El PP presiona al PSOE para reactivar su ley contra la prostitución en plena tormenta por el caso de Tito Berni

El PSOE no se había recuperado aún de las heridas políticas causadas por la ley del solo sí es sí, cuya reforma afronta su primer gran trámite este martes en el Congreso, cuando estalló un caso de corrupción que no solo ha tensado las costuras internas del partido, sino que ha manchado también su perfil abolicionista a las puertas de un 8-M cuanto menos complicado para los socialistas. Y el PP está decidido a explotar esa crisis reputacional, convencido de que el escándalo del caso Mediador tendrá importantes consecuencias electorales a menos de tres meses de que se abran las urnas. Además de la ofensiva institucional, con decenas de preguntas y comparecencias registradas en las Cortes, los populares quieren punzar en la derivada de la prostitución en la trama e instan al PSOE a reactivar en el Congreso su ley para prohibir el proxenetismo, estancada desde que hace meses se aprobase su toma en consideración.

En lo referente a la prostitución, PSOE y PP bailan al mismo compás. Ante la división de la izquierda en esta cuestión, las dos grandes fuerzas políticas abogan por la abolición sin ambages del trabajo sexual. La toma en consideración de la proposición de ley socialista salió adelante el pasado mes de junio, pero los trabajos parlamentarios continúan estancados casi un año después. En realidad, la intención inicial del PSOE era incluir dos enmiendas abolicionistas en el texto de la ley del solo sí es sí, pero la presión de sus socios llevó a los socialistas a torcer el brazo y retirar in extremis sus propuestas sobre el proxenetismo para que no cayese la polémica norma, que tras su entrada en vigor ha favorecido penalmente a más de 700 agresores sexuales.

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En los días siguientes, el Grupo Socialista registró en el Congreso una proposición de ley para dar cauce a una de las principales promesas electorales que Sánchez comprometió en el 40º Congreso Federal del PSOE. La norma abolicionista dio el primer paso en el Congreso con el apoyo del PP y el respaldo parcial de Unidas Podemos, ya que los siete diputados catalanes de En Comú Podem votaron en contra del trámite, una posición que da cuenta de la profunda división que existe en la izquierda en esta cuestión. Bildu y PNV optaron por la abstención —junto a Vox—, mientras que ERC, Junts, la CUP o Ciudadanos votaron en contra. La quiebra en el bloque de investidura otorga al PP un rol protagonista en la tramitación de la ley, pero las negociaciones, denuncian en las filas populares, son inexistentes meses después.

Según advierten en el PP, la Comisión de Justicia —bajo la presidencia del socialista Felipe Sicilia— tiene aún pendiente la convocatoria de la ponencia de una norma que, entre otras cuestiones, propone una reforma del artículo 187.2 del Código Penal para penar cualquier forma de lucro de la prostitución, además del endurecimiento de las penas de prisión para los proxenetas y la recuperación de la tercería locativa —quienes obtienen ganancias proporcionando inmuebles para prestar los servicios sexuales— para rescatarla como una modalidad agravada de proxenetismo. En esencia, el PP coincide en todas estas cuestiones y tiene la llave para que el PSOE alumbre uno de sus grandes compromisos políticos. Los populares exigen una negociación "seria" para sacarla adelante, pero, a pocos meses de que la legislatura llegue a su fin, el teléfono no ha sonado todavía.

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Fuentes del Grupo Parlamentario Socialista aseguran que existen "conversaciones" activas sobre la norma, si bien este contacto se centraría únicamente en sus socios habituales de investidura, sobre todo con Unidas Podemos, de cara a trabajar en un texto asumible por el socio minoritario de la coalición. "Trabajamos para obtener los apoyos para aprobarla en esta legislatura", sentencian en el PSOE. La formación morada, por su parte, admite que la ley abolicionista no se abordará al menos hasta que no se haya solucionado la profunda crisis abierta por la ley del solo sí es sí. Las espadas siguen en alto, y Podemos avanza que, si no hay acuerdo, asestará este martes otro golpe a la coalición votando en contra de la tramitación de la reforma.

Al margen de esta cuestión, el PP asume que, pese a que el calendario corre en contra de Sánchez, el estallido del caso Mediador retrasará aún más la reanudación de los trabajos parlamentarios en materia de prostitución. "Nuestra esperanza es que esta ley se apruebe antes de que finalice la legislatura, pero de momento el PSOE no está cumpliendo sus propias expectativas. Alguna razón muy poderosa debe tener para ralentizar la persecución del proxenetismo", alegan desde las filas del PP en el Congreso. "El caso de Tito Berni les sitúa en un contexto muy desfavorable", añade otra fuente parlamentaria, encargada de las negociaciones con los socialistas en cuestiones sociales. "El solo sí es sí ha enmarañado mucho la situación, pero el PSOE no se va a exponer con la prostitución cuando está en juego su reputación", opina.

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"En su escaño miraban catálogos de chicas mientras bloquean la ley para combatir el proxenetismo", denuncian en la dirección de Génova, en un tono mucho más crítico del que manejan en las filas del Congreso. En la cúpula nacional, tratan de morder en las "contradicciones" de los socialistas, conscientes de que elevar la presión sobre la tramitación de la mencionada norma en la Cámara Baja puede agitar aún más el descontento en el sector feminista del PSOE y acelerar el trasvase de voto en los nichos ideológicos de la izquierda. Este fin de semana, Sánchez trató de poner sordina al conflicto interno con el impulso de una ley para garantizar la paridad en la política y en la empresa privada. Pero, a juicio de los populares, no habrá anuncio que pueda "tapar" el malestar del feminismo a las puertas del 8-M. "Intenta lavar su conciencia", indican.

"Han dejado todas sus banderas feministas en el suelo", resumen fuentes de Génova. Y Feijóo, presumen en su entorno, está dispuesto a recogerlas y capitalizar el descontento de importantes sectores feministas con el Gobierno, ya no solo por las "cesiones" del socio mayoritario de la coalición a Unidas Podemos —con el solo sí es sí o con la ley trans—, sino también por la indignación que ha generado el caso que salpica al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo y la gestión de la crisis por parte de Ferraz, que alimentó rencillas internas en parte por las resistencias que demostró la dirección socialista a la hora de exigir responsabilidades a los diputados que, según el sumario de la causa, participaron en cenas y fiestas con miembros salpicados en una trama que implicaba el pago de comisiones a cambio de facilitar negocios y administraciones públicas, transacciones que, en muchos casos, acababan en burdeles.

El PP ha olido la sangre y, en paralelo al escándalo, ha incidido en el acercamiento a asociaciones del llamado feminismo clásico, así como a organizaciones que trabajan con la prostitución. El pasado sábado, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, participó en un foro junto a la exvicepresidenta primera del Gobierno Carmen Calvo, entendida como cabeza visible del sector femenino del PSOE, crítico con parte de la agenda social emprendida por Ferraz. Génova ha detectado, además, un crecimiento de dos décimas en la transferencia de voto —pasa del 11% de diciembre al 11,2%, según los cálculos de los populares— por la "crisis de relato" que afecta al PSOE a cuenta de los últimos escándalos.