Génova suma fuerzas con sus barones para frenar el tope al precio de los alquileres del Gobierno

La cuestión de la vivienda y las recetas para combatir un problema que cala especialmente entre los votantes más jóvenes amenazan con convertirse en uno de los principales ejes de la campaña electoral que está a punto de comenzar. Tras varios años de tiras y aflojas, el Gobierno logró un acuerdo con sus principales socios para desbloquear la norma en el Congreso. Una circunstancia que ha obligado al PP a pisar el acelerador. Alberto Núñez Feijóo daba a conocer este martes las primeras claves que contendrá su plan, que aplicará si logra llegar a la Moncloa. Génova asegura que ha sido elaborado en coordinación con las comunidades donde gobiernan. Y al margen de propuestas, la premisa en la que coincide la dirección nacional con sus respectivas delegaciones regionales es la de rechazar "cualquier consigna intervencionista" en el mercado y la intención de dejar sin efecto la limitación de los precios del alquiler propuesta por Pedro Sánchez.

Feijóo no aclara si derogará íntegramente la nueva ley de vivienda o apostará por modificaciones puntuales, pero en su equipo sí se comprometen a tumbar todos los puntos relativos al límite de los precios del alquiler en zonas tensionadas. Tampoco comparten los preceptos relativos a los grandes tenedores de vivienda —la nueva norma incluye a propietarios de cinco o más inmuebles en una misma zona— y, en general, cualquier aspecto que implique una "invasión" de derechos o competencias. "No se puede topar el precio a costa de los propietarios", inciden.

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Génova ve con buenos ojos la rebeldía con que han amagado las comunidades gobernadas por el PP, que se revuelven contra la nueva normativa y muy especialmente contra la regulación de los precios del alquiler dictada por el Ejecutivo. Fuentes de la dirección nacional aseguran que Feijóo "no ha dado ninguna instrucción" a sus barones para aplicar la hoja de ruta que consideren oportuna una vez resulte aprobado el texto. Pero en el entorno del vicesecretario de Economía, Juan Bravo —encargado de la redacción del documento en materia de vivienda—, avanzan que en las conversaciones que han mantenido con sus territorios en los últimos días han constatado que la intención inicial de los barones populares pasa por no aplicar los preceptos no obligatorios de la normativa del Estado. Habrá, por tanto, una acción coordinada.

Algunas regiones, como Galicia o Andalucía, han optado en primera instancia por la cautela y apuestan por esperar a la redacción final que salga del Congreso para activar un procedimiento determinado. Otras, como Madrid o Castilla y León, dan ya un paso al frente y aseguran que en el margen de sus competencias ignorarán toda medida que implique intervenir el mercado, incluido el tope al alquiler. En el caso de la región gobernada por Alfonso Fernández Mañueco, ni siquiera se dan los parámetros para ello. "Aplicaremos lo que sea absoluta y estrictamente obligatorio, pero no todo aquello que sea opcional y que no compartamos", sentencian en el mencionado Ejecutivo regional, donde cargan sin cortapisas contra una ley de un "intervencionismo extremista" y que amenaza con "desincentivar el alquiler" y con aumentar la "inseguridad jurídica", por sus numerosas "inconcreciones e imprecisiones".

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Isabel Díaz Ayuso, que ha declarado la guerra total al Ejecutivo de Sánchez, tampoco se plantea solicitar la declaración de zona tensionada en una de las comunidades donde más complicado es alquilar o comprar una vivienda. Según la normativa del Gobierno, se aplicaría este rango a aquellas áreas donde el precio del alquiler o la hipoteca suponga un esfuerzo de más del 30% sobre los ingresos de los hogares en la zona, o que los precios hayan subido más de tres puntos porcentuales por encima del IPC en los últimos cinco años. Pero es una prerrogativa que, en principio, corresponde también a las administraciones autonómicas. "Yo presido un Gobierno que cumple las normas, que cumple la ley. Allá donde no sea obligatorio, no lo voy a hacer, y desde luego con todas mis competencias recurriré en los tribunales lo que se pueda, pues es un atropello contra la propiedad", avanzaba.

