La administración paralela andaluza adelgaza por goteo: 800 trabajadores en dos años

El sector público instrumental de la Junta de Andalucía cuenta con 28.657 trabajadores, según el proyecto de presupuestos aprobado por el Gobierno de Juanma Moreno hace unos días. Es la plantilla actual de lo que el PP llamaba, en la oposición, la administración paralela, que se mantiene casi estable ante la constatación de que se trata de empleados con derechos laborales consolidados. Se trata de un entramado de entidades donde trabajan desde bomberos forestales a responsables de gestionar fondos europeos, pasando por enfermeros o investigadores en materia sanitaria. En dos años, la plantilla de estos organismos se ha reducido un 2,8%, en 828 personas. Cuando los populares llegaron al Gobierno eran 29.742 profesionales.

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Todavía se cuentan dentro de este grupo los trabajadores de las agencias públicas sanitarias, los organismos que gestionaban los hospitales comarcales, a pesar de que el Gobierno andaluz ya finalizó en la pasada legislatura el proceso de integración en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Este ejemplo sirve para dar cuenta de la dificultad que tiene gestionar este sector público instrumental al que, durante años, el PP señaló como el lugar donde habitaban los "enchufados del PSOE".

"Hemos logrado que deje de hablarse de la administración paralela para hablar del sector público instrumental", celebra una fuente del Gobierno andaluz respecto a estas organizaciones dependientes de la Junta. Este cambio en la percepción, propiciado por el PP al cambiar su actitud sobre el sector público, es una de las críticas que Vox hace al nuevo Ejecutivo cuando lo acusa de poner en práctica políticas continuistas con los gobiernos del PSOE.

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El ahora consejero de Función Pública y responsable de estos organismos, José Antonio Nieto, dio una entrevista en el verano de 2021 a Europa Press donde garantizó que ningún trabajador que entrase legalmente en estos organismos saldría de la Administración. Limitó las salidas a los casos de "enchufismo" que fueran detectados. Y a ello hay que sumar las malas experiencias que han tenido los distintos gobiernos andaluces cuando han despedido a este tipo de trabajadores. El Ejecutivo de José Antonio Griñán cosechó una serie de derrotas judiciales cuando extinguió las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico (Utdlt) y sus trabajadores recurrieron sus despidos.

Las auditorías que el PP puso en marcha para conocer la situación del sector público no incluían información al respecto y se están aplicando con cuentagotas y no siempre con éxito. Es lo que ha ocurrido con la agencia Trade, que estaba llamada a ser la "ventanilla única" del impulso empresarial al aunar todas las fundaciones y entidades. El Parlamento regional acaba de deshacer la fusión aprobada en los últimos meses de la pasada legislatura para enviar a Andalucía Emprende a la Consejería de Universidades. Este organismo, que solo gasta dos de cada 10 euros en promoción empresarial, dedicando la mayoría de su presupuesto a nóminas, es un buen ejemplo de la evolución del sector público instrumental desde que el PP llegó a San Telmo. Las cuentas recién aprobadas contemplan una plantilla de 854 trabajadores, 62 menos que en 2021.

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Andalucía Emprende es una de las fundaciones más voluminosas de la Administración autonómica. En entidades de su misma naturaleza trabajan 2.618 personas, frente a las 3.903 que había hace dos años. En este apartado, la reducción es mucho mayor, con un 32,9% en ese periodo. Las sociedades mercantiles (donde se encuentra, por ejemplo, Canal Sur) han perdido 307 empleados, desde los 4.907 que había en 2021 a los 4.600 de ahora, es decir, un 6,2%. También han caído los trabajadores de los consorcios, un 2,9% al pasar de 170 a 165; así como los de las Agencias del Régimen Especial, como el Servicio Andaluz de Empleo. Ahí la reducción es de 120 personas, un 3,2%.

Todas estas caídas se compensan con el crecimiento en las agencias públicas, empresariales y en las agencias administrativas. Estas últimas son las citadas entidades responsables de los hospitales comarcales, que han visto crecer sus plantillas en 244 personas (2,9%) en el contexto del covid. Y, en el caso de las agencias públicas empresariales, el aumento es del 7,5%, con 645 trabajadores más, que responden al crecimiento en organismos tan relevantes como la Agencia del Medio Ambiente y Agua, que gestiona el Plan Infoca de extinción de incendios, o la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, responsable de las políticas de dependencia.