Los 1.000 interinos en el limbo que Juanma Moreno quiere rescatar décadas después

Uno de cada cuatro trabajadores públicos es temporal; es decir, el 24,3%. Así figura en el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones públicas en su edición de julio de 2022, la más actualizada. El objetivo marcado por la UE es reducir esa cifra hasta el 8% y por eso las distintas administraciones han puesto en marcha procesos de estabilización de plantillas en los últimos años. Pero, en esos procesos, hay algunos damnificados, trabajadores que llevan décadas como servidores públicos y que no han superado algunos requisitos para conseguir una plaza fija, y que ahora podrían acabar despedidos. En la Junta de Andalucía se han topado con un millar de trabajadores públicos en esta situación, en su mayoría mujeres.

Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los interinos, el 84%, están en las comunidades autónomas, que también se han embarcado en largos procesos de estabilización. Los 1.000 interinos que ven peligrar su puesto de trabajo son personas que debieron enrolarse en las oleadas de 2017 y 2018, que derivaron de los presupuestos generales del Estado de esos años, los últimos elaborados por el Gobierno de Mariano Rajoy.

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Estos procesos abordaron la estabilización por medio del concurso-oposición, es decir, que se tienen en cuenta los méritos laborales de los candidatos y la puntuación del examen. Los 1.000 interinos del limbo son los que no superaron la fase de oposición, pero que son un "capital humano", explican desde la Junta, que lleva a tomar al Gobierno andaluz medidas extraordinarias. Dentro de este millar hay muchas casuísticas. Está el 20% que no llegó a presentarse al examen, hay otros que lo suspendieron y algunos que, pese a aprobar, no lograron la nota suficiente para conseguir una plaza.

El problema llega cuando los aspirantes que sí superaron en el examen reciben las plazas que ocupan actualmente los interinos. Hay que tener en cuenta que las vacantes no son suyas, a pesar de algunos llevan décadas en ese puesto de trabajo encadenando contratos. "Esto hace que las plazas sean ocupadas por opositores que nunca han trabajado en la Administración o con menos de tres años de experiencia", explican desde la Consejería de Justicia, Función Pública y Administración Local que dirige José Antonio Nieto. Para "no perder es capital humano y la experiencia", el Gobierno andaluz ha puesto en marcha una “bolsa preferente” con los interinos que sean despedidos para facilitar su reincorporación en el organigrama de la Junta "en poco tiempo".

No habrá un proceso de selección extraordinario, explican en la Junta, porque no lo ampara la ley

En la Junta apuntan a la responsabilidad de los anteriores gobiernos socialistas que, "durante décadas", apostaron por el empleo público temporal, una realidad que vivió su punto álgido durante los años posteriores a la crisis económica y financiera que estalló en 2008. Los recortes puestos en marcha para cumplir con los requisitos de Bruselas limitaron mucho la contratación pública y se redujo con fuerza la tasa de reposición, lo que dejó unas ofertas de empleo público raquíticas. Los huecos se acabaron tapando con interinos y eventuales, que no suponen un compromiso presupuestario tan pesado para los gobiernos.

A pesar del compromiso de la bolsa preferente, en la Junta están empeñados en buscar una solución ante las quejas de este colectivo. El portavoz de la Junta, Ramón Fernández Pacheco, dejó claro el pasado martes que es imposible poner en marcha un proceso selectivo extraordinario dirigido a este colectivo. Por eso, el objetivo de su compañero José Antonio Nieto es lograr una interpretación de la ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, aprobada en 2021 por el Gobierno central, que dé amparo a este colectivo. Para ello, la Junta quiere lograr "unidad de acción", una entente que comenzó a buscar en los sindicatos de la mesa sectorial de la Administración General (CCOO, UGT, CSIF e ISA) en una reunión celebrada el 4 de abril.

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El consejero andaluz de Función Pública mantuvo pocos días después un encuentro con los grupos parlamentarios de PSOE, Vox y Por Andalucía en ese intento por armar un discurso único y luego acudir con él al Ministerio de Hacienda y Función Pública que encabeza María Jesús Montero y hallar una solución para este colectivo de trabajadores públicos, que este lunes protagonizaron una concentración a las puertas del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta.

Estos empleados ven como el tiempo corre y se acerca su despido —algunos ya no trabajan en la Junta— y, a la vez, que hay otro grupo de personas que aprobaron los exámenes en convocatorias de empleo público convocadas al mismo tiempo y que todavía no se han incorporado a sus puestos pese a lograr la nota necesaria. Esta dilación ha provocado incluso una investigación de oficio del defensor del pueblo andaluz, Jesús Maeztu, que ha recibido numerosas quejas. En la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública admiten la tardanza y la achacan a la falta de personal o a algunos retrasos provocados por el efecto de la pandemia.