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, advirtió este martes a las comunidades autónomas del PP de que las leyes, y la de vivienda en particular, "han de ser cumplidas por todas las administraciones públicas". En Génova aseguran que aguardarán a la presentación final del texto para leer la "letra pequeña" y comprobar si el Ejecutivo invade o no sus competencias respecto a la regulación del mercado en sus respectivos territorios.

En ese caso, animarán a sus presidentes a seguir la estela de Isabel Díaz Ayuso en Madrid y declarar la guerra total al Ejecutivo con un recurso ante el Tribunal Constitucional. Los populares tienen un buen precedente. En 2020, el PP de Casado recurrió la ley catalana que regulaba los alquileres en la región. En 2022, el TC anuló los preceptos que permitían la fijación de límites de precio. Andalucía amagó hace semanas con seguir a Madrid con un recurso ante el Constitucional, y tampoco es un escenario que se haya descartado en Galicia, Castilla y León y Murcia.

El plan de Génova

Feijóo desveló este martes algunas de las líneas maestras sobre las que edificará su propuesta en materia de vivienda de cara a las próximas elecciones generales. No será en ningún caso una especie de pacto de Estado que remita a la Moncloa para intentar forzar una negociación, sino un conjunto de promesas electorales que se compromete a activar si llega a la Moncloa. Fuentes de Génova reconocen que, pese a rechazar el marco general sobre el que se asienta la ley de Sánchez, existen conceptos de la normativa que sí ven "positivos", como los beneficios fiscales para permitir que los pequeños propietarios mantengan o bajen los precios del alquiler.

La principal novedad del plan del PP es la de la apuesta por un cheque de 1.000 euros para sufragar "los gastos objetivos del alquiler o compra de una vivienda". Los populares proponen que la ayuda se conceda en un pago único, y que esté dirigida a colectivos vulnerables o jóvenes que buscan emanciparse. Por el momento, el primer partido de la oposición no ha definido detalles como el límite de renta o el rango de edad para optar a esta hipotética ayuda. Tampoco el impacto económico que supondría para las arcas públicas una medida de estas características. Pero no se concederá solo a residentes de áreas tensionadas, sino que apuestan por un reparto global en todo el territorio.

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Otra de las bases de la propuesta de Feijóo será aumentar la oferta para que se traduzca, aun en el largo plazo, en un descenso de los precios del alquiler y de la vivienda. El PP quiere incrementar las cesiones de suelo dotacionales de ayuntamientos y comunidades autónomas, con el objetivo de construir nuevas viviendas y cederlas un 40% por debajo del precio del mercado. También propone pagar la fianza que los propietarios cobran a los inquilinos para acceder a un alquiler o avalar un 15% en la compra de primera vivienda, una medida que ya aplican otras comunidades del PP. De hecho, el documento se ha pactado, revisado y completado con todos los barones autonómicos del PP. La propuesta de Génova servirá de base, un documento que "las comunidades podrán ensanchar en función de sus competencias y necesidades", sentencian en la dirección nacional.

En la página de incentivos fiscales, el PP avanza que reducirá impuestos o tasas municipales en la promoción de nuevas viviendas protegidas, o el impulso de suelo privado para servicio público de vivienda a través de fórmulas de alquiler social y asequible, mediante programas de colaboración público-privada. El PP no se plantea en ningún caso optar por recetas que obliguen a intervenir el mercado o que afecten a la libertad de los propietarios.

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Los populares no olvidan la lucha contra la ocupación ilegal, una cuestión con la que buscan especialmente colonizar uno de los grandes mantras políticos de Vox. En este sentido. El PP propone activar los desalojos en 24 horas de okupas, aumentar las penas para este tipo de delitos o dotar de más recursos a los tribunales y a las fuerzas de seguridad para agilizar todo el proceso. Si logra llegar a la Moncloa, Feijóo solicitará aunar todas estas propuestas dentro del primer pacto de Estado por la vivienda, que deberá impulsarse por consenso entre las comunidades autónomas, los ayuntamientos y el Estado.