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El Gobierno, dividido con el sí es sí: Justicia pide volver a las penas anteriores, Montero lo rechaza
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Goteo de rebajas de penas

El Gobierno, dividido con el sí es sí: Justicia pide volver a las penas anteriores, Montero lo rechaza

El Ministerio de Igualdad sostiene que esta reforma desplazaría el consentimiento como eje de la norma, para darle fuerza a la existencia de violencia e intimidación. Igualdad propone un decálogo de medidas que no incluye cambios en la norma

Foto: Pilar Llop, Isabel Rodríguez e Irene Montero, en una imagen de archivo. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)
Pilar Llop, Isabel Rodríguez e Irene Montero, en una imagen de archivo. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

La reforma de la ley del solo sí es sí ha desatado una nueva tormenta en el Gobierno de coalición, que se muestra dividido a la hora de establecer una fórmula para corregir "los efectos indeseados" de la norma. El Ministerio de Justicia plantea ahora recuperar las penas que contemplaba el Código Penal antes de la entrada en vigor de la que fuera norma estrella del equipo de Irene Montero, siempre que existan violencia o intimidación, o que se considere anulada la voluntad de la víctima.

El plan del ministerio que dirige Pilar Llop, adelantado por la Cadena Ser y confirmado por fuentes del Ejecutivo a El Confidencial, es rechazado de plano por Igualdad, que interpreta que supondría volver al esquema anterior. Esto es, que desdibujaría el consentimiento como eje vertebrador de la norma, para volver a distinguir, de facto, entre abuso y agresión. Interpretan que esto supondría un disparo directo al "corazón" de la ley, y equiparan la propuesta de Justicia con la proposición de ley de reforma que registró el PP en diciembre, en el Congreso de los Diputados. Podemos entiende, además, que una reforma penal no corregirá los efectos adversos de la ley, que atribuyen en exclusiva a su "incorrecta aplicación" por parte de "una minoría" de los jueces.

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha disparado contra Justicia y contra el PSOE, acusándolos de "tachar el consentimiento", y de querer volver al modelo anterior. "El que preguntaba a las víctimas: ¿Cerraste fuerte las piernas? ¿Cuánto habías bebido? ¿Te jugaste la vida pegándole puñetazos?", criticaba Echenique en su perfil de Twitter. En un comunicado remitido este lunes, en el que plantea un decálogo de medidas frente a estas revisiones —aunque no contempla cambio alguno en el redactado de la ley—, Igualdad advierte del "intento de la derecha para volver al modelo anterior, basado en la violencia y la intimidación y que exigía a las mujeres pasar por un calvario probatorio para poder demostrar las violencias sexuales ejercidas contra ellas". Insisten,

Por su parte, el ministro de Presidencial, Félix Bolaños, ha afirmado este lunes que la propuesta de Justicia, elaborada "con todo rigor", servirá como base para construir esta reforma: "Hay que trabajar sobre ese documento de trabajo, como hay que trabajar sobre otros documentos que se planteen", aseguró en declaraciones desde Cantabria. "Lo importante es que queremos que en el conjunto del Gobierno seamos conscientes de que queremos corregir la ley del 'solo sí es sí' para paliar esos efectos indeseados que se han producido, que no queremos que se repitan a futuro", apuntó

A su vez, desde Justicia reconocían "conversaciones", pero a primera hora de la mañana negaban que ya hubiese una propuesta definitiva sobre la mesa: "Se sigue trabajando, técnicamente es complejo", afirman. En concreto, su planteamiento pasa por recuperar las penas anteriores para varios supuestos. Por ejemplo, por volver a las condenas de uno a cinco años de cárcel, cuando se demuestre que ha existido violencia, intimidación o la voluntad de la víctima haya sido anulada, o por retornar a la horquilla de seis a 12 años de cárcel (cuatro a 12 años según la norma en vigor) cuando la agresión sexual sea con penetración.

Foto: La ministra de Igualdad, Irene Montero. (EFE/Cati Cladera)

La cascada de rebajas de penas a agresores sexuales, con más de 250 casos ya documentados, llevó el sábado al Gobierno a reconocer que trabaja en una modificación de la norma, con el partido de Montero reconociendo que existían conversaciones, pero negando que, hasta la fecha, hayan alcanzado un acuerdo. La propia Montero advirtió el domingo, en un acto de su partido, de que pelearán porque el consentimiento "siga en el corazón del Código Penal". En el mismo acto, en Lanzarote, la ministra de Igualdad alertó de que "la derecha mediática, política y judicial" está tratando de dinamitar la norma, y acusó a "una minoría de jueces" de no aplicar la ley de forma correcta.

Igualdad asume que no pueden frenar las revisiones

Por su parte, Igualdad ha informado este lunes en un comunicado de su nuevo plan de medidas urgentes para proteger a las víctimas e implementar la ley, afirmando que comparte "la preocupación social por las decisiones judiciales de bajada de penas", y reconociendo que "no existe ninguna reforma penal de la ley que pueda frenar las revisiones". Y, como ha sostenido hasta la fecha, el ministerio insiste en señalar que estas revisiones son "consecuencia de la incorrecta aplicación del derecho transitorio y de la propia ley", y no un problema de la misma.

Para su decálogo, Igualdad toma como base la respuesta que en su día dio el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a los problemas y desajustes tras la entrada en vigor de la ley 1/2004, la primera ley orgánica de protección integral contra la violencia de género: apostando por invertir más en la especialización judicial, en la formación en materia de violencias sexuales y en el "incremento de efectivos para la protección de las mujeres".

Foto: La ministra de Igualdad, Irene Montero. (EFE/Cati Cladera)

El decálogo contempla doblar el número de juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer y extender sus competencias sobre los delitos contra la libertad sexual; reforzar la Fiscalía de violencia sobre la mujer; garantizar la asistencia jurídica gratuita a las víctimas; introducir a las víctimas de violencia sexual en el servicio de ATENPRO desde este año; reforzar las unidades de valoración forense integral, o la creación de un servicio de atención psicológica y psiquiátrica especializado en violencia sexual, dentro del Sistema Nacional de Salud.

La Moncloa ya asume públicamente que corregirá la norma, pero trata de que los cambios convenzan a Igualdad, para amortiguar el impacto de una desautorización de este nivel a la ministra, más en año electoral, y para evitar que la división en el Ejecutivo en esta materia trascienda en toda su dimensión.

Foto: La cúpula del Minsiterio de Igualdad. (EFE/Chema Moya)

Montero es el principal valor político de Unidas Podemos, y suena desde hace meses como candidata alternativa a Yolanda Díaz, de no lograr los morados un acuerdo con la impulsora de Sumar para concurrir juntos a las elecciones generales de finales de año; la coalición quiere controlar la onda expansiva de estas modificaciones, si bien en la Moncloa están preocupados por el desgaste causado.

La coalición afronta tensionada estos cambios, que llegan en un momento particularmente sensible, con la mitad de la parte socialista del Ejecutivo a punto de viajar a la Reunión de Alto Nivel (RAN) en Marruecos —a la que no acudirá Unidas Podemos, y que rechazan—, y escasos días después de que Pedro Sánchez decidiese que España participará en el envío de carros de combate Leopard a Ucrania, también con la oposición de los morados. PSOE y Unidas Podemos quieren evitar que el ruido interno opaque la actuación del Ejecutivo, si bien ambas reconocen el malestar y las fricciones que les está generando esta norma.

La reforma de la ley del solo sí es sí ha desatado una nueva tormenta en el Gobierno de coalición, que se muestra dividido a la hora de establecer una fórmula para corregir "los efectos indeseados" de la norma. El Ministerio de Justicia plantea ahora recuperar las penas que contemplaba el Código Penal antes de la entrada en vigor de la que fuera norma estrella del equipo de Irene Montero, siempre que existan violencia o intimidación, o que se considere anulada la voluntad de la víctima.

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