Una de las ponentes del solo sí es sí reconoce que sabían que la ley beneficiaría a algún agresor

La ley del solo sí es sí mantiene al Gobierno sumido en una profunda crisis. Mientras el Ejecutivo asegura que la coalición "no va a romperse", a pesar de las sacudidas, los dos partidos que la integran hacen diagnósticos independientes de la situación, además de rechazar mutuamente sus propuestas para corregir la norma. No puede acabar, afirman, porque esto supondría entregar las llaves de la Moncloa al PP, por lo que deben sobrevivir juntos a esta tormenta. Haya o no acuerdo en lo que toca a su reforma. La realidad, sin embargo, es que una de las ponentes de esta ley reconoce que estaban al tanto de las posibles rebajas de penas a los agresores sexuales.

El Ministerio de Igualdad ha pasado de dar portazo a un cambio de las penas que contempla la ley a asumirlo por exigencia de sus socios, aunque mantiene que la norma no necesita ningún retoque y que el fallo está exclusivamente en su aplicación "incorrecta" por parte de una "minoría de jueces". Peso a esto, en este departamento eran conscientes de que, al fusionar los delitos de abuso y agresión sexual, con el consiguiente reajuste —al alza y a la baja— en las penas, algunos agresores sexuales podían resultar beneficiados por estos cambios. La clave para la protección de las víctimas, asegura Patricia Faraldo, no está en la gravedad de las penas, sino en desplegar las herramientas que contempla la ley, y en hacerlo cuanto antes.

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Faraldo es catedrática de Derecho Penal de la Universidade da Coruña y figura entre las expertas con un peso específico en la redacción del anteproyecto de ley. En una reciente entrevista con La Opinión de A Coruña, reconoció que habían previsto este escenario. También que contemplaban que algunos agresores salieran de la cárcel antes de lo que había previsto la anterior norma: "Sabíamos que las penas se reducían, sí. Algunas, porque otras aumentaron notablemente". Pregunta: "Entonces sabían que había condenados que se podrían beneficiar de eso". Respuesta: "Sí, lo que no sabíamos era la reacción que iban a tener los medios de comunicación ante algo que es absolutamente normal en todas las reformas penales".

En conversación con El Confidencial, Faraldo recuerda que crearon "un tipo penal nuevo", metiendo en este nuevo tipo "conductas que antes eran de escasa importancia", lo que inevitablemente obligaba a "bajar algo las penas". "También se subieron otras, lo que se hizo fue un reajuste de todos los delitos. Se bajaron algunas penas en el límite inferior, y otras aumentaron en el límite superior. ¿Que si sabíamos que era una reforma donde se tocaban las penas? Sí, lo que yo no esperaba es este revuelo mediático. No pensé en la retroactividad", señala.

"Se hizo un reajuste de todos los delitos. Se bajaron algunas penas y otras aumentaron"

La experta en derecho penal destaca en su diagnóstico ese "revuelo absolutamente desproporcionado", en alusión a la alarma social generada, y trata de hacer pedagogía. Está dentro de los parámetros de lo "normal", con una modificación de este calado que, "de 3.000 [condenados] que hay en prisión, hayan salido 20". "La gente que sale lo hace en libertad vigilada, porque son peligrosos", abunda.

En ese marco de la distorsión mediática, Faraldo critica que se transmita la impresión de que "solo se han bajado las penas", cuando también "han subido considerablemente en otros tipos penales" y "se ha creado un sistema aún no dotado económicamente, que se espera activar en unos meses para proteger a las víctimas de violencia sexual". Considera que, en este sentido, el decálogo de medidas que reclama aplicar Igualdad va en la buena dirección y cuestiona el sentido de la modificación que el PSOE quiere llevar como proposición de ley al Congreso de los Diputados, si bien aún sigue negociando con sus socios.

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"Plantearse ahora, cuando todavía no ha empezado a aplicarse la nueva ley en nuevos casos, cuando la única aplicación es retroactiva, cuando no conocemos qué efectos puede tener la ley actual, no es apropiado", asegura. Advierte de los "efectos perversos de la ley anterior", y confía en que los resultados de la norma que contribuyó a construir "sean positivos".

En esto coincide con Unidas Podemos, cuyos portavoces, empezando por la ministra de Igualdad, esperaban que el Tribunal Supremo se pronunciase en una línea similar a la de la Fiscalía General del Estado, para fijar criterios sobre cómo interpretar la norma. Entre otras cuestiones, en Podemos recuerdan que la mayoría de estas revisiones se han efectuado sobre sentencias que aún no son firmes y por eso piden tiempo para que la norma pueda desplegarse.

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Mientras el Gobierno en bloque pasa ahora a contemplar elevar las penas —alguna de las propuestas de Igualdad va en esa dirección—, la experta se posiciona contra el "populismo punitivo". "No soy partidaria de subir las penas, son delitos que se sancionan mucho. Es populismo punitivo, es lo que queríamos evitar con la ley del solo sí es sí, racionalizar las penas, son las más altas de Europa", declara. Lamenta que se plantee que "una rebaja de penas perjudica a las víctimas", porque ni más penas "significan más protección", ni los delincuentes tienen en cuenta a cuántos años de cárcel se exponen antes de infringir la ley. "Generalmente, las desconocen", añade.

Esa oposición al populismo punitivo, presente también en el discurso de la propia Irene Montero, es la que el Ejecutivo está dispuesto ahora a enterrar. Durante el lunes, en el programa Hora 25 de la Cadena SER, la que fuera vicepresidenta primera del Gobierno Carmen Calvo desveló que ella misma y Juan Carlos Campo, entonces ministro de Justicia, expresaron "objeciones clarísimas" a la aprobación del anteproyecto de ley.

Montero reconoció en una entrevista en la misma emisora, al arranque del mes de enero, que Campo alertó entonces de que rebajar las penas máximas podría llevar a un escenario de rebaja de penas para cerca de dos centenares de agresores sexuales, según sus cálculos. Tras el informe del CGPJ en ese sentido, modificaron las penas más altas de las horquillas, y desde Igualdad aseguran que sí contaron con el visto bueno de Campo.

Igualdad defiende estos días que las horquillas aprobadas —sobre las que también dio su visto bueno el Ministerio de Justicia, además de la maquinaria legal de la Moncloa y los grupos que respaldaron la ley— permiten a los jueces no rebajar las penas en una inmensa mayoría de casos, y presiona para que el consentimiento no se vea desplazado como "corazón" de la ley en la próxima reforma. Distintas fuentes del ministerio aseguran que no podían esperar tantas reducciones de condenas cuando los jueces "cuentan con agravantes" que pueden aplicar para no restar años de condena a los agresores sexuales. Al menos una de las creadoras de la norma sí contemplaba que hubiera rebajas de penas, aunque insiste: es lo que suele ocurrir con cambios de este calado.