuencia del deterioro del cuerpo de opositores.

En la OPE de 2019, el número de plazas para la estabilización será reducido; su hueco será ocupado por la reposición y la promoción interna

La OPE de 2019 ya responde a este proceso de renovación de plantillas. El plan de estabilización de empleo acordado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro fue mayoritario en las convocatorias de 2017 y 2018. Esto permitió reducir la temporalidad en la AGE hasta el entorno del 2%, lo que significa que se está cumpliendo ampliamente el acuerdo, que obligaba a reducirla por debajo del 8%.

Como los deberes ya están hechos, en la OPE de 2019 el número de plazas convocadas para la estabilización del empleo será reducido. Su hueco será ocupado por la reposición de plazas de trabajadores que causan baja y promoción interna para cubrir los huecos de responsabilidad que dejen vacantes. Entre ambas, coparán el grueso de las 31.000 plazas que se convocarán.

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La intención del Ejecutivo es llevar la oferta pública de empleo al Consejo de Ministros del viernes 29 de marzo. Antes quiere alcanzar un acuerdo con los tres principales sindicatos de la función pública: CCOO, UGT y CSIF. Para lograrlo, ha planteado un intenso calendario de reuniones que comienzan en la tarde del miércoles y que se prolongarán durante el jueves.

El Gobierno se cierra a las 35 horas

Lo que no está dispuesto a negociar el Gobierno es la reducción de la jornada de los trabajadores públicos a 35 horas, como piden los sindicatos. En las últimas reuniones celebradas, el Ejecutivo ha argumentado que la normativa actual impide aprobar este recorte de la jornada y la ampliación de la tasa de reposición por encima del 100% mientras no se cumplan los objetivos de estabilidad.

En 2018 se superó el umbral de déficit fijado por las Cortes, y en 2019 también se incumplirá. Esto significa que el Gobierno puede escudarse en la normativa actual para no aprobar ninguna de las dos medidas. Aunque cambiar la normativa es algo que está en su mano, Función Pública ha trasladado a los sindicatos que no pretende hacerlo.

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