El PP fuerza un debate por la vivienda en el Congreso a las puertas de las elecciones del 28-M

Superada con éxito la reforma del solo sí es sí —salió adelante previo acuerdo entre PSOE y PP—, la vivienda se sitúa ahora en el centro de la pugna electoral entre los dos grandes partidos. El acuerdo de hace una semana del Gobierno con ERC y Bildu para sacar adelante una de las leyes estrella de Pedro Sánchez pilló a Génova con el pie cambiado y les forzó a acelerar la elaboración de un plan que el líder gallego aún no había cerrado con su equipo económico. El proyecto que el martes oficializó Alberto Núñez Feijóo y que el miércoles detalló Juan Bravo tendrá aún más recorrido. La dirección de los populares no se plantea enviar su documento a la Moncloa para intentar forzar una negociación —como sí hizo con propuestas como el ahorro energético o la independencia judicial—, pero sí presentar su programa en el Congreso a modo de iniciativa legislativa.

El PP quiere dar la batalla al PSOE en un contexto especialmente delicado para los dos grandes partidos, con las elecciones a la vuelta de la esquina. La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para los jóvenes en España y puede convertirse en un factor diferencial para mover voto hacia uno u otro bloque. Tanto en la ley de Sánchez —que cuenta con el visto bueno de Unidas Podemos y de socios como ERC o Bildu— como en la propuesta alternativa de Feijóo, se incluyen medidas dirigidas mayoritariamente a este sector poblacional, al que suelen llegar con mayor facilidad las formaciones situadas en sus respectivos extremos políticos. El último barómetro del CIS vuelve a reflejar cómo PSOE y PP registran las menores tasas de intención de voto en la franja de entre 18 y 34 años. En el caso de Vox y Podemos, sucede precisamente a la inversa.

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El registro del plan de vivienda de Feijóo en la Cámara Baja tiene sobre todo una intencionalidad política, y avanza cómo el problema de la vivienda se convertirá en uno de los ejes del choque entre PSOE y PP, y no solo ante el 28-M, sino también de cara al duelo final de las generales, que tendrá lugar a final de año. El próximo jueves, además, el Congreso vota el proyecto de ley de vivienda del Gobierno, con el tope a los alquileres como principal hilo conductor. Y solo dos días antes, en el Senado, tendrá lugar el último cara a cara entre Feijóo y Sánchez antes de los comicios autonómicos y municipales. Dos escenarios idílicos para confrontar modelos y tratar de pinchar la estrategia de Ferraz, que deseaba tener aprobada la ley de vivienda antes del 28-M con el objetivo de retratar electoralmente a los candidatos del PP. De hecho, los barones populares ya han avanzado que, dentro del margen de sus competencias, no aplicarán ni la limitación de los alquileres ni ningún otro precepto de la ley estatal que no sea obligatorio.

Fuentes de Génova avanzan, además, que el PP votará en contra de la convalidación de la ley de vivienda el próximo jueves en el Congreso. En el primer partido de la oposición, aseguran rechazar "el conjunto de la ley", si bien fuentes de la dirección reconocen algunos "aspectos positivos" que sí ven razonables y que, incluso, estudiarían mantener en la legislación si Feijóo logra llegar al Gobierno. Un ejemplo son los incentivos fiscales que la ley de Sánchez contempla para los arrendadores que pongan facilidades a los jóvenes para acceder a la vivienda, bajando el precio en zonas tensionadas o rehabilitando el inmueble, o la financiación de 43.000 viviendas de alquiler social a precios asequibles con 4.000 millones del ICO.

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Las mismas fuentes apuntan a que Feijóo, si logra llegar a la Moncloa, no derogará de forma íntegra la nueva ley del Gobierno, sino que apuesta por la fórmula con la que pretende enfrentar la reforma laboral de Yolanda Díaz: modificar aspectos concretos de la normativa, especialmente en lo relativo al tope de los precios o a los límites a los grandes tenedores y la propiedad privada. "Intervencionismo o libertad", resumió Juan Bravo el pasado miércoles. Tampoco prevé Génova arropar a sus barones autonómicos en su visita a los tribunales, y no se plantea recurrir la normativa del Gobierno ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias. Consideran en la dirección de los populares que ese camino lo deben recorrer, si corresponde, las autonomías, que tienen cedidas las competencias de vivienda. Por el momento, solo Isabel Díaz Ayuso ha amagado con esa posibilidad.

Pese a todo, el PP no se moverá del no en la votación del Congreso, postura que compartirá previsiblemente con Ciudadanos y Vox en la Cámara Baja. En un principio, el primer partido de la oposición parecía poder sumar a ese bloque al PNV, pero los nacionalistas vascos dieron la sorpresa en la tarde del jueves y optaron por la abstención en la votación del informe de la ponencia de la ley de vivienda, un trámite que precede a su votación en pleno el próximo jueves. La decisión llegó después de que el PNV presentase una enmienda a la totalidad a la normativa de Sánchez por "inmiscuirse en competencias propias". Pero la ley de vivienda, que cuenta con el sello de EH Bildu, amenazaba con convertirse en el cisne negro de la campaña electoral de los jeltzales. Y finalmente han suavizado su postura.

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Feijóo reconoce la necesidad de impulsar una ley de vivienda en España, pero incide en que se trata de un "problema" que "no se soluciona en dos días" y que requiere de la participación de todas las administraciones implicadas. Por eso insiste en que impulsará un pacto de Estado de la vivienda si logra llegar a la Moncloa, para que esas "soluciones" cuenten con el aval de comunidades autónomas, ayuntamientos, sector privado y Estado. En cualquier caso, los populares no transigirán con la intervención del mercado para poner coto a la subida de precios, al entender que, a la larga, se traducirá en una reducción de oferta y en un incremento de los precios.

La propuesta del PP se basa eminentemente en la construcción, las ayudas directas y los incentivos fiscales. La medida más novedosa es la de conceder una "ayuda a la emancipación" de 1.000 euros, a la que podrán acogerse jóvenes menores de 35 años y hasta 40.000 euros de renta. Los ciudadanos que estén por debajo de los 30.000 euros anuales recibirían el cheque íntegro, mientras que iría disminuyendo progresivamente en el caso de los que se encuentren por encima de ese umbral. La medida tendría un impacto aproximado de 400 millones de euros para las arcas públicas.

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Los populares proponen también avalar el 15% de la hipoteca en la compra de primera vivienda, asumir también la fianza del alquiler de los jóvenes que desean independizarse, intensificar la agenda antiokupación con una nueva legislación que acelere los procesos de desalojo o el incremento de las cesiones de suelo dotacionales de ayuntamientos y comunidades para construir viviendas y cederlas con un precio de alquiler tasado a un 40% menos del precio de mercado.