El Supremo no prevé adoptar un criterio general sobre la ley Montero e irá caso a caso

Si el Gobierno espera que el Tribunal Supremo (TS) le ofrezca un decálogo exprés sobre la aplicación retroactiva de la Ley de garantía integral de la libertad sexual, la conocida como ley del solo sí es sí, va a llevarse una decepción. El TS no prevé sentar un criterio general que sirva para interpretar todos los supuestos prácticos vinculados a la norma. Su intención es la de ir caso a caso, supuesto a supuesto, y desarrollar jurisprudencia a lo largo de sucesivas sentencias. Cada una de sus decisiones solo será asimilable a otros casos con circunstancias idénticas.

El alto tribunal tiene ya sobre la mesa al menos tres recursos anteriores a las decisiones adoptadas durante esta semana por distintas Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de todo el territorio. En ellos, se reclama la valoración del efecto de la nueva ley sobre las penas impuestas. Uno de ellos es el de la Arandina en el que se condenó a varios exjugadores por la agresión sexual de una menor de 14 años. Además, la Sala Segunda tiene pendiente pronunciarse sobre una condena de 12 años de cárcel, impuesta por la Audiencia Provincial de Baleares a un hombre de 53 años, por una agresión sexual a su sobrina menor. Se ha sumado en la última semana un tercer caso y es previsible que se incrementen en los próximos días.

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El TS ya ha pedido a la Fiscalía, acusaciones y defensas que se pronuncien sobre el efecto de la ley. Las sentencias irán conociéndose, por tanto, con cuentagotas. Juristas consultados advierten del peligro de deducir del sentido de estos fallos que el Supremo apoya de forma maximalista una teoría o la contraria. Lo más probable es que haya decisiones en las que la pena se reduzca y otras en las que se mantenga. La mayor dificultad de interpretación se encuentra en aquellas penas ya impuestas que se encuentran en franjas intermedias y a las que se haya aplicado agravantes o atenuantes.

Al menos de momento, la Sala de lo Penal no revisará las distintas resoluciones que se han ido conociendo en estos días, en las que distintos tribunales han aplicado ya rebajas. Para que lleguen al TS, deben ser primero recurridas y eso no sucederá de forma inmediata. Mientras tanto, las decisiones de los juzgados territoriales continuarán. Desde la próxima semana, las distintas Audiencias Provinciales han comenzado a citarse para unificar criterio. De momento, y de forma masiva, coinciden en la reducción cuando la sentencia revisada imponía el mínimo legal establecido y ahora, en la nueva ley, este suelo de la pena es inferior.

El primero que miró al Supremo fue Pedro Sánchez. Horas después de que comenzaran a conocerse las primeras rebajas y en rueda de prensa desde Bali, desactivó las primeras voces del Gobierno que ya apostaban por una revisión y pidió esperar a que el TS marque con su jurisprudencia la correcta interpretación de los efectos de la ley. Después de sus palabras, otros muchos se subieron al mensaje.

Al menos de momento, la Sala de lo Penal no revisará las distintas resoluciones que se han ido conociendo en estos días

Este mismo viernes, la delegada del Gobierno para la violencia de género, Victoria Rosell, despejó la presión que se incrementa día a día a medida que se van conociendo más descuentos de penas, parapetándose, de nuevo, en el Supremo. Dijo que no corresponde al Ejecutivo "corregir" los "errores" de interpretación que, a su juicio, se están produciendo en la aplicación de la ley del solo sí es sí, sino que la tarea es del Tribunal Supremo y la Fiscalía General.

La derogación

Lo cierto es que cada vez más voces, también de la izquierda, piden una revisión urgente de la norma. Varios presidentes y líderes autonómicos del PSOE comenzaron a reclamar en cascada soluciones que eviten que las reducciones continúen produciéndose. También lo hicieron otras voces de la izquierda, como la portavoz de Más Madrid en la Asamblea madrileña, Mónica García. Desde Esquerra y Compromís exigen también cambios.

No obstante, la modificación o derogación de la norma no acabará con las reducciones de condena. Tanto el Código Penal como la Constitución blindan el deber de aplicar la norma más favorable al reo de forma retroactiva y, de forma paralela, prohíben que se apliquen modificaciones legales que le perjudiquen y se dicten de forma posterior a que cometiera los hechos que deben ser objeto de condena.