Montero acepta subir las penas mínimas del solo sí es sí, pero da portazo a la fórmula del PSOE

El terremoto de las últimas 48 horas a cuenta de la ley del 'solo sí es sí' sigue cobrando fuerza. El Ministerio de Igualdad se abre ahora públicamente a un aumento en las penas mínimas que contempla lo que fue el proyecto estrella del equipo de Irene Montero, pero lo hace por la exigencia de su socio de Gobierno de efectuar una modificación penal en la norma. Y lo reconoce ahora porque el PSOE ha decidido hacer pública su propuesta para enmendarla, a través de una proposición de ley en el Congreso de los Diputados; una iniciativa que ha sido rechazada por Igualdad reiteradas veces en el último mes y medio.

El Ministerio da portazo la hoja de ruta de los socialistas porque entiende que supone arrebatar al consentimiento su papel nuclear en el nuevo texto. Y, en paralelo, el socio mayoritario promete llevar una reforma de la ley estrella de Igualdad a la Cámara Baja, que Unidas Podemos se abre ahora a negociar para evitar el abismo. Desde que empezaron a darse las reducciones de penas por la entrada en vigor del 'sí es sí', Igualdad asegura haber planteado tres propuestas de reforma del Código Penal al Ejecutivo, y una de ellas contempla una subida de algunas penas mínimas, frente a planteamiento del PSOE, que afecta a las máximas.

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Es un escenario que, hasta la fecha, no habían contemplado abiertamente, desde el convencimiento de que estos cambios en el Código Penal no frenarán las rebajas de penas, y porque temían transmitir el mensaje de que asumían fallos en la ley del 'sí es sí', que hoy insisten en refrendar. Y es un escenario que, esta misma mañana, la coportavoz del partido, Isa Serra, rechazaba, aludiendo a los escasos efectos prácticos que tendría.

La tensión entre el PSOE y Unidas Podemos es máxima. El exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias, estalló a última hora contra la decisión de sus socios, criticando que fuercen a UP a asumir esta reforma, y reclamando a Pedro Sánchez "altura política" para resistir a la presión de la derecha y la ultraderecha". "A Pedro Sánchez esta ley le gustaba"; "Si Pedro Sánchez pacta con el PP volver al modelo anterior de la ley", "estaría cometiendo uno de esos errores políticos de los que se arrepentiría". En la Cadena Ser, como Iglesias, la exvicepresidenta Carmen Calvo llegaba a cruzar la frontera de la obligación de secreto que afecta a todos los acuerdos y conversaciones en el marco del Consejo de Ministros, para afirmar que en su día, a los tres meses de formar Gobierno, ella misma y el entonces titular de Justicia, Juan Carlos Campo, expresaron "objeciones clarísimas" a esta norma. "Está rectificando el Gobierno entero, y está bien que lo haga", zanjaba.

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Podemos asume ahora que tendrá que modificar el Código Penal; también reconoce que, aunque rechazaba hacer cambios en la norma, llevaba meses intercambiando propuestas con sus socios -discretamente, para proteger las negociaciones-. Este lunes, el PSOE ha perdido la paciencia y han anunciado de manera unilateral su propia propuesta para corregir la ley. En el ojo del huracán, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, explicaba a última hora de la tarde que sus propuestas de reforma del Código Penal "pueden ayudar" a reducir "el margen interpretativo" de la norma "a futuro", pero también incidía en que no pueden "acabar con la situación" actual.

La número dos de Montero también criticaba que el planteamiento del PSOE pase por volver a un modelo "absolutamente perjudicial" para las mujeres, y prometía que harán "todo lo posible" para forjar un acuerdo. Por su parte, en la misma comparecencia desde el Ministerio, la delegada del Gobierno contra la Violencia Machista, Victoria Rosell, reconocía que entre sus propuestas han incluido "algún retoque" en las penas mínimas, "que es a las que están huyendo estas sentencias".

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En paralelo, Igualdad ha esgrimido este lunes un decálogo de medidas que pasan por doblar los juzgados especializados en violencia sobre la mujer, atribuyéndoles competencias en materia de delitos sexuales, o por aumentar el número de agentes de Policía que trabajan para proteger a las víctimas. Ni Podemos ni IU contemplan apoyar una modificación como la promovida por el Ministerio de Justicia y después elevada a embrión de ley por el PSOE.

Mantiene la definición del consentimiento tal y como ya está recogido en la ley del 'sí es sí', pero plantea volver a elevar las penas en base a la existencia probada de violencia, intimidación o anulación de la voluntad de la víctima, lo que el socio minoritario considera un retorno al modelo anterior. En palabras de Rosell, este esquema "se carga el consentimiento". "No es derogar, pero es volver al sistema anterior".

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El diagnóstico del Ministerio de Montero es que la ley es correcta, y que las cerca de 300 rebajas de penas a agresores sexuales establecidas por distintos tribunales -algunas aún no son sentencias firmes- obedecen a una mala interpretación de "una minoría de jueces". Desde hace meses, Igualdad pide tiempo para que el Tribunal Supremo dicte criterios comunes de interpretación, y para que se asiente una reforma que supone un cambio de modelo en lo que toca a los delitos sexuales. Su socio ha decidido que el tiempo se agota.

En un solo día, el PSOE ha impuesto la necesidad de modificar la ley, ha obligado a Igualdad a reconocer que llevaban meses negociando -mientras defendían la "solidez" de la norma-, y también a desvelar que sí han contemplado rebajar las penas mínimas de la polémica ley.