El Supremo no 'arregla' la ley del solo sí es sí al Gobierno y avala la rebaja de penas

La ley del solo sí es sí obliga a rebajar las penas a agresores sexuales. La conclusión parecía clara después de que distintos tribunales hayan revisado más de 40 condenas a la baja en los últimos dos meses, pero desde el Gobierno insistían en esperar a que el Tribunal Supremo se pronunciara. "Corresponde a los tribunales y la Fiscalía unificar esa doctrina", advirtió Pedro Sánchez el 16 de noviembre. El Ejecutivo ha seguido repitiendo ese mismo mensaje hasta este martes, cuando el Supremo aplicó por primera vez la ley al caso Arandina: al igual que los anteriores fallos, ellos también consideran que la nueva normativa resulta "más beneficiosa" para algunos condenados.

Esta decisión supone un varapalo para el Ejecutivo, que tras conocerse las primeras rebajas hace dos semanas llegó a sugerir una reforma. "No era el objetivo de la ley", reconoció la ministra de Hacienda y número dos del PSOE, María Jesús Montero, el 15 de noviembre, abriéndose entonces a "estudiar" la normativa. La idea de introducir cambios, sin embargo, ha ido diluyéndose desde entonces y, tras la decisión del Supremo, la ministra de Justicia, Pilar Llop, se limitó a decir que el Gobierno estudiará "detenidamente" la misma. Esa es la postura que se traslada en público. Como informó El Confidencial este martes, la posible reforma se enfría aún más en privado.

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Descartada la idea de cambiar la ley, la decisión del Supremo se erige entonces como principal guía para valorar los efectos de la normativa. El tribunal todavía no ha notificado la resolución completa e incide en que se debe analizar "caso por caso", pero hasta que termine por fijar doctrina con las siguientes resoluciones, el caso Arandina permite extraer varias conclusiones. Entre ellas, que los magistrados del Supremo se desmarcan del criterio de la Fiscalía General.

La clave para entender esta diferencia de posturas se encuentra en lo ocurrido el 21 de noviembre, cuando el fiscal general emitió un decreto de obligado cumplimiento para los fiscales que introducía un razonamiento que permitiría frenar la mayor parte de las rebajas. Su tesis consiste en que si la pena impuesta conforme a la ley derogada también puede imponerse con arreglo a la nueva regulación, no debe revisarse.

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"Creo que estamos yendo por el camino correcto", celebró Pedro Sánchez días después en referencia a este decreto. Pese a ello, la Fiscalía siguió este criterio en el caso Arandina y, como se vio este martes, el Supremo no está de acuerdo. Su decisión se apoya para ello en dos patas distintas. La primera, en el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León rebajara las penas a los exfutbolistas hasta los tres y cuatro años de cárcel al condenarlos por abuso sexual y aplicarles las atenuantes de cercanía de edad y proximidad en el grado de madurez con la víctima. La segunda, en si la ley del solo sí es sí resultaba o no "más favorable" para ellos.

Con estas dos cuestiones sobre la mesa, la Fiscalía defendía que las mencionadas atenuantes debían ser eliminadas y que la nueva normativa en ningún caso resultaba aplicable a este caso. De esta manera, pedía elevar las penas de tres y cuatro años hasta los 10 años y un día, pues la ley del solo sí es sí establece una horquilla que va de los seis a los 12 años de prisión para estos hechos y, por tanto, sigue quedando dentro del arco penológico. La decisión del Supremo coincide con la Fiscalía, pero solo en parte: elimina la atenuante, sí, pero considera que, al ser más baja esta nueva horquilla que la de la anterior legislación, la pena debe quedar en nueve años y un día.

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El Supremo se desmarca así del criterio de la Fiscalía, que permitiría frenar la mayor parte de las rebajas, y, al mismo tiempo, echa por tierra otra de las afirmaciones que Pedro Sánchez lanzó el 16 de noviembre: "Lo que se ha hecho ha sido identificar cualquier tipo de delito sexual como una agresión sexual. ¿Para qué? Para que haya condenas más agravadas, penas más agravadas. Esa es la voluntad e intención tanto del poder legislativo como del poder ejecutivo". El caso Arandina, sin embargo, refleja que eliminar la distinción entre abuso y agresión no conlleva de forma automática el agravamiento de las penas, sino que en algunos casos obliga incluso a rebajarlas.

A falta de que el Supremo emita nuevas resoluciones y de que el Ejecutivo estudie "detenidamente" la primera, el caso Arandina arroja una serie de conclusiones que obligan a cambiar el argumentario. El Gobierno, de hecho, ya trató este martes de alejar el foco del carácter punitivo de la normativa, pasando entonces a centrarse más en la protección de las víctimas y en los castigos que la acompañan en forma de inhabilitaciones y órdenes de alejamiento de las víctimas y sus hijos.

El cambio se extiende incluso a Podemos, con la ministra de Igualdad, Irene Montero, plasmando ese paso del punitivismo al de protección de las víctimas a través de un mensaje que compartió en redes: "Pendientes de la sentencia del Tribunal Supremo. Con la ley solo sí es sí, el caso Arandina no es abuso, es agresión. La ley es sólida, combate la impunidad y sobre todo protege a todas las víctimas, también las que no denuncian, frente a todas las violencias. Hay que aplicar toda la ley". Tras más de 40 revisiones a la baja y con el Supremo avalando que es "más favorable" para algunos condenados, este martes ya no hubo ataques al supuesto machismo de los jueces